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En Colombia, la impunidad en los casos de violencia sexual es del 97%. Foto: Flickr-Oxfam International

Los menos visibles y los más impunes. Así son los casos de violencia sexual cometidos durante el conflicto. Por eso, en abril de 2015, tres organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y una campaña a favor de las sobrevivientes crearon una plataforma para convencer al Gobierno y a las Farc de la necesidad de incorporar un enfoque diferencial en el acuerdo sobre víctimas.

Y aunque varias de sus recomendaciones se incluyeron, la plataforma —denominada Cinco Claves— acaba de dar a conocer un extenso documento en el que incluye nuevas sugerencias para la protección y la reparación de las víctimas durante el cese bilateral del fuego y la implementación de los acuerdos.

Estas son las propuestas de la Corporación Humanas, la Red Nacional de Mujeres y la Corporación Sisma Mujer.

 

Cese al fuego

Según las organizaciones, la disminución de la confrontación armada entre el Gobierno y las Farc ha traído consigo un aumento de la violencia sexual. Contrario a lo que podría esperarse, y según cifras de Medicina Legal, mientras la guerrilla redujo en más de 40% su accionar militar entre 2013 y 2014, las agresiones sexuales atribuidas a grupos armados al margen de la ley aumentaron 347% durante ese periodo. Del lado de los agentes estatales, su participación en ese tipo de delitos se incrementó 23%.

Teniendo en cuenta ese fenómeno, las oenegés les solicitaron a las partes en la mesa de conversaciones que incluyan varias medidas para proteger a las mujeres. La primera de ellas, que aplica para el actual escenario, consiste en suspender el uso de civiles en tareas de inteligencia, mensajería, atención de combatientes, distracción del enemigo y transporte de armas, porque la realización de esas actividades “las hacen más vulnerables a las violencias sexuales”.

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Las organizaciones también proponen que el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del cese al fuego, que será integrado por el Gobierno, las Farc y una misión política de la ONU, tenga entre sus criterios de evaluación el “cese de hostilidades contra las mujeres”. Asimismo, que los integrantes de la misión política no tengan inmunidad en caso de que cometan delitos asociados a la violencia sexual en territorio colombiano.

En 2014, las agresiones sexuales atribuidas a grupos armados al margen de la ley aumentaron 347%

Al respecto, Claudia Mejía, directora de Sisma Mujer, dice que “la humanidad ha tenido que presenciar el horror del accionar de las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU contra los cuerpos de las mujeres, especialmente en África. De ahí que, si bien la verificación en Colombia no la va hacer una misión de mantenimiento, sino una misión política, debamos prevenir ese riesgo”.

 

Verdad

Con el fin de garantizar que el esclarecimiento de la violencia sexual sea una prioridad para la Comisión de la Verdad, las onegés solicitan que uno de los 11 comisionados sea una sobreviviente de esos delitos o una mujer que se caracterice por defender sus derechos. La razón para ello es que, a diferencia de otros crímenes, los asociados a ese tipo de violencia han sido históricamente velados y a que sus víctimas han sido señaladas y culpadas.

Otra aspiración de las organizaciones es que la Comisión vaya a la raíz de la violencia sexual y la declare como “una de las máximas expresiones de violencia y discriminación histórica contra las mujeres”, para lo cual deberá reconstruir los hechos y ayudar a la sociedad a entender cuáles aspectos culturales propiciaron la comisión de los crímenes.

 

Justicia

En materia de justicia, las mujeres esperan que las Farc y los agentes estatales reconozcan rápidamente y ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en los hechos de violencia sexual. Una aspiración que no será fácil de concretar y que ya enfrentó serios obstáculos en Justicia y Paz, donde la mayor parte de los paramilitares se negó a hablar de esos delitos (tan sólo reconocieron 96 casos de los 1.058 denunciados).

Linda Cabrera, subdirectora de Sisma Mujer y encargada de las recomendaciones en materia de justicia, opina que la situación en la JEP no será muy distinta: “Creemos que vamos a tener la misma dificultad y por eso estamos proponiendo que se creen incentivos fuertes para motivar la denuncia. Sabemos que un mecanismo que depende de la confesión de los agresores tiene un punto de partida débil. Nos va a tocar vencer en juicio a los agresores”.

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El 2014, Medicina Legal atendió a 251 víctimas de violencia sexual. Los hechos fueron cometidos ese año y en desarrollo del conflicto. Foto: Flickr-Oxfam International

El documento también dejó constancia de la necesidad de que todos los actores armados reconozcan su responsabilidad por los crímenes cometidos “contra las combatientes y excombatientes del mismo grupo o de los grupos contrarios”.

Desde ya se sabe que esa será una batalla política que librarán las Farc en la Jurisdicción Especial para la Paz, a donde llegarán los casos de violaciones, planificación forzada y aborto forzado contra combatientes que han sido documentados por la Fiscalía.

En múltiples ocasiones, la guerrilla ha negado esos crímenes y ha dicho que los abortos y la planificación hacen parte del reglamento interno y de las condiciones propias de la guerra.

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Por último, las mujeres pidieron que durante el cumplimiento de las penas restrictivas de la libertad los guerrilleros y los agentes del Estado se sometan a un proceso de “rehabilitación” que prevenga nuevas violencias y discriminaciones contra las mujeres.

 

Reparación

En este punto, las organizaciones pidieron que, en el marco de los planes nacionales de reparación colectiva, se cree un programa especial para las sobrevivientes de violencia sexual que incluya rehabilitación médica, psicológica y social. Y aunque reconocieron que la Unidad de Víctimas ha avanzado en el tema, Claudia Mejía asegura que “nuestra apuesta va más allá y busca que el programa especial sea capaz de impactar de manera concreta en las condiciones que permiten la desigualdad, porque la violencia sexual es el crimen de la discriminación”.

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Además, teniendo en cuenta que el acuerdo sobre víctimas contempla la realización de medidas simbólicas, solicitaron que los agentes del Estado, los paramilitares y las Farc les pidan perdón a las sobrevivientes.

 

No repetición

Buscando impedir que estos crímenes se repitan, las oenegés propusieron la creación de una jurisdicción especializada para juzgar los delitos cometidos contra las mujeres en razón de su género.

Además, solicitaron que los agentes del Estado señalados de cometer delitos asociados a la violencia sexual sean separados de sus cargos, que se realice “un trabajo en el interior de las Fuerzas Militares sobre la prevención de violencias contra las mujeres y las niñas”, que la educación escolar se funde en la igualdad de género y que en la etapa de posacuerdos se incremente la participación política de las mujeres.

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