El 19 de febrero de 2013 una mina antipersonal levantó a Jaime Alirio Salazar tres metros sobre el suelo. Desde entonces su vida no volvió a ser la misma. Él es uno de los 509 erradicadores civiles víctimas desde que inició el programa. Fotos: Paula Thomas.

Por Irene Urango Mantilla

Este artículo hace parte de la revista impresa de VICE de agosto.

Hay momentos en la vida en que el miedo es tan grande que no queda otra alternativa que rezar. Orar en voz baja, con la mirada hacia adentro, mientras la pala se clava en la raíz del arbusto de coca. Por favor, que no haya francotiradores en las montañas, que no lleguen los narcos a disparar, que no haya minas sembradas entre las matas. Y si las hay, que no se activen, que no vuelen una pierna, que no quiten la vista, que permitan un regreso sano a casa.

Leandro Cárdenas presentía algo ese 19 de febrero de 2013, cuando lucía el inconfundible traje azul oscuro con el que se distingue a los erradicadores manuales de cultivos ilícitos. Cada mata de coca que erradicaba le generaba cierto alivio: significaba que se acercaba el fin de su jornada y que seguía vivo. A diario, y durante dos meses, se jugaría la vida a cientos de kilómetros de su humilde casa en Ibagué, de donde había partido dos semanas antes con el sueño de prosperar económicamente y acceder a un prometido subsidio de vivienda.

Se hallaba en un punto desconocido del departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Sabía que cada paso suyo lo daba en un territorio en guerra y que su presencia allí no era bienvenida. Iba a acabar con el sustento de otras familias que, como él, se enfrentaban al reto diario de salir adelante en una zona controlada por bandas criminales y guerrilleros. Él lo sabía. Al menos lo había oído de sus compañeros, quienes en otro tiempo sirvieron como “raspachines”, recolectores de hoja de coca. La misma que ahora se proponían desenterrar a la fuerza. “Si nos embosca un grupo armado, todos al suelo”, recuerda que les dijo el capataz del grupo, durante un instructivo improvisado. Compañeros y superiores también aportaban consejos durante los tensos momentos de descanso: “Cuidado con las minas antipersonal. Pisen siempre donde pisó su compañero de adelante. No recojan nada del suelo. Cuidado con los troncos y piedras que estén escondidos entre las matas. Y, ante todo, estén alerta por si aparece un pisa suave“.

“¿Y qué es un pisa suave?”, le preguntó Leandro a un compañero en una noche en la que, como siempre, tocaba hablar bajito para no delatar su presencia en la zona. La respuesta le quitó el sueño: “Un pisa suave es un tipo que entra lleno de grasa, en boxers, con un cuchillo y varias granadas. Busca acabar con los erradicadores. Si lo llegan a pescar, vuela el campamento”.

Conocí a Leandro en noviembre de 2015 durante un encuentro de sobrevivientes de minas antipersonal en un hotel campestre en Ibagué. Ese día lo acompañaba Jaime Alirio Salazar, su compañero ese fatídico 19 de febrero de 2013. Su caso me llamó la atención desde el inicio. No sólo eran víctimas de un artefacto explosivo indiscriminado, sino que su historia escondía el drama de cientos de campesinos de escasos recursos que sufrieron accidentes con minas antipersonal mientras trabajaban de erradicadores.

Cuando Leandro decidió ir a erradicar, tenía 26 años, una hija a cargo y un precario trabajo como obrero de construcción. Dos años después, cuando nos conocimos, me confesó que la idea de pertenecer a un Grupo Móvil de Erradicación (GME) lo emocionó por tratarse de una inusual oportunidad económica. Fue precisamente Jaime Alirio, su vecino en ese entonces, quien le contó que por dos meses podía ganar más de un millón de pesos. “Como en Ibagué siempre es difícil conseguir trabajo constante, decidí irme. Se hablaba de que era muy buen salario y que después de un largo tiempo te ayudaban con un subsidio de vivienda. Me emocionó la idea, pero la experiencia fue otra”.

Jaime Alirio, en cambio, con 45 años, se había prometido a sí mismo y a su familia que aquella sería la última vez. Había participado en ocho fases de erradicación durante las cuales había visto morir a un compañero y herir a varios más. En febrero de 2013 se inscribió de nuevo con la esperanza de saborear el caldo de costilla de su esposa, señal inequívoca de un retorno seguro tras ocho semanas de comida enlatada. “Claro que me daba temor, pero usted sabe: la necesidad. Yo andaba sin trabajo y con deudas. ¿Qué más hacía? Me encomendé a Dios y me fui. La primera vez nos hostigaron y me dije: ‘no vuelvo por allá’, pero volví a estar desempleado y metí los papeles de nuevo”, me dijo.

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En Ibagué todos han oído hablar del barrio Álamos. Un camino sin asfaltar, en el nororiente de la ciudad, conduce hacia una hilera de casas con rejas en puertas y ventanas. Allá me espera, con la precisión de un reloj, Clara Agudelo, la mujer de Jaime Alirio: ojos claros, pelo crespo y poco más de 150 centímetros repletos de una energía inagotable. Ella insiste en no dejarme andar sola por esas calles. Tras el accidente que sufrió su marido, Clara convirtió la lucha por una reparación integral en su causa personal. Ahora, es ella la que debe velar por conseguir el dinero. Con un pie izquierdo prácticamente muerto, reconstruido a punta de tornillos, Jaime Alirio vive con un dolor constante que lo mantiene sin ánimo y sin trabajo.

Clara me explicó que cuando a su esposo le propusieron participar en los GME dejó que fuera él quien tomara la última palabra. Sin embargo, manifestó que nadie fue claro a la hora de explicar los riesgos que corría su marido. Me aseguró que no lo hizo la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UACT), encargada de la implementación del programa de erradicación entre 2012 y 2015, ni tampoco EMPLEAMOS, S.A., la empresa de servicios temporales que estaba a cargo de las contrataciones de los erradicadores.

Leandro Cárdenas; Jhon Fredy Cruz; Jaime Aliro Salazar; Nelson Ávila.

Jaime Alirio desconocía muchas cosas, sí. No sabía, por ejemplo, que los Grupos Móviles de Erradicación habían sido una de las más grandes innovaciones de la política antidrogas de Álvaro Uribe Vélez durante su mandato presidencial. Tampoco que esta no era una estrategia cualquiera: la guerra contra las drogas escondía una política antisubversiva, cuya premisa clave era atacar las fuentes de financiación de las guerrillas.

Sabía cosas, claro. Sabía que tenía la misión de acabar con los cultivos ilícitos de aquellos campesinos que habían declinado adherirse a los planes voluntarios de sustitución, muchas veces por falta de alternativas reales adaptadas al territorio, o por presión de organizaciones dedicadas al narcotráfico en áreas con escasa presencia estatal. Sabía, además, que recibiría dos uniformes color azul oscuro, una cachucha, botas de caucho, guantes y una pala. Ante cualquier amenaza, el grupo estaría vigilado constantemente por el Ejército o la Policía Antinarcóticos, que tejerían un anillo de seguridad a la redonda y se encargarían de su protección constante. Sabía, por último, que no debía hablarles: la consigna era no relacionarse con ellos.

“En caso de un ataque, todos corríamos riesgo por parejo. Con la diferencia de que el militar tiene entrenamiento y conoce las tácticas de defensa, mientras que un erradicador es un campesino del común. ¿Por qué nos llevan? Porque somos fuertes”, me dijo José Darío Botina, un agricultor caucano de 30 años que hace ocho estuvo realizando tareas de erradicación en la región del Valle del Río Cimitarra. Pese a no sufrir ningún accidente, la zozobra y la impresión que le produjo ver los restos de una mina antipersonal esparcidos por el terreno, tras ser detonada de forma controlada, lo hicieron desistir de volver a repetir la experiencia. “Francamente, es escalofriante, uno piensa en la necesidad, pero la necesidad tampoco me va a llevar a quedarme sin piernas”, me manifestó.

Aunque se llevan a cabo tareas de desminado antes de ingresar a los cultivos, muchos denuncian que no son exhaustivas. 452 erradicadores han sido víctimas de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados.

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Cuando entré a trabajar a la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) interioricé como un credo los principios del Derecho Internacional Humanitario y de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Sus párrafos constituyen la base de las reglas de la guerra y una herramienta clave para la reparación integral a las víctimas. Entre marzo y diciembre de 2015 fui coordinadora de comunicaciones de esta organización dedicada a prevenir y mitigar los efectos de las minas antipersonal en la población civil. Gracias a esta experiencia, conocí historias como las de Leandro y Jaime Alirio, que hacen parte de los 509 erradicadores civiles que, a la fecha, han sido víctimas directas de hostigamientos, minas antipersonal o artefactos explosivos improvisados.

Meses después de dejar mi puesto en la CCCM, le pedí a Álvaro Jiménez Millán, su director, que nos encontráramos fuera de la ajetreada rutina de su oficina. Tras años de investigación, sus declaraciones fueron claras, contundentes: “Los civiles no deben ser utilizados en medio de operaciones militares. Cuando mezclas civiles con Policía y Ejército y los uniformas para adentrarlos en una zona donde siguen órdenes militares en materia de seguridad, los estás involucrando en el conflicto armado y eso viola los protocolos del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia ha suscrito”.

Hasta la fecha han muerto 67 erradicadores civiles y 442 más han resultado heridos.

Como ejemplo, me recordó el pilar que durante meses guio mi trabajo en la organización. La Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal obliga en su artículo 5, numeral 2, a excluir a los civiles de las zonas donde se conoce o se sospecha que hay presencia de estos artefactos explosivos, permitiendo sólo la entrada de personal especializado. En ese sentido, aseguró que Colombia, como Estado parte de este tratado internacional desde el año 2000, está desatendiendo dicho llamado a través del programa de erradicación manual forzosa.

Las cifras de accidentalidad dan cuenta de ello. Según datos de la Dirección de Gestión Territorial, encargada en la actualidad del programa de erradicación, durante los primeros 11 años de la estrategia, han muerto 67 erradicadores civiles y 442 más han resultado heridos. De los 509 que suman, 452 se vieron afectados por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados (el 10,2 % del total de civiles víctimas de estas armas desde 1990), mientras que 57 sufrieron algún tipo de hostigamiento.

Sin embargo, y pese a lo llamativo de estas cifras, sólo pude acceder a ellas a través de una acción de tutela. Fueron reiteradas mis llamadas, correos electrónicos y derechos de petición a la Dirección de Gestión Territorial, pero jamás atendieron mi solicitud. La respuesta de la jefa de prensa siempre fue: “Es un tema delicado”. Delicado o no, las víctimas de esta política piden a gritos que su historia sea escuchada. Con la ayuda de Clara, la esposa de Jaime Alirio, reunimos a mediados de abril de 2016 a un pequeño grupo de erradicadores residentes en Ibagué. Paula Thomas, directora de fotografía de VICE Colombia, transformó su pequeña casa en un improvisado set fotográfico. La sesión fue una catarsis reveladora, un intercambio de experiencias que dio cuenta de un mismo sentimiento de abandono. “No queremos que nos dejen solos”, me pidieron. Todos me dijeron lo mismo.

Una carpa, una muda de ropa y pocillos para la comida son algunas de las cosas que integran el equipaje de un erradicador, que debe enfrentar caminatas de varias horas, incluso días.

 

A medida que transcurrió la sesión, Jaime Alirio y Leandro conocieron las historias de Jhon Fredy Cruz y Nelson Ávila, con quienes se encontraron por primera vez ese mismo día en casa de Clara. Cada uno habló de su accidente, de las dificultades de salir adelante, así como de su proceso legal en contra del Estado. Yo aproveché para profundizar en sus relatos. “Ese día íbamos dándole, dándole con juicio porque el ingeniero nos dijo que debíamos entregar cinco hectáreas. Yo creo que iba presintiendo algo, iba concentrado echando palín y no sé por qué me dio por ponerme a orar. Cuando mandé el palinazo, Jaime Alirio jaló la mata y al dar un paso atrás pisó un tronco. ¡Pum! Lo elevó dos metros más o menos, lo dejó prácticamente desnudo. A mí me botó como tres metros hacia atrás porque la onda expansiva me pegó por todo el costado izquierdo”, me explicó Leandro sobre lo sucedido el 19 de febrero de 2013, cuando perdió parte de su audición y quedó con uno de sus muslos salpicado por las cicatrices de la metralla.

No obstante, fue Jaime Alirio quien se llevó la peor parte. Apenas recuerda algo desde el momento en el que activó la mina. El dolor era demasiado intenso y perdía el conocimiento por momentos. Con una camilla improvisada, hecha a punta de troncos y plástico, varios compañeros y policías lograron sacarlo por un camino de trocha hasta llegar al helicóptero que lo trasladó al hospital. “No me di cuenta de nada sino hasta que me vi en el suelo en boxers. Sólo me quedó un pedacito de manga del buzo, las botas desaparecieron. Me acuerdo únicamente cuando me pidieron la cédula, de ahí no recuerdo nada más hasta que me desperté en el hospital con un doctor”, me dijo. Su diagnóstico no era alentador: fractura expuesta de tibia y peroné. Tocó reconstruirle la pierna de rodilla para abajo. Hoy, las muletas son sus inseparables compañeras de viaje.

Jhon Fredy Cruz, un joven flaco a quien todos conocen como El Burro, no corrió con mejor suerte. Después de que la Policía Antinarcóticos asegurara que ya había revisado que no había minas en el tajo de coca, el grupo de erradicadores que integraba entró a trabajar. Pocos minutos después, saltó un tronco y activó una mina antipersonal que le hizo perder su pierna izquierda. Hoy, una prótesis vieja le permite volver a estar nivelado cuando pisa el suelo. “Si el muchacho llega a morir, les echo la culpa a ustedes”, recordó Jhon Fredy que les dijo el enfermero a los policías, tras horas de estar malherido, a la espera de ser trasladado al hospital. “Varias veces les dije que no hacían bien el desminado. Eso era a las carreras. En muchas ocasiones nos salvó nuestra inteligencia”, agregó.

El último en añadirse a la conversación fue Nelson Ávila. Discreto y con un tono tan leve que a veces costaba seguir su relato, me contó que perdió casi la mitad de la audición en ambos oídos a causa de la onda expansiva provocada por el estallido de una mina. Como en todas las tragedias, se encontraba en el lugar y en el momento equivocados cuando el capataz del grupo activó el artefacto a través de un cable cruzado entre los arbustos de coca. “Estábamos arrancando las últimas matas cuando los dos volamos por los aires. Estuve inconsciente hasta que aterrizamos en Cúcuta. No sabía a qué EPS me habían afiliado. De ahí en adelante, siempre tengo nervios. No puedo estar al lado de un perro y me asustan las canchas de tejo”. Nelson afronta hoy un calvario psicológico que deja entrever en sus gestos y miradas.

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En septiembre de 2012, la Procuraduría General de la Nación emitió un análisis titulado La situación de los erradicadores de cultivos ilícitos en Colombia, que señaló algunos escenarios de responsabilidad estatal por los daños causados a estos trabajadores. Esto ya lo había reconocido el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Villavicencio, que en septiembre de 2010 dictó un fallo de reparación directa por responsabilidad del Estado en el caso de Luís Aníbal Bermúdez, quien murió en marzo de 2006 víctima de una mina antipersonal mientras ejercía como erradicador en Puerto Rico, Meta.

Aunque el análisis de la Procuraduría no condenó el uso de civiles en este tipo de operaciones, sí alertó sobre las prácticas llevadas a cabo por el Estado. La lógica del informe es sencilla pero alarmante: como la Fuerza Pública es parte del conflicto armado, los erradicadores “podrían ser objeto de daños colaterales”. De hecho, denunció que en el Nudo de Paramillo y el Bajo Cauca antioqueño los grupos armados los declararon “objetivo militar”.

Si hay un relato que deje en evidencia este problema es el de Aurelio Alvear, un agricultor de La Vega, Cauca, a quien conocí en un encuentro organizado por la CCCM en Popayán. Nos encontramos en una terraza de la capital del Cauca, con el paisaje de la ciudad colonial de fondo. Aurelio vino expresamente desde su finca, a varias horas de camino, para contarme su historia. Desconocía quién detonó la bomba de la que fue víctima, pero estaba seguro de que iba destinada a los erradicadores.

“Llevábamos tres días entrando y saliendo por un mismo camino, ubicado en algún punto del municipio de Mocoa, Putumayo. Cuando se dieron cuenta, nos colocaron una bomba en una vía destapada, a diez minutos del campamento. El grupo de erradicadores con el que iba caminando estaba entre dos grupos de policías. Esperaron a que pasara el primero de ellos y luego detonaron el explosivo con control remoto. Ese día murieron cinco de mis compañeros y un policía; quedamos siete erradicadores más, heridos”, me explicó.

Clara Agudelo, esposa de Jaime Alirio, pone cara al otro lado de la tragedia: la de los familiares que deben reconstruir un proyecto de vida. Su voz es hoy una de las más críticas contra la erradicación con civiles.

José Darío Botina, el agricultor caucano a quien entrevisté en el mismo viaje, me dijo que al finalizar el período de erradicación, el capataz les hacía dos sugerencias: quemar el inconfundible uniforme azul y no llegar juntos a sus casas. “El riesgo sigue latente, incluso después de haber trabajado. Si regresas a una zona con cultivos de coca, los finqueros que la cultivan o los operadores de los laboratorios pueden tomar represalias”, me dijo.

Aurelio me corroboró esta amenaza: “En La Vega un compañero como de 20 años se puso a decir que era erradicador y no se dio cuenta de que había una persona del conflicto. Lo sacaron y lo mataron”.

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Todos los relatos que recogí durante más de seis meses tienen algo en común: pese a las diferencias personales, el drama de todos los erradicadores empieza después de la explosión o el hostigamiento que los convirtió en víctimas. Es entonces cuando se activa la burocracia médica y comienza la lucha por la reparación. Clara Agudelo, esposa de Jaime Alirio, recuerda bien el día en que tuvo que salir corriendo de Ibagué a Cúcuta, tras enterarse del accidente de su esposo. La señora encargada de repartir la comida en el Hospital Universitario Erasmo Meoz la llamó un día después y le dijo, equivocadamente, que su esposo se había accidentado en una mina. A Clara le tomó un tiempo entender la confusión de la mujer y la gravedad de lo ocurrido: Jaime Alirio se encontraba herido por una mina antipersonal.

Cuando llegó al hospital, una enfermera le informó que a su esposo no lo cubría ninguna aseguradora. Y al referirse al plan por el cual sería atendido, la mujer se limitó a decir: “Eso es lo que cubre a los indigentes”. Clara me dijo que incluso tuvo que poner de su dinero para pagar desde un catéter y una bolsa de suero en adelante. Luego de escuchar su historia, me asaltó una pregunta: ¿cómo es posible que un trabajador con contrato laboral fuera atendido como un habitante de calle tras sufrir un accidente? Necesitaba entender qué había sucedido. Y para ello me acerqué a una oficina de Positiva, la aseguradora de riesgos laborales a la que fue afiliado Jaime Alirio durante su periodo como erradicador.

En Positiva constaté que, en efecto, había sido afiliado diez días antes de activar la mina antipersonal y que, por lo tanto, sí se encontraba cubierto por la aseguradora. Por lo general, los campesinos de bajos recursos víctimas de estos explosivos son atendidos por el Fondo de Solidaridad y Garantía, lo que explicaría la confusión inicial de la enfermera. Aún así, la sensación de Clara fue de desconcierto y total abandono por parte del Estado y la empresa que los contrató.

No fue hasta que la llamé para contarle lo que había averiguado, que pudo entender mejor lo sucedido esos días. Habían pasado más de tres años. Sin embargo, y gracias al certificado que me entregaron en Positiva, me di cuenta de que Jaime Alirio fue afiliado en riesgo uno, el más bajo de los cinco niveles que ofrece la aseguradora. De nuevo, más preguntas. ¿Cómo era posible que un erradicador, expuesto a la guerrilla, los narcos, las minas, los de su hija francotiradores y las enfermedades tropicales, fuera afiliado al mínimo riesgo laboral? Gradualmente descubrí —luego de estudiar los certificados de afiliación de Jaime Alirio y otras cinco víctimas—, que los erradicadores manuales de coca eran considerados “obreros y peones agropecuarios”. Esto tiene una explicación: en Colombia la profesión de erradicador no está reconocida en la tabla de actividades económicas del Sistema General de Riesgos Laborales, de modo que terminaron siendo catalogados como trabajadores del campo. En otras palabras: daba lo mismo que un campesino arrancara yuca en su parcela que arrancara arbustos de coca rodeado de minas antipersonal.

Más adelante, y prácticamente en el cierre de esta edición, la empresa de servicios temporales encargada de la contratación de los erradicadores entre 2007 y 2014, EMPLEAMOS S.A., me aclaró vía correo electrónico, y tras haber presentado un derecho de petición que: “Los erradicadores vinculados por EMPLEAMOS nunca estuvieron afiliados a riesgo I. Siempre se pagó por ellos con tarifa 1.044%, que equivale al nivel de riesgo II, y sólo en 2013 se hizo reclasificación y se ubicaron en riesgo V”. Sin embargo, los certificados expedidos por Positiva sobre Jaime Alirio y otros cinco erradiadores son claros: están reconocidos como trabajadores de EMPLEAMOS S.A., vinculados como “dependientes” con “riesgo I”. Más allá de este caso particular, los testimonios que he recogido coinciden con lo hallado tanto por la Procuraduría como por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL, por sus sigla en inglés). Ambas entidades revelaron en informes respectivos que los procesos de contratación de los erradicadores adolecían de garantías laborales.

La Procuraduría ha recogido testimonios de erradicarores que revelan posibles violaciones a sus derechos laborales.

“Descubrimos que en un inicio los campesinos traídos de zonas cafeteras, como Caldas, fueron trasladados sin tener un contrato público. Es decir, fueron contratados de la misma forma en la que, décadas atrás, eran recogidos los campesinos para ir a recolectar algodón o café, sin un contrato formal, sólo con un compromiso de palabra”, me explicó Álvaro Jiménez, quien hizo parte del estudio de la ICBL, sobre los dos primeros años del programa (2005–2006).

Entre las denuncias recogidas por la Procuraduría y el ICBL, se encuentra, además, el desconocimiento por parte de los erradicadores de cuál es la entidad promotora de salud a la que están afiliados, dado que por lo general no se les entrega un carné. Asimismo, los erradicadores manifiestan que EMPLEAMOS, S.A. no les entregó copia del contrato de trabajo. En otras ocasiones, denuncian que se les niega una pensión de invalidez, con el argumento de que sus heridas no son lo suficientemente severas, aun cuando las mismas les impiden volver a trabajar y ganar un sustento para vivir.

EMPLEAMOS S.A. negó la validez de estas denuncias: “Carecen de veracidad las denuncias efectuadas por los erradicadores, pues la empresa realizaba un proceso de inducción completo al momento de la firma de los contratos, donde se brindaba toda esa información relevante como eran las afiliaciones”. La Dirección de Gestión Territorial del Departamento para la Prosperidad Social, en tanto, manifestó que desconocía de dichas afirmaciones.

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Ahora que comenzamos a hablar de posconflicto en Colombia, resulta urgente denunciar que la erradicación manual forzosa con personal civil sigue presente en los planes del Gobierno. Y que la forma en la que esta política está siendo implementada sigue sin garantizar mecanismos que faciliten determinar si los erradicadores son contratados en condiciones que garanticen sus derechos humanos. Para la realización de esta investigación, toqué las puertas una y otra vez de la Dirección de Gestión Territorial del Departamento para la Prosperidad Social con el objetivo de que me explicaran los modos en que hoy estaban siendo contratados los erradicadores. Gracias a la tutela que gané, obtuve una respuesta, aunque poco satisfactoria: “Las Empresas de Servicios Temporales son las encargadas de la contratación, le sugerimos requerirlos”.

Me acerqué a la empresa de servicios temporales que actualmente está a cargo de las contrataciones de los erradicadores, Servicios y Asesorías S.A.S., para conocer cómo eran los métodos de contratación y afiliación al sistema de seguridad social en la actualidad. La respuesta, aunque rápida, fue breve: “De acuerdo con las directrices organizacionales de nuestra empresa, es imposible suministrar el tipo de información solicitada, debido a que es de carácter confidencial”. Pese a que las delegaciones negociadoras en La Habana han pactado en la mesa de conversaciones el fortalecimiento de políticas no represivas, encaminadas a la sustitución de cultivos, lo acordado entre el Gobierno y las FARC aún contempla la erradicación manual forzosa como última opción, en caso de que no haya acuerdo con las comunidades, sin que hasta ahora se haya expresado ninguna revisión crítica frente a esta política.

Es más, la contratación de personal civil para tareas de erradicación forzosa sigue en aumento hasta el punto de incrementar en un 30 % la presencia de los GME en el territorio. A través de una entrevista escrita por la que tuve que insistir un mes, el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, me explicó que el Gobierno ha establecido para 2016 cuatro fases de erradicación con 50 GME cada una, lo que representa la contratación de 200 grupos de erradicación en el año por parte de la Dirección de Gestión Territorial. Cada grupo está compuesto, en promedio, por 30 erradicadores civiles como Jaime Alirio y Leandro.

Jhon Fredy Cruz sueña con una nueva prótesis que le permita seguir los pasos de su hija pequeña. Con una demanda contra el Estado, espera que le reconozcan una pensión de invalidez.

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Clara Agudelo, la esposa de Jaime Alirio, se lleva las manos a la cabeza. Vive con la sensación de que aquellos que los debían proteger fueron los mismos que los llevaron a la boca del lobo y luego les dieron la espalda: “Es muy importante que se sepa lo que pasó, ¡se los llevaron con tantas mentiras! Quiero que se den cuenta de que el Gobierno engaña a la gente humilde para llevarla a erradicar”.

Ella jamás fue a arrancar coca, pero el estallido de la mina que hirió a su esposo la condenó a una lucha incansable por reconstruir su proyecto de vida. Dispersas por el extenso mapa colombiano, pero con un mismo objetivo, varias familias luchan hoy con demandas contra el Estado para lograr una reparación integral que atenúe la difícil situación a la que quedaron condenados. Varios de ellos, con heridas de por vida, sólo recibieron la incapacidad laboral por un tiempo limitado. “¡Que no vayan a soltar la vida!”, me pidió Jaime Alirio que transmitiera en este artículo, como un mensaje para quienes hoy piensan en salir a erradicar. “Que no vayan a soltar la vida”, repitió en un intento por convencerse a sí mismo de no hacerlo.

La contratación de personal civil para tareas de erradicación forzosa sigue en aumento.

Hay momentos en la vida en que el miedo es tan grande que no queda otra alternativa que rezar. Pero hay otros en los que es necesario hablar en voz alta. Probablemente hoy, alguien en Colombia esté alistando sus vainas para salir a erradicar. A toda prisa empacará las cosas y viajará a algún lugar desconocido del país. En casa lo esperarán con ansia. Como siempre, como tantos, con un caldo de costilla servido en la mesa.

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