Max Yuri Gil

 

 

 

Columnista: Max Yuri Gil Ramírez

 

 

Anunciando apocalípsis

van de salvadores.

Los macarras de la moral.

Joan Manuel Serrat

Un proceso de paz es uno de los asuntos más complejos que puede vivir una sociedad. Exacerba las tensiones y las interpretaciones sobre lo que pasó, sobre el qué hacer con las víctimas y los victimarios, y cómo avanzar hacia el futuro. En polémicas de esta trascendencia es imposible la unanimidad. Lo que se requiere es generar un ambiente democrático para que las diferentes posturas se puedan expresar con libertad, seriedad y claridad.

A finales de julio se conoció una carta suscrita por un grupo de personas, varias de ellas vinculadas al Centro Democrático, en la que anuncian la creación del Movimiento de Unidad Republicana (MUR) para enfrentar “la descomposición del régimen actual” y, en particular, oponerse a la negociación con las Farc y al plebiscito para refrendar los acuerdos. En el documento invitan a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, entre otras personalidades de la política, a liderar esa agrupación e incluso convocan a una primera reunión “para debatir estas ideas y dar inicio a la acción ciudadana”.

Lo primero que llama la atención de esa carta son un conjunto de afirmaciones que difícilmente resisten una prueba de veracidad. La estrategia, utilizada durante casi todo el proceso de negociación por parte de muchos de sus opositores, consiste en repetir frases efectistas que terminan calando en el imaginario como si fueran verdades. Afirmaciones como¨le entregaron el país a las Farc¨ o “Colombia va camino al castrochavismo¨, son ejemplo de esas consignas. De verdad, ¿cree alguien que esas dos ideas pueden tener algún asidero en la realidad?

Y en esa misma dirección van algunas de las afirmaciones del Movimiento de Unidad Republicana:

Los colombianos vivimos una coyuntura histórica en la que se desmorona el Estado de Derecho y se desploman las instituciones de la democracia.

 Una torcida conjunción del Ejecutivo con una organización guerrillera que hasta hace pocos años se encontraba derrotada militar y políticamente, y ahora ha sido revitalizada, se ha convertido en la mayor amenaza para el futuro de la República.

 El Congreso, entregado a la más evidente concupiscencia de un clientelismo alimentado por el Ejecutivo, delegó su capacidad legislativa en el Presidente, quien usará esa facultad para ahondar más la relación de subalternidad del gobierno con las FARC, lo más parecido a un vergonzoso y punible ayuntamiento político, y decidió arteramente elevar lo acordado a puerta cerrada en La Habana a norma constitucional

¿Puede alguien serio creer que esas afirmaciones son veraces?, ¿alguien cree que se está desmoronando el Estado de Derecho y se desploman las instituciones de la democracia?, ¿que hay una grave amenaza para el futuro de la República?, ¿que el Congreso, en el cual está la bancada del Centro Democrático, delegó su capacidad legislativa en el Presidente?, ¿que hay una relación de subalternidad del Gobierno con las Farc?

No. Pero el objetivo consiste en repetir mentiras hasta que nadie se pregunte si son verdad. En no argumentar ni demostrar las afirmaciones y en construir un horizonte apocalíptico del cual solo ellos pueden salvarnos.

Entonces, parece que el presidente Santos no es el único que se equivoca al amenazar con la guerra en las ciudades si gana el NO en el plebiscito. Los convocantes del MUR hacen igual y aseguran que si gana el SÍ vendrán épocas de gran violencia. Sería bueno que explicaran quiénes la protagonizarían y la financiarían.

Pero el inventario de afirmaciones que constituyen verdades a medias revueltas con imprecisiones es mucho más amplio:

En nombre de la paz han decidido crear un aparato judicial especial por fuera de la estructura de la rama jurisdiccional, con el fin declarado de que los crímenes atroces cometidos por los terroristas no sean castigados penalmente con privación de su libertad, permitiéndoles gozar de una amnistía especial e impunidad completa para ejercer plenos derechos políticos; y con la potestad de juzgar al resto de los colombianos con las reglas que tenga a bien establecer

Esto no es cierto. Se crea la Jurisdicción Especial de Paz, igual que en el pasado se creó la Jurisdicción de Justicia y Paz para los crímenes de los paramilitares. Así se busca resolver problemas de la capacidad de la administración de justicia para conocer los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado y generar un dispositivo especial de conocimiento, juzgamiento y castigo.

En segundo lugar, hay penas, incluso de cárcel, dependiendo del nivel de colaboración de los implicados. Si no lo hacen, las condenas pueden llegar hasta 20 años de prisión. También es falso que esa jurisdicción pueda juzgar al resto de los colombianos, solo puede hacerlo con agentes del Estado o civiles que promovieron o se beneficiaron de la guerra. Parece que esa es una de las preocupaciones centrales de algunos opositores del proceso: que se conozca la verdad, las responsabilidades y los enganches de civiles con crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Otra afirmación falsa del MUR es que:

Los acuerdos firmados no cumplen con los principios básicos del derecho transicional -verdad, justicia, reparación y no repetición-, y por tanto no satisfacen a las víctimas. Los victimarios, por el contrario, son elevados a la categoría de víctimas del sistema.

Tampoco es cierto. Por el contrario, organismos internacionales reconocen en la negociación el cumplimiento en materia de respeto por los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

Es llamativo que quienes en el pasado negaron el conflicto armado, promovieron un proceso de impunidad con grupos paramilitares —durante el gobierno Uribe el Ejecutivo promovió el perdón y olvido. Sólo cuando hubo una reacción indignada dentro y fuera del país fueron cambiando su postura—, se negaron a aprobar las leyes de víctimas porque no había recursos para ellas y persiguieron y criminalizaron la defensa de los derechos humanos; posen ahora de ser los más grandes interesados en los derechos de las víctimas, muchas de las cuales se originaron cuando eran gobierno.

Otra afirmación falsa del Movimiento de Unidad Republicana es:

El actual Presidente de la República pactó el cese bilateral del fuego, paralizando la acción de la Fuerza Pública, mientras las FARC siguen obteniendo ingresos fabulosos por el comercio ilegal de drogas y la explotación de la minería, así como la extorsión “voluntaria” en las regiones donde tienen presencia.

En realidad, el cese al fuego empieza cuando se concentren las Farc. Por el momento, lo que hay es un cese unilateral de la guerrilla y una decisión de desescalamiento del Gobierno que ha llevado a niveles de violencia históricamente bajos.

Finalmente, la carta del MUR invita a enfrentar lo que advierten “desde la legalidad y de la acción civilista y ciudadana”. Sin duda, tienen todo el derecho de hacerlo y se les debe rodear de garantías. Eso sí, como lo dicen, tienen que actuar en el estricto marco de la legalidad, respetando las opiniones contrarias, sin promover acciones de fuerza ni provocación contra sus adversarios.

También deben aceptar que su participación impulsando el NO en el plebiscito solo es coherente en caso de que, si gana el SÍ, acepten la decisión de quienes optaron por una opción diferente. No puede ser que el plebiscito sea legítimo sólo si ganan los partidarios del NO.

Estamos en un momento histórico en que se confrontan dos visiones divergentes de lo que debe ser la nación futura. Algunos haremos todo lo que posible para promover la esperanza, la paz y la transformación democrática del país. Mientras tanto, esperamos que los enemigos de la negociación no caigan en las tentaciones que en el pasado han impedido las transformaciones democráticas en Colombia.

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