En Bahía Solano, las comunidades indígenas están afectadas por 70.000 toneladas de basura. Foto: Archivo particular

La alcaldesa del municipio se mostró dispuesta a conciliar entre los líderes y los empresarios. Pidió intervención urgente por la contaminación ambiental. 

Bahía Solano, un municipio conocido por las playas paradisíacas, la cultura afro y el avistamiento de ballenas, está sumido en una crisis ambiental que ha generado fuertes disputas entre sus habitantes. Por un lado está la emergencia sanitaria por el colapso del relleno de residuos local, que ha afectado a las comunidades indígenas aledañas, quienes conviven con más de 70.0000 toneladas de basura. Por otro existen disputas entre constructores que han creado infrastructura hotelera en la zona y los consejos comunitarios afro, quienes solicitan una consulta previa.

Este último problema, el de los consejos comunitarios con los empresarios del turismo, ha escalado a dimensiones violentas. Un grupo de líderes sociales nos escribió señalando que están siendo amenazados de muerte, pues en los últimos meses se han opuesto radicalmente a las obras en territorios que ellos consideran propios. Actualmente son ocho líderes sociales los que han denunciado amenazas: Santo Florentino Valencia, Evelio Alvarado Urrutia, Pedro Cervelio Asprilla, Christopher Vidal Barahona, Javier Restrepo, Gustavo Rentería Palacio, Rosember Mosquera y Marcos D. Asprilla.

Los líderes denunciaron nueve intervenciones por parte de “forasteros” que, según ellos, ejecutan proyectos que no cumplen con las normas ambientales. Primero está la construcción de una vía en el sector de camino viejo, el cual conduce a la playa Almejal. En segundo lugar, la construcción de un paraje en el sector de El Morro. Algo similar sucede en el caso de Punta Roca, donde los consejos comunitarios denunciaron un uso irregular del territorio para actividades como la ganadería extensiva en zona de playa, además de planes turísticos que afectan el ecostistema con yates y lanchas.

Las demás denuncias también tienen que ver con la expansión turística: una construcción de un hostal “Eco Logde” en la zona de playa, donde el consejo comunitario Los Delfines dice que están “saqueando los nidos de tortugas marinas”. Dos casos que ver con las construcciones de infraestructura turística sin consulta previa en zonas de playa y reserva ambiental.  Y otros son la denuncia sobre una intervención en una microcuenca y  el cercamiento de una zona ambiental en donde también existen playas: “Las personas que hacen presencia en esta zona han intentado agredir a varios miembros de la comunidad con grupos al margen de la ley”, denunció el consejo comunitario.

Uno de los voceros que ha denunciado ante la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo esta situación es Jahleel Shiloh, coordinador cultural del consejo comunitario Los Delfines. “Esta zona es de influencia del Parque Nacional Utría y hay unas normas ambientales establecidas. Nosotros no nos oponemos al turismo, sino al que se hace de manera irresponsable y afecta la flora y la fauna”.

Según Shiloh, particulares y extranjeros han intentado despojar a la población afro del territorio: “recibimos amenazas por parte del señor Juan Francisco Hernández, quien desde 1992 ha comprado tierras en Bahía Solano”.

Una de las construcciones denunciadas por los líderes sociales. Foto: Cortesía

De acuerdo con la versión de los líderes del consejo comunitario, Hernández –quien no es reconocido como un gran empresario en la región–  “estuvo tranquilo hasta mediados de 2016”, cuando adqurió unos terrenos en la zona de Quebradas. “Desde entonces yo comencé a denunciar la situación porque en en esa zona está haciendo uso de las microcuencas, de ahí se abastecen comunidades y es una zona muy rica en fauna. Esos territorios además son colectivos y ellos quieren apropiarlos para actividades turísticas. Nosotros no queremos que Bahía Solano se convierta en un San Andrés o en Cartagena”, cuenta Shiloh.

Este problema afecta directamente al consejo local El Cedro, ubicado en un corregimiento de Bahía Solano. El predio en disputa, de acuerdo con la Alcaldía, está dentro de una lista de terrenos en extinción de dominio. Más allá del problema legal, dice Shiloh, “nos preocupa que exista ganadería en zona de playa, que hagan construcciones con cemento y afecten el proceso de anidamiento de tortugas marinas”.

Según el líder social (quien confirma las amenazas de sus ocho colegas) “el año pasado, una persona que fue contratada para que nos mataran nos avisó porque sabe que en la comunidad nos quieren y nos pidió que bajáramos la guardia. Nosotros ya hemos emitido denuncias ante la Defensoría del Pueblo, ante la Policía y la Alcaldía porque estas personas tienen que saber que acá rige la Ley 70, que antes de construir se tiene que aplicar una consulta previa y que no pueden seguir pasando por encima del consejo comunitario”.


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Intentamos contactar al señor Juan Francisco Hernández, pero no fue posible. La alcaldesa de Bahía Solano, Harley Liliana Ortiz, nos comentó que en ese caso existe un fallo “que le dio la razón a los foráneos. La autoridad competente es la justicia ordinaria y en ese caso lo que nosotros hemos tratado de hacer es conciliar, pero infortunadamente ya se agotaron todas las vías. Como mandataria no puedo hacer más, tampoco puedo acolitar las vías de hecho por parte de la comunidad”. A las vías de hecho a las que la alcaldesa se refiere son a supuestos ataques a las cabañas Juan Francisco Hernández. “No sé quiénes le quemaron la cabaña, pero tampoco puedo acolitar eso”.

De acuerdo con la alcaldesa, el problema de títulos de tierra en esta zona está por resolverse y, mientras tanto, los particulares y el consejo comunitario deberían negociar. “Es un conflicto territorial complicado que tienen que resolver las autoridades competentes o que debería ser conciliada entre las partes, nosotros estamos dispuestos a mediar”, señala Ortiz.

Por ahora el gobierno local no tiene mucho tiempo para dedicarle a este pleito. La agenda de la Alcaldía está copada con el problema de contaminación generado por el relleno sanitario. La comunidad emberá denunció en días pasados que por lo menos 69 niños han sufrido enfermedades relacionadas con la contaminación que genera el basurero, ubicado a escasos 300 metros del resguardo indígena.

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