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Foto: María Camila Díaz

Así quedó la Capilla del Hombre, en Quito, el pasado 27 de octubre, cuando se suponía que se instalara la fase pública de conversaciones entre el Gobierno y el ELN. Foto: Cortesía-María Camila Díaz

Varios sinsabores dejó la paz en 2016. Aunque el Gobierno y las Farc firmaron el Acuerdo Final en Bogotá —en un hecho histórico para ponerle fin al conflicto—, la opinión pública acabó desgastada por la polarización del plebiscito y el miedo aumentó por cuenta de los recientes asesinatos de campesinos y líderes sociales.

Pero quizá la mayor decepción fue la negociación con el ELN, que no ha arrojado resultados concretos más allá de una agenda abierta cuyo aterrizaje depende no sólo de las partes, sino también de los sectores sociales que tienen interés en la mesa.

El proceso se despidió de 2016 sin mayores avances. El jueves pasado, las delegaciones del Gobierno y del ELN anunciaron que se tomarán un receso de 40 días para hacer consultas que permitan encontrar soluciones a los temas que han dificultado la instalación de la fase pública. Paradójicamente, las diferencias se centran en un tema que debió impulsar el proceso: las acciones humanitarias.

El asunto se puso difícil desde el comienzo. A finales de marzo, las partes anunciaron en Caracas (Venezuela) que instalarían la fase pública en Ecuador. Sin embargo, pocos minutos después, el presidente Juan Manuel Santos dijo en una alocución que “la fase comenzará tan pronto queden resueltos unos temas humanitarios, incluido el secuestro”.

Entonces, se dio por sentado que esos temas se resolverían en cuestión de días. No en vano, las partes se habían comprometido a echar a andar las conversaciones. Pero muy pronto se hizo evidente que las diferencias eran radicales. El Gobierno no estaba dispuesto a avanzar hasta que el ELN no liberara a los secuestrados, mientras la guerrilla insistía en que le estaban poniendo nuevas condiciones. Más tarde, el ELN dijo que si el Gobierno se empeñaba en exigir liberaciones, la guerrilla podía pedir indultos.

Los meses pasaron sin solución a la vista. La Fiscalía anunció que acusaría a la dirigencia del ELN por 15.896 crímenes; el ELN les quitó a la vida a varios policías y militares, decretó paros armados, atacó la infraestructura petrolera e hizo campañas de propaganda; el Ejército, por su parte, capturó presuntos guerrilleros, combatió a las estructuras insurgentes e incautó armas. La guerra continuó con rigor.

Dos situaciones aumentaron el resquemor entre las partes.

La primera ocurrió en mayo, cuando el ELN secuestró en el Catatumbo a la columnista de El Tiempo Salud Hernández, y al periodista Diego D’ Pablos y al camarógrafo Carlos Melo, contratistas del canal RCN. La guerrilla declaró que las “retenciones” habían sucedido durante operaciones de control territorial (contrainteligencia), pero la acción fue ampliamente repudiada y calificada como un atentado a libertad de prensa. Una semana después, en medio de fuertes operativos militares, el ELN liberó a los tres comunicadores.

El segundo hecho sucedió en junio. En el aeropuerto El Dorado de Bogotá fue detenido el activista por la paz y excomandante del ELN Carlos Velandia, cuando regresaba de dictar una conferencia en Barcelona (España). La Fiscalía pidió su detención para llevarlo a juicio por su presunta responsabilidad en un secuestro masivo cometido por esa guerrilla en el Valle del Cauca, en 2000.

En un mensaje que le envió a sus amigos, Velandia dijo que si con su captura buscaban “amilanar” al ELN en la búsqueda de la paz, “se equivocaron. El ELN irá hasta el final en su esfuerzo por la paz y la justicia social”. Un mes después, el presidente designó a Velandia como gestor de paz en la negociación con el ELN y, por esa vía, lo sacó de la cárcel.

ELN Gobierno

El anuncio del 10 de octubre. Foto: Alto Comisionado para la Paz

Tras varios meses sin noticias de la mesa, y luego de que el No ganara el plebiscito, al fin hubo anuncios desde Caracas. El 10 de octubre, El Gobierno y el ELN declararon que habían llegado a acuerdos sobre el tema humanitario y que darían inicio a la fase pública el 27 de ese mes. Tal como había propuesto la sociedad civil, las partes acordaron arrancar por el subpunto de dinámicas y acciones humanitarias, al tiempo que discutirían el de participación.

Se conoció que la delegación del Gobierno estaría encabezada por el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, que tendría a su cargo 17 negociadores. Del lado del ELN, se anunció que la delegación estaría a cargo del integrante del Comando Central “Pablo Beltrán”, que trabajaría junto a 18 negociadores.

Pero llegó el 27 y las partes dejaron con los crespos hechos a los periodistas, los líderes sociales y los diplomáticos que viajaron a Quito (Ecuador) para presenciar la instalación de la mesa. El Gobierno alegó que el ELN había incumplido el compromiso de liberar al excongresista Odín Sánchez, secuestrado en abril. La fracasada apertura de la negociación puso en tela de juicio la ya golpeada seriedad del proceso.

Señalado como el responsable de la crisis, el ELN hizo públicos a finales de octubre los compromisos que había suscrito con el Gobierno para dar inicio a la fase pública. Informó que habían pactado liberar dos secuestrados antes del 27 de octubre y un tercero durante la primera ronda de conversaciones, a cambio de que el Gobierno nombrara dos gestores de paz para que se vincularan a la mesa como miembros representantes y concediera dos indultos durante los 30 días siguientes a la instalación de la fase.

La guerrilla dijo que los dos primeros secuestrados ya habían sido liberados (un arrocero y el exalcalde de Charalá, Santander, Fabio León Ardila). Además, insistió en que Sánchez sería el tercero en salir de la selva, aunque para ello debía arrancar la primera ronda. Al final, concluyó que el Gobierno estaba imponiendo nuevas condiciones.

De nuevo, la negociación se empantanó. Desde entonces, las partes se dedicaron a encontrar soluciones a las diferencias de interpretación del acuerdo humanitario. Pero rápidamente se enfrascaron en otro desacuerdo: el ELN escogió para los indultos a dos guerrilleros condenados por homicidio y secuestro, delitos que, con las leyes actuales, no son indultables.

Sin poder salir del escollo, la guerrilla decidió irse a consultas “ante instancias superiores” hasta 2017. La idea es, según fuentes de la mesa, que el ELN evalúe la posibilidad de proponer los nombres de otros dos insurgentes que sí puedan ser indultados.

Pero hay otros obstáculos. El Gobierno, a la espera de Sánchez, todavía no ha nombrado oficialmente a su nutrido equipo de 18 negociadores. Solamente tres asesores de un perfil técnico se mantienen tiempo completo en Ecuador para capotear las dificultades.

Mientras tanto, el jefe negociador, Juan Camilo Restrepo, ha dedicado los últimos días a asistir al Congreso Nacional de Infraestructura, la presentación del libro “La economía colombiana del siglo XX” y la Convención Conservadora, así como a reuniones con agencias de Naciones Unidas, obispos que trabajan por la paz y gobernadores de departamentos donde opera el ELN, con quienes ha hablado sobre el futuro de los diálogos. La poca presencia de Restrepo en Quito tendría muy molesta a la guerrilla.

Como si fuera poco, el año terminó con un duro señalamiento de la Armada. La entidad emitió un comunicado en el que responsabilizó al ELN de matar a una niña indígena con un balón bomba en Bajo Baudó (Chocó). El hecho fue ampliamente repudiado, y la voluntad de paz del ELN fue nuevamente cuestionada.

¿Balón bomba, mina o artefacto desconocido?

El pasado martes, la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma) de la presidencia informó que lamentaba “el accidente por activación de una mina antipersonal que produjo la muerte de la niña Yisely Isarama y que dejó herida a su madre, Isabel Caisamo”. De acuerdo con la Daicma, “Yisely, de seis años, activó el artefacto explosivo produciéndole la muerte y heridas múltiples en las piernas de su madre, por esquirlas y quemaduras”.

Foto: Santiago Mesa

Según la Daicma, entre 1990 y 2016 han muerto 1.165 menores por culpa de minas antipersonal y municiones sin explotar. Foto: Archivo-Santiago Mesa

Sorprendentemente, un día después, la Armada emitió otro comunicado en el que aseguró que Yisely murió luego de activar un “artefacto explosivo oculto en un balón”. La Armada dijo que “el artefacto explosivo, al parecer, fue dejado en la zona por el frente Resistencia Cimarrón del ELN”. Se dijo, entonces, que el ELN había matado a una niña indígena con un juguete explosivo, y congresistas de distintos partidos rechazaron el crimen.

Frente al choque de versiones, ¡Pacifista! consultó a la Daicma. La entidad nos remitió al personero de Bajo Baudó, Óscar Salcedo, que es el encargado de recopilar la información sobre el incidente y gestionar la atención prioritaria para las víctimas.

Salcedo concuerda en que “se puede inferir razonablemente que ese artefacto explosivo pertenecía a la guerrilla del ELN, que es la que hace presencia en esa zona”. No obstante, sobre la pregunta de qué explosivo se trataba, nos dijo: “Frente a eso voy a ser muy sincero con ustedes. Ni las autoridades militares ni civiles tenemos certeza de qué artefacto era. La mamá de la niña lo único que manifestó es que era como una pelotica, y que la niña la golpeó contra una canoa y explotó. Pero al día de hoy no hay certeza”.

El personero también aseguró que en esa zona “la dinámica del conflicto armado es bastante álgida. En lo que va corrido del año tenemos 12 comunidades afectadas por confinamiento, desplazamientos masivos e, incluso, atentados terroristas”. La comunidad afro de Virudó, donde vivía la niña indígena, queda entre una y dos horas en lancha por el océano Pacífico desde Pizarro, la cabecera municipal de Bajo Baudó. Es una comunidad pobre y apartada, donde también operan bandas criminales.

La trágica muerte de Yisely fue el último evento que atravesó la mesa de diálogos. En un comunicado, la guerrilla replicó que “el gobierno de Santos acusó al ELN de actuar contra la población indígena de Virudó. Esta no es nuestra conducta y el pueblo del Chocó lo sabe”. También le pidió a la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja que investigaran los hechos.

Así las cosas, habrá que esperar el resultado de las “consultas” acordadas, que definirán el rumbo de los diálogos. El 2017, año en que tomará fuerza la implementación de los acuerdos con las Farc, será determinante en la búsqueda de “la paz completa” que ha prometido el Gobierno.

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