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Por Carolina Gamazo

Margarita Chub tiene, como el resto de mujeres mayas q’eqchis, una interminable melena negra, una blusa de ganchillo y una falda de varios metros envuelta a su cintura. Está sentada frente a una casa de tablas, techada con ramas de árbol, en la cálida y fértil aldea de Sepur Zarco, al noreste de Guatemala. Sus ojos brillan con la humedad que da la enfermedad y el cansancio. Una mirada que evoca más de sus 56 años, una mirada que delata el paso de la guerra.

Esta mujer, de apenas 1.50 metros de estatura, quien sólo se comunica en idioma q’eqchi, es una de las 15 ancianas que a inicios de 2016 lograron sentar a dos militares guatemaltecos ante la justicia y llevarlos a una condena. Los acusaban de las violaciones sexuales perpetradas en las instalaciones del destacamento de Sepur Zarco, en 1982; vejaciones que continuaron durante seis años más, los que permaneció el Ejército en la aldea.

Las 200.000 víctimas, entre ellas 45.000 de desapariciones forzadas, que contó Guatemala entre 1963 y 1996, en el marco del conflicto armado interno, han recibido en los últimos años varias sentencias favorables. Entre ellas, la condena de 80 años de prisión al general Efraín Ríos Montt por el genocidio al pueblo maya Ixil sucedido en 1982, una sentencia posteriormente anulada por la Corte de Constitucionalidad.

Tal vez [los militares] pensaban que la vida de nosotros no vale nada.

Pero en el caso de Sepur Zarco fue diferente. Se trata de la primera vez en la historia que un tribunal nacional condena un caso de violaciones sexuales a mujeres como delito de lesa humanidad. El teniente coronel Francisco Reyes Girón y el comisionado militar Heriberto Valdez Asij fueron condenados a 30 años de prisión. Además, Reyes Girón deberá purgar otros 90 años por el asesinato de una mujer y sus dos hijas; y Valdés 210 años más por 7 desapariciones forzadas.

VICE News viajó a la aldea de Sepur Zarco cuatro meses después de la histórica condena. Después de que este grupo de ancianas se convirtieran en las heroínas por un mes y referentes de la lucha por la justicia transicional.

Fuera del juzgado, alejadas de las cámaras y sin la protección de las organizaciones que llegaron a las audiencias, nos encontramos con un grupo de ancianas en condiciones de pobreza extrema. Mujeres que siguen rompiendo a llorar al empezar a hablar de sus esposos desaparecidos o ejecutados hace treinta años. Que expresan su miedo a represalias tras el juicio, sus enfermedades, sus traumas, y la soledad en la que la mayoría se encuentra, ya que no rehicieron sus vidas con otros hombres.

Entrada a la aldea de Sepur Zarco al noreste de Guatemala, donde se instaló el destacamento militar en 1982.

 

El destacamento militar de Sepur Zarco comenzó a construirse a partir de julio de 1982, en una pequeña aldea ubicada en la boca del Río Polochic, entre los departamentos de Izabal y Alta Verapaz. Estas instalaciones, posicionadas entre otros cinco destacamentos, fueron concebidas, desde un inicio, como una zona de descanso para los soldados. El responsable de comandarlo desde su apertura fue el teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón.

En esta zona, una de las más fértiles del país, no había células guerrilleras operando. Estas se habían replegado en la década anterior y desplazado al altiplano central y occidente del país. Como se ha demostrado durante los años posteriores, las ejecuciones y desapariciones documentadas en el área — tanto en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, como en el informe de Recuperación de la Memoria (Remhi) de la Iglesia —estuvieron relacionadas con los títulos de propiedad de la tierra.

A mí me caen mal los ejércitos. Puros satánicos ellos.

Para llegar a las familias que se encontraban legalizando sus terrenos, los militares se sirvieron de comisionados militares. Hombres originarios de la zona. Uno de ellos fue Edilberto Valdés Asij, el encargado de ir dirigiendo a los soldados a las casas de los hombres que estaban inscribiendo sus propiedades. Estos fueron capturados y desaparecidos, o ejecutados en el acto, según los testimonios y pruebas recogidas en el juicio.

A continuación, llegó el castigo para sus mujeres. Algunas de las víctimas de Sepur Zarco fueron violadas, por primera vez, delante del cuerpo de sus maridos y ante la mirada de sus hijos. Otras, en las siguientes semanas, cuando los comisionados militares llegaron a decirles que debían cubrir el puesto de sus esposos en el destacamento. Su trabajo consistía en hacer la comida, lavar la ropa, y ser violadas al antojo de los soldados.

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Las vejaciones sexuales en contra de estas mujeres se produjeron de forma sistemática durante los siguientes seis meses. Habilitaron, incluso, una habitación para ello. Las introducían al cuarto y las violaban. Las seguían al río y las violaban. Todos los días, violaciones individuales y violaciones en grupo. En sus declaraciones, las víctimas hablaron de pastillas e inyecciones, posiblemente anticonceptivas, que les daban al terminar sus juicios. Hablaron de abortos, de hemorragias, de enfermedades.

Ahora estas casitas ocupan el lugar en el que estaba el destacamento militar.

La aldea de Sepur Zarco se encuentra a 350 kilómetros de Ciudad de Guatemala, cerca del lago de Izabal. Una zona hoy convertida, en su mayor parte, en plantaciones de caña de azúcar y palma africana. De un lado de Sepur se encuentra un ingenio de caña y del otro la selva industrial: hileras de palma africana que, después de 10 años, están cubiertas de vegetación selvática autóctona.

La bienvenida a la comunidad la da una escuela primaria descascarillada, cubierta de láminas viejas y cristales rotos. Los niños pasean llevando bultos en la cabeza y machetes en sus manos. Los pollos, patos y cerdos caminan libres entre las casas, la misma zona en la que hace 30 años estuvo ubicado el destacamento. Hoy, la única huella visible del paso del Ejército por este paraje es la pista de aterrizaje, construida detrás del mercado comunal.

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En una de estas casas, Margarita inicia su historia. Una historia marcada, 34 años después, por la incomprensión hacia los hechos sucedidos y el dolor, aún muy presente, por la desaparición de su esposo. Las violaciones las guarda más adentro.

—¿Usted por qué cree que los militares les hicieron eso?–. Su hija Amalia, traduce.

—No sé. Tal vez pensaban que la vida de nosotros no vale nada. No termino de entender por qué hicieron eso. Ellos mismos decían ‘nosotros estamos aquí porque somos los padres de ustedes’. A mí me caen mal los ejércitos. Puros satánicos ellos.

Ese ruido en su cerebro

Seis meses después de la apertura del destacamento, un cambio de autoridades prohibió el trabajo de mujeres. Ellas pudieron salir y comenzaron a trabajar el campo para sacar adelante a sus hijos. Los militares, sin embargo, las siguieron violando seis años más, hasta 1988, cuando el Ejército abandonó definitivamente la aldea.

Pasaron los ocho años siguientes tratando de rehacer sus vidas, sin recibir el apoyo de nadie. En 1996, con la firma de los Acuerdos de Paz, se unieron a la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), con la esperanza de encontrar información sobre sus esposos desaparecidos. A través de Conavigua conocieron al Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), y comenzaron a hablar. “Contando la historia, logramos sacar la tristeza de nuestro corazón”, explica Margarita. “Nos preguntaron si nosotras fuimos violadas, tres veces lo pensé ‘si lo digo o no lo digo’. Al final lo decidí: ‘Yo fui violada'”.

Ella, de hecho, sabe que el paso del Ejército por su aldea le dejó un trauma irreversible. Un ruido, similar al de un camión, que escucha constantemente en el cerebro. Un ruido que le mantiene cansada, que no le deja estar en paz. Un ruido que comenzó a intensificarse tras la primera audiencia, cuando vio, después de treinta años, al teniente coronel Esteelmer Reyes. Un síntoma de estrés post-traumático, posiblemente. Una vez fue al médico y él le preguntó si había sufrido alguna vez un trauma. Ella no quiso contarle nada.

La mujeres fueron víctimas de violaciones sexuales perpetradas en el interior del destacamento.

En agosto de 1982 María Ba Caal vivía en la aldea La Esperanza, a unos kilómetros de Sepur. Un día, cuenta, el Ejército llegó a su casa y se llevó a su esposo y a sus dos hijos mayores, de 18 y 15 años. Nunca volvió a saber nada de ellos y se quedó sola, cuidando de sus ocho hijos pequeños.

Al cabo de unos días, María llegó a su casa y el Ejército la había quemado. Pocos días más tarde, un comisionado militar le dijo que debía ir a trabajar al nuevo destacamento, para cubrir el puesto de su esposo.

“No nos pagaban, solo nos daban la comida. Pero nosotras no comíamos porque estábamos pensando en nuestros hijos. Porque, como no teníamos casas, en ocasiones se quedaban debajo de un árbol. Cuando yo trabajaba en el destacamento mi mente no estaba ahí, sino que estaba pensando en mis hijos”.

María Ba Caal tiene 70 años, la cara arrugada y dos largas trenzas grises adornadas con una cinta de color púrpura. Hoy vive con su nieto, quien le compra su ropa tradicional maya y los alimentos básicos. Ahora traduce del q’eqchi Vilma, trabajadora de ECAP.

Antes nos manteníamos en nuestras casas, llorando y llorando por todo lo que había pasado.

— Cuando estaba trabajando allí, cuando estaba pasando todo eso, ¿pensaba que se iba a terminar?

— En ningún momento pensé. Lo que hacía era llevar a mis hijos a trabajar, a limpiar, a chapear. Después decidí no volver a juntarme con otro hombre. Porque pensaba que mis hijos iban a ser rechazados; hay hombres que golpean a los hijos. Por eso decidí no juntarme nuevamente.

Durante todo un año, María Ba sufrió una fuerte hemorragia. Ella también cree que el Ejército le dejó daños irreversibles.

“Antes nos manteníamos en nuestras casas, llorando y llorando por todo lo que había pasado. Ahorita ya no es tanto. Ya se ha disminuido la tristeza. Algunos me dicen que por toda la tristeza que se había acumulado tengo esa enfermedad en la piel”.

Esta anciana, de mirada protectora y compasiva, muestra la parte baja de unas piernas finas, cubiertas de una costra blanca.

Cuatro meses después de la sentencia, María regresó a Sepur Zarco desde la aldea La Esperanza. Se encuentra presente en una cita con las demás víctimas, organizada por Mujeres Transformando el Mundo, la organización que llevó el caso a los tribunales.

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Su directora, Paula Barrios, explica que decidieron acudir al sistema de justicia después de escuchar sus historias en un tribunal de conciencia, celebrado en 2010. Lo primero, relata, fue que empezaran a reconocerse como víctimas.

“En estos seis años, el trabajo previo de empoderamiento ha sido fundamental. Para ellas fue muy difícil reinsertarse en la comunidad. El estigma de que iban al destacamento, o eran las mujeres de los soldados, las perseguía. Lo que ellas querían escuchar era que un juez dijera que no era su responsabilidad. Que decían la verdad”, explica Barrios.

Lo que quieren es la legalización de su tierra

El 26 de febrero de 2016 el Tribunal de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmin Barrios, decidió que este grupo de ancianas decía la verdad. “El origen de los vejámenes era poner fin a las solicitudes de tierra, sembrando terror en el destacamento de Sepur Zarco”, dijo la jueza que, además de las penas de cárcel para los dos militares, otorgó 16 medidas de resarcimiento para las 15 querellantes.

Entre estas se encuentra la legalización de los títulos de propiedad de su tierra, la construcción de un instituto y de un hospital. Infraestructura que podría ayudar a revertir, en parte, la situación de pobreza en la que se encuentra Sepur Zarco.

Esta comunidad contaba en 2009 con un 76 por ciento de población con desnutrición crónica, un 50 por ciento en situación de pobreza y solo un 22 por ciento de las niñas con los estudios primarios concluidos.

Cuando al señor le dijeron que se va a quedar años en la cárcel, lloré por la emoción, por la alegría.

Además, Barrios dictaminó que cada una de las 15 víctimas debía recibir 500.000 quetzales (66.000 dólares) como indemnización, y seguridad privada para protegerlas. La seguridad ofrecida por la Policía Nacional Civil ha sido rechazada por estas mujeres, aún temerosas de la autoridad estatal, y serán familiares de víctimas del conflicto quienes a partir de ahora se coordinen para protegerlas.

Le pregunto a Margarita y también a María: “Si por arte de magia se les concediera una de las medidas dictaminadas por la jueza, ¿Cuál sería?” Ninguna de las dos hace mención al dinero. Las dos afirman que lo que pedirían sería la legalización de su tierra, la tierra por la que sus esposos fueron asesinados.

“¿Y el dinero?” Dudan que vayan a recibirlo. Margarita asegura que le vendría bien, que no le alcanza para comprar sus medicinas. Dice que la llegada de la palma a la aldea ha calentado el área y ha dificultado mucho su estado de salud.

— ¿Cómo se sintió cuando la jueza dijo que ustedes habían ganado?–. Margarita Chub sigue mirando con sus ojos húmedos.

— Me sentí tan alegre, me sentí tan aliviada. Por fin pagó el que a mí me hizo esto. Por fin hubo justicia por lo que a mí me pasó. Y cuando al señor le dijeron que se va a quedar no sé cuántos años en la cárcel, lloré por la emoción, por la alegría.

Este artículo fue publicado originalmente en VICE News, la plataforma de noticias de VICE. 

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