Ilustración: Vice Staff

Por : Daniel Marín López*

Como parte de los compromisos del Acuerdo Final de Paz, el 1 de agosto las Farc deberán entregar el inventario de sus bienes. Desde la renegociación del acuerdo en octubre y noviembre pasados, éste ha sido uno de los temas más álgidos en el debate político. Dentro de la oposición a la política de paz, este era un punto clave pues según ellos las Farc son “los más grandes narcotráficantes del mundo” –afirmación refutada en varias ocasiones.

Tras la puesta en marcha de los protocolos de desarme y desmovilización de la guerrilla, los esfuerzos por inventariar los bienes están en el centro del proceso de las zonas verdales. Al punto que en el Decreto-Ley 903 del pasado 29 de mayo se condicionó la certificación de la finalización de toda actividad ílicita de las Farc, a la entrega del inventario de sus bienes. “Con dicho acto se entenderá plenamente concluida la dejación de armas y la terminación de todas las actividades y conductas propias del conflicto interno” establece el decreto.

Este decreto además de la realización de un inventario contempla la creación de un Fondo de Víctimas que será alimentado con estos bienes. Adicionalmente, prevé que parte de la financiación del proceso de reincorporación económica de los excombatientes se dé con esos activos, uno de los aspectos que más polémica ha levantado.

Las principales críticas al decreto sobre bienes de las Farc

Los grupos de oposición a la política de paz del Estado presentarán un proyecto de Ley que reforme este decreto con el ánimo de cambiar al menos tres puntos.

 

  • Piden que los bienes sean exclusivamente destinados a las víctimas.

 

  • Proponen que la sanción por no entregar bienes sea la expulsión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

 

  • Y aspiran que el control del Fondo lo haga una comisión del Congreso.

Algunas de estas propuestas tienen que ser debatidas a profundidad, en particular sobre la división de los recursos que serán destinados a las víctimas y a los reincorporados. El postconflicto exige que haya recursos para la reparación integral pero debe abonar esfuerzos para la reincorporación a la vida ciudadana de quienes han estado años en la guerra. El Punto 3.2.2 del Acuerdo de Paz es extenso en este tipo de medidas e incluye desde planes de reincorporación económica para excombatientes y programas para los menores desvinculados, hasta la puesta en marcha de centros de pensamiento del nuevo partido de las Farc. De ahí que se deba especificar si es congruente con la política de paz costear estas políticas con los bienes y activos de las Farc. Y, de ser así, se proceda a determinar cuáles de las medidas serán financiadas con parte de los recursos inventariados, despejando dudas sobre la destinación de esos activos.

Otras propuestas no tienen asidero. Pedir que se expulse a los guerrilleros de la JEP es repetir lo que hemos sufrido en el pasado al tener en diferentes escenarios judiciales a los perpetradores. La JEP mantiene la competencia sobre todos los victimarios de graves violaciones para no fragmentar las investigaciones sobre el conflicto. Si existe incumplimiento de las condiciones por algún posible beneficiario, como lo es no entregar bienes, la JEP le impone penas de hasta 20 años de prisión.

Por otro lado, sobre la administración del Fondo de Víctimas por parte del Congreso y no del Ejecutivo, no existe evidencia empírica que diga que ofrece mejores garantías para la reparación integral, en cambio sí existen ejemplos del mal uso que el legislativo le ha dado a los bienes que administra. Valga recordar el escándalo por el uso indebido del parque automotor del Congreso que salió el año pasado.

¿Qué dice el Decreto sobre bienes de las Farc?

Se prevé que las Farc entreguen una referencia de sus bienes y activos para que estos pasen a un Fondo encargado a la reparación de las víctimas del conflicto armado y, en cierta medida, a la financiación de la reincorporación económica y social de los excombatientes (Punto 3.2.2 del Acuerdo) entre ellos los menores de edad. Todo este procedimiento se hará bajo el monitoreo de la Misión de la ONU y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Acuerdo de Paz. El Fondo será administrado por una entidad del Estado definida por el Gobierno. El Fondo que existe en la actualidad para la Reparación de las Víctimas está en cabeza de la Unidad para las Víctimas.

Por regla general los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito o testaferrato que hayan sido cometidos sobre los bienes inventariados serán competencia de la JEP (Art. 5 A.L. 01 de 2015). Y cuando estos se hayan cometido sobre bienes que no sean inventariados serán de competencia de la Justicia Ordinaria, es decir la Fiscalía deberá perseguir esos delitos si se ejecutan después del inventario.

Este decreto, entonces, da un paso adelante en la idea de materializar recursos efectivos para la reparación de las víctimas y la reintegración de excombatientes, principalmente aquellos que pueden ser dirigidos a programas para menores de edad desvinculados, víctimas de reclutamiento. A diferencia de lo sucedido en el proceso con los grupos paramilitares se espera que con este inventario haya una mayor contribución del victimario al Fondo de Víctimas.

En Justicia y Paz, según reveló recientemente la Contraloría, estas sentencias han tenido unos costos cercanos a los 80.000 millones de pesos de los cuales sólo el 6% de los recursos vino del bolsillo de los paramilitares. Adicionalmente, como contó El Tiempo, del total de bienes que identificó la Fiscalía, los paramilitares solo ofrecieron el 24%, por lo que los fiscales debieron acudir a diferentes estrategias para tratar de perseguirlos con resultados insatisfactorios. Esto demuestra que contar con un inventario de bienes desde el inicio del proceso es determinante si se quiere un aporte sustancial de los victimarios a la reparación.

Entonces si bien las modificaciones del Decreto presentadas por los grupos de oposición a la política de paz merecen atención, lo cierto es que la mayoría de propuestas no son sostenibles y, al parecer, tendrían el objetivo más certero de retrasar la discusión de las leyes del Acuerdo de Paz que debe debatir el Congreso. Así, de a poco, esperarían quitarle posibilidades de éxito al fast-track.

 

*Investigador sobre justicia transicional en Dejusticia

@marintencionado

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