Foto: Twitter- Alto Comisionado para la Paz

En la mañana de este jueves, el equipo negociador del Gobierno explicó detalles del Acuerdo Final. Foto: Twitter-Alto Comisionado para la Paz

El Acuerdo Final alcanzado por el Gobierno y las Farc este 24 de agosto en La Habana reveló varios asuntos determinantes para el futuro de la paz con esa guerrilla. Se trata de decisiones en temas políticos, legislativos y electorales, que marcarán la agenda pública durante los próximos años y que están dispersos en las 297 páginas de los acuerdos.

Elegimos doce medidas que se desconocían hasta ahora y que tocan asuntos sensibles como el sostenimiento económico de los excombatientes y los procedimientos que deberán seguir los gobiernos venideros para garantizar que se cumpla lo pactado:

1

Si el “sí” gana el plebiscito, la implementación del Acuerdo Final empezará luego de que ese documento sea depositado ante el Consejo Federal Suizo en Berna como Acuerdo Especial, en los términos de las Convenciones de Ginebra. De ese modo, ningún gobierno podrá desconocerlo en el futuro.

2

Una vez tenga vía libre la implementación del Acuerdo Final, el Gobierno tramitará de manera urgente ante el Congreso los siguientes proyectos:

  • Ley de amnistía.
  • Incorporación del Acuerdo Final y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Constitución.
  • Acto legislativo sobre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
  • Ley sobre la Unidad para la Investigación y el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales.
  • Incorporación a la Constitución de la prohibición de promoción de estructuras o prácticas paramilitares.
  • Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con cultivos de usos ilícito, cuando los condenados o procesados sean campesinos que no pertenezcan a organizaciones criminales.
  • Ley de tratamiento penal diferenciado para mujeres pobres condenadas por delitos relacionados con drogas y que no formen parte de la dirección de organizaciones criminales.
  • Suspensión de órdenes de captura de integrantes de las Farc y de personas acusadas de serlo o de colaborar con esa guerrilla.
  • Suspensión de los procedimientos de extradición de los integrantes de las Farc.
  • Reforma sobre garantías y participación para el partido político que crearán las Farc.
  • Normas necesarias para financiar la implementación.

3

Las Farc delegarán a seis personas para que participen como voceros en la discusión de las reformas que tramitará el Congreso para la implementación del Acuerdo Final. Esos voceros no tendrán voto.

4

Las Farc crearán un nuevo partido político que participará en la contienda electoral a partir de 2018. En las elecciones de ese año y en las de 2022 tendrán aseguradas cinco curules en el Senado y otras cinco en la Cámara de Representantes.

5

Habrá 16 Circunscripciones Especiales para la Paz en las que operarán reglas de juego diferentes durante las elecciones de 2018 y 2022, con el fin de que las comunidades afectadas por el conflicto y el abandono estatal puedan tener una mayor representación en la Cámara.

6

Una vez concentradas, las Farc designarán tres voceros por cada Zona Veredal y cada Punto Transitorio para que realicen pedagogía de paz en los concejos municipales y las asambleas departamentales.

7

Cuando dejen las armas, todos los integrantes de las Farc recibirán $2 millones para su estabilización económica, $8 millones para proyectos productivos y una renta mensual equivalente al 90% de un salario mínimo. El Gobierno pagará durante dos años la salud y la pensión de los exguerrilleros que no tengan trabajo.

8

Para monitorear el cumplimiento de lo pactado se creará la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias. La Comisión estará integrada por tres representantes del Gobierno y tres de las Farc.

El nuevo organismo deberá crear el plan para la implementación y un cronograma para su ejecución. El plan tendrá una vigencia de 10 años y la Comisión podrá funcionar durante ese mismo lapso, aunque su primera etapa de funcionamiento irá hasta 2019. Ese año, sus integrantes decidirán si extienden el periodo.

La Comisión también deberá asegurar que todos los proyectos que el Gobierno tramite ante el Congreso para implementar el Acuerdo Final correspondan a lo que se pactó con las Farc.

9

Según quedó contemplado en el Acuerdo Final, aún falta por definir los siguientes temas:

  • Departamentos en los que funcionarán las Circunscripciones Especiales para la Paz.
  • Mecanismo de monitoreo de las sanciones impuestas en la JEP.
  • Instalación de las instituciones encargadas de implementar lo acordado en materia de protección para los integrantes del movimiento político que creen las Farc.
  • Elaboración del protocolo de seguridad para la sustitución voluntaria de cultivos.

Todos los asuntos serán resueltos en la Comisión de Implementación.

10

La manera de financiar la implementación del Acuerdo Final quedará consignada en un documento Conpes que se tramitará en el Consejo Nacional de la Política Económica y Social. En adelante, y por dos periodos presidenciales consecutivos, los planes nacionales de desarrollo deberán un incluir un capítulo correspondiente a la implementación.

Los planes de desarrollo departamentales y municipales también deberán incorporar medidas para garantizar la puesta en marcha del Acuerdo.

11

Los ciudadanos podrán hacerle veeduría al proceso de implementación a través de herramientas digitales como mapas interactivos de seguimiento, que tendrán información sobre el estado de avance de los proyectos, sus costos y su ubicación. También habrá mecanismos de rendición de cuentas como audiencias públicas y publicación de información en medios de comunicación locales y comunitarios.

12

El Gobierno y las Farc incorporaron un capítulo étnico al punto sobre implementación del Acuerdo Final. En él se reconoce que “los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y han sufrido condiciones históricas de injusticia”.

Las partes acordaron que esas comunidades se beneficiarán de procedimientos diferenciados durante la materialización de los acuerdos sobre tierras, participación política, drogas, víctimas e implementación.

ARTÍCULOS RELACIONADOS