Paz sociedad civil

La Corte Constitucional escuchó las posturas del Gobierno, las víctimas, sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil. Foto Santiago Mesa

Organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, sectores de la política y agrupaciones de víctimas participaron en mayo pasado en la audiencia convocada por la Corte Constitucional para escuchar las posturas a favor y en contra del plebiscito por la paz. Ese tribunal resolverá en los próximos días la exequibilidad de la ley estatutaria que permitiría la convocatoria a ese mecanismo.

Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que avalar el plebiscito sería avanzar hacia la apertura democrática. “¿Estamos frente a una abominable criatura que pueda conducir al riesgo del ejercicio de unas actitudes autoritarias de parte del Estado? Si esa es su convicción, declaren la inconstitucionalidad de esta ley estatutaria. Si, por el contrario, estamos frente a una apertura democrática, como es nuestra convicción, creo que esto debería tener el espaldarazo de la Corte Constitucional”, dijo Gallón en su intervención ante los magistrados.

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En cuanto al cuestionado tema de la participación de funcionarios públicos a favor del SÍ o el No en el plebiscito, Gallón afirmó que preguntar por la postura de la ciudadanía sobre los acuerdos entre el Gobierno y las Farc no es igual que lo que ocurre en una convocatoria a las urnas para una elección popular. Según dijo, en este caso “los funcionarios públicos no deben tener cortapisas para expresar su opinión”.

Por su parte, César Rodríguez, director de DeJusticia, también pidió declarar la exequibilidad de la ley. “Estaríamos aumentando la participación democrática de tal manera que no estaríamos dejando decisiones tan importantes en manos del Gobierno y de un grupo armado”. Agregó que el mecanismo del plebiscito no es insólito y citó experiencias internacionales para afirmar que “refrendaciones complejas con participación de diferentes poderes públicos y del electorado han sido pilares fundamentales de procesos de paz y de justicia transicional, entre ellos el de Sudáfrica”.

En contraste, Yomary Ortegón, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dijo que el plebiscito no es la fórmula adecuada. Explicó que los acuerdos de La Habana incluyen reformas constitucionales y que, a su juicio, ese mecanismo de participación no puede ser usado para modificar la Constitución. Agregó que el asunto podría ser subsanado cambiando el nombre por “mecanismo de refrendación de acuerdos para la paz” o por cualquier otro que la Corte considere conveniente y no entre en contradicción con los actuales mecanismos de participación ciudadana contemplados en la ley.

Refrendación, pero con mandato ciudadano

“Tendremos que recurrir a la generación de un mecanismo novedoso, amparado en la Constitución, que incluya la democracia participativa, la soberanía popular y la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, dijo Luis Emil Sanabria, presidente de Redepaz.

De esa forma, esa organización argumentó ante la Corte que, en lugar de un plebiscito, debería existir un mandato ciudadano por la paz. Las solicitudes de esa organización incluyen que se reconozca el carácter transicional de los acuerdos y del mecanismo de refrendación, que esté apegado a la Constitución, que incluya un ejercicio pedagógico, de movilización y de sensibilización previo, y que tenga un carácter vinculante.

Agregó Sanabria que las organizaciones sociales y políticas deberían contar con recursos y acceso a los medios de comunicación públicos para realizar la promoción y la campaña por la refrendación que, dijo, no puede estar sólo en manos del Estado.

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A su vez, Linda Cabrera, de la organización Sisma Mujer, se declaró a favor del plebiscito, pero pidió que “tenga en cuenta aspectos fundamentales sobre la participación de las mujeres, para que este sea un derecho real y efectivo”. Agregó que en la difusión de los acuerdos debe haber lenguaje incluyente y “mensajes claros y fidedignos sobre los impactos que ha tenido el conflicto armado sobre la vida y los cuerpos de las mujeres”.

Una mayoría urbana ajena al conflicto puede condenar a las minorías étnicas a la guerra perpetua, a la desigualdad y a la miseria.

Por su parte, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, pidió que en lugar del plebiscito se acuda al mecanismo del referendo. Eso permitiría que la sociedad se pronuncie punto por punto sobre el contenido de los acuerdos. Dijo también que se debe mantener el umbral original estipulado para esa fórmula.

“Lo que estamos viendo aquí es un referendo disfrazado de plebiscito para hacerle trampa a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha sido muy clara en el sentido de que cuando haya un referendo los ciudadanos deben ser consultados asunto por asunto, y no por el SÍ o por el NO. Lo que está buscando el Gobierno es poder tergiversar la voluntad de los colombianos. Porque si ustedes miran las encuestas, el 60 o 65% de los ciudadanos votaría por el sí a la paz, pero cuando son consultados sobre si están de acuerdo con que las Farc no paguen cárcel, el 70 o el 80% dicen que no”, dijo Valencia.

Un mecanismo “innecesario y peligroso”

Odorico Guerra, de la Mesa Nacional del Víctimas, afirmó que someter a votación los acuerdos de La Habana sentaría un precedente para que otros derechos fundamentales se sometan a votación. Si bien hasta el propio Gobierno ha dicho que no se trata de votar a favor o en contra de la paz, sino sobre la forma de conseguirla, la postura de Guerra insiste en que el plebiscito es un mecanismo “innecesario y peligroso”.

Según dijo, de aplicarse esa fórmula una “mayoría urbana ajena al conflicto puede condenar a las minorías étnicas a la guerra perpetua, a la desigualdad y a la miseria”. Por ello, dijo que se debe explorar un mecanismo de refrendación más deliberativo y calificó de “autoritario” y “reduccionista” votar los acuerdos con un SÍ o un NO.

“Jugar todo el proceso de superación de la guerra a un SÍ o un NO de una población poco informada y sin formación no deja de ser una acción superficial que subestima la capacidad de pensar y de asumir acciones transformadoras por parte de las víctimas y de la sociedad civil para superar las condiciones que favorecieron la expresión armada del conflicto socioeconómico”, resaltó el vocero de la Mesa Nacional de Víctimas.

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