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El presidente Santos en la firma del decreto que reglamentaba la creación de la Comisión de Garantías de Seguridad. Foto: SIG

La violencia contra los líderes sociales en Colombia es una realidad: los están matando, amenazando e intimidando en casi todos los departamentos del país. Desde que arrancó la implementación de los acuerdos, el primero de diciembre de 2016, han asesinado a 33 dirigentes y cada día llegan panfletos con sentencias de muerte a los defensores de derechos humanos. La situación es aún más preocupante cuando la institución encargada de protegerlos, parece no funcionar.

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Como parte de las medidas de protección a estos líderes, el acuerdo de La Habana ordenó la instalación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), un organismo encargado del “desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”, según se lee en el texto pactado entre el gobierno y las Farc.

La Comisión se instaló, con bombos y platillos, el 23 de febrero en Popayán. En el evento estuvieron el presidente Santos, de tres ministros del gabinete, el Fiscal, el Defensor del Pueblo y autoridades militares y de policía. “Un organismo del más alto nivel”, dijo Santos ese día, frente a cientos de líderes sociales de la región.

“Un arranque difícil”

Justamente el carácter de “alto nivel” ha sido, paradójicamente, la mayor dificultad del inicio de la Comisión. “Esto no se ha organizado. Debe establecer un reglamento, establecer unos procedimientos y un plan de trabajo. Eso aún no se ha hecho. El hecho de que la Comisión sea de tan alto nivel no permite avanzar en los tiempos en los que uno quisiera”, le dijo a ¡Pacifista! Franklin Castañeda, miembro de la Comisión a nombre de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Por eso el arranque ha sido difícil.

Según Gustavo Gallón, representante ante la Comisión de Garantías por la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, a este organismo “le faltó prever mecanismos que le dieran operatividad”, porque se creó “en medio del Estado colombiano, que es pesado, lento y se demora mucho para moverse”. “La Comisión casi no ha actuado durante este tiempo”, concluye.

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La Cngs se ha reunido una vez al mes, como dice el acuerdo de La Habana. Sin embargo, las decisiones que se han tomado en estos encuentros no han mejorado la condición de los líderes sociales en el país, que siguen amenazados y en peligro de muerte. “Todo va muy lento en comparación al avance de los paramilitares y de los asesinatos”, dice Castañeda.

“Este mes vamos a tener una sesión de inmersión en donde nos encerraremos a ver la radiografía de la situación de las regiones más vulnerables”, señala Gallón, aunque es claro para los miembros de la Comisión que Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba y el Catatumbo son las zonas donde los líderes corren más peligro. “Si no se cumple el compromiso político es muy difícil”, señala Castañeda.

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Por compromiso político, Castañeda se refiere a las otras medidas de protección a líderes sociales que están establecidas en el acuerdo: la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, encargada del “desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos” y el “Cuerpo Élite en la Policía Nacional con enfoque multidimensional”.

“Esta comisión no hace mucho si los otros puntos hacen falta. Hay que entender en su justa dimensión lo que la Comisión puede hacer y lo que no”, sostiene Castañeda. A pesar de que no se han creado estas instancias, la Cngs ordenó el pasado 3 de mayo establecer una subcomisión técnica y crear una Unidad Élite para investigar las amenazas contra líderes sociales.

 

El factor Naranjo

Foto: Vicepresidencia

El Vicepresidente Óscar Naranjo en una reunión con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca en Popayán. Foto: Vicepresidencia.

 Una de las tareas prioritarias del nuevo Vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, es justamente acabar la violencia contra líderes sociales en el país. El propio presidente Santos le ordenó al exgeneral de la policía liderar la  Unidad Élite para investigar las amenazas contra líderes sociales, uno de los mandatos de la Comisión.

“No vamos a permitir que se pongan en riesgo los avances y beneficios de la paz. Vamos a combatir con decisión y efectividad a todos los que buscan amenazar la seguridad de los líderes sociales”, dijo el presidente Santos el pasado 3 de mayo, en el acto de creación de esa Unidad. En el mes y medio que lleva en el cargo, Naranjo ya se ha reunido con dirigentes de Chocó, Cauca y Nariño, tres de las regiones más afectadas por esta realidad.

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Para Franklin Castañeda, “desde la llegada de Naranjo al tema, la Comisión ha asumido mayor operatividad”. El miércoles pasado, miembros de la Comisión escucharon a integrantes de la Cumbre Agraria, uno de los movimientos sociales más amenazados del país, y a la Mesa de Derechos Humanos de la Onic. Además, el viernes pasado algunos integrantes de ese organismo se reunieron con líderes en Chocó. La subcomisión técnica empezará a sesionar una vez por semana.

“Naranjo fue negociador en La Habana y un general de la República, así que poder no le falta para tomar decisiones. Solo el tiempo dirá si la llegada del Vicepresidente a este organismo es el impulso que la Comisión necesitaba, o si es flor de un día”, concluye Castañeda.

 

¿Paramilitares? ¿Asesinatos sistemáticos?

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¡Pacifista! conoció que uno de los debates más intensos al interior de la Cngs es sobre si los grupos que están asesinando a los líderes son paramilitares, o si las muertes son sistemáticas. Paro más allá de esa discusión nominal, “lo importante es establecer los mecanismos para acabar esta matazón”, dice Gustavo Gallón.

 

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