Las asociaciones de víctimas podrían ser desplazadas por los partidos tradicionales. Foto: CONPAZ

El Congreso tiene un mes para sacar adelante el proyecto de ley que crea las circunscripciones especiales de paz: 16 zonas del país que abarcan 167 municipios y que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado. De estas zonas deben salir 16 nuevos congresistas para la Cámara de Representantes; todos provenientes exclusivamente de organizaciones sociales afectadas por la guerra. La motivación final de este proyecto es que las víctimas cuenten con una representación directa en el Congreso.

Este lunes comenzó el penúltimo debate en la Cámara de Representantes para definir bajo qué circunstancias podrían operar las circunscripciones especiales de paz. Como ha sucedido con otros puntos contemplados en el Acuerdo de Paz de la Habana, el de las circunscripciones también puede ser  objeto de serias modificaciones. Lo que se viene en el Congreso es un pulso muy fuerte entre las asociaciones de víctimas, los ponentes del proyecto de ley, las Farc y los congresistas que han estado muy cerca del proceso de reparación de víctimas: como Juan Manuel Galán,  Ángela María Robledo e Iván Cepeda.

El debate central, de acuerdo con Galán, radica en que “las víctimas sean bien representadas y tengan las garantías para participar en política. La idea es que esas curules no se queden en manos de las Farc ni en las maquinarias políticas de las regiones”. En un principio, las circunscripciones fueron criticadas por el partido Centro Democrático. Según ellos, con este proyecto se les estarían entregando “16 curules directas a las Farc”, con las que sumarían 26 escaños en el Congreso si se tienen en cuenta los 10 que les otorgó el acuerdo de paz. Desde otra orilla, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que las condiciones electorales no son las mejores en las 16 zonas. En ¡Pacifista! les mostramos los cinco nudos que hoy enredan a las circunscripciones.

  1. Cascos Urbanos, ¿Sin derecho a votar?

Los ponentes del proyecto de Ley – Silvio Carrasquilla, Jaime Buenahora, Albeiro Vanegas, Fernando de la Peña, Óscar Bravo y Carlos Abraham Jiménez – incluyeron una prohibición en el proyecto de ley:  que en los cascos urbanos de los 167 municipios no se pueda votar. Según los representantes, las cabeceras municipales son los espacios más propensos al clientelismo y, por ende, se debe focalizar la participación de las comunidades rurales.

No obstante, asociaciones de víctimas y las mismas Farc se opusieron a esta medida.  A través de un comunicado de prensa señalaron que “eliminar la votación en las cabeceras atenta contra el derecho político a elegir de los habitantes de estos municipios”. Jairo Rivera, integrante de Voces de Paz, puso a manera de ejemplo las cabeceras de Bojayá (Chocó) y Toribío (Cauca), “donde habitan muchas víctimas del conflicto que merecen representación en el Congreso”. Sobre este punto, el senador Juan Manuel Galán propuso “revisar caso por caso. No todas las cabeceras municipales deben ser cobijadas por la prohibición”.

  1. Debilidad institucional

El Gobierno ha sido objeto de críticas por la ausencia de instituciones que garanticen unas elecciones trasparentes en las 16 zonas. La representante Ángela María Robledo expuso su preocupación porque “la Registraduría no ha cumplido con la tarea de ampliar los puestos de votación en estas regiones. Si no hay institucionalidad, las circunscripciones pueden ser cooptadas por grupos criminales o partidos tradicionales”.

Las rentas ilegales golpean a los municipios que son cobijados con el proyecto de Ley. Según un informe de la MOE, el 76% tienen presencia de cultivos ilícitos.  En lo corrido de 2017, además, el 40% de los hechos de violencia política y social (como los asesinatos de líderes sociales) han ocurrido en regiones donde están ubicadas las circunscripciones especiales.

Mapa de las circunscripciones de paz. Mapa: Misión de Observación Electoral (MOE)

  1. Van a votar dos veces

Los habitantes de las circunscripciones especiales recibirán dos tarjetones, uno para elegir al representante del departamento y otro para elegir al representante de la circunscripción. Esto sucederá durante dos periodos electorales, pues los representantes de las circunscripciones tienen estipulado un periodo de 8 años en el Congreso. Para los políticos tradicionales esta idea puede resultar perjudicial, pues les podría surgir competencia desde las zonas rurales.

Por otro lado, frente a este punto también han surgido críticas por los nuevos costos que tendría que asumir la Regustraduría frente a un eventual tarjetón nuevo. Esto sin dejar atrás que los políticos tradicionales podrían ampliar su espectro, quedándose con los candidatos de las circunscripciones y de los departamentos.

  1. Funcionarios públicos no pueden postularse

Que miembros de partidos políticos o funcionarios públicos no puedan participar en las elecciones de las circunscripciones especiales de paz ha generado resistencia en algunas asociaciones de víctimas. Existen líderes, por ejemplo, que en algún momento han estado vinculados a partidos políticos como la Alianza Social Independiente (ASI) o el Mais (Movimiento Alternativo Indígena y Social). Según Jairo Rivera, esto resulta problemático porque “ni siquiera un maestro de escuela podrá postularse. Siento que está bien que se intenten construir criterios para impedir que la politiquería se meta en las circunscripciones especiales. Sin embargo, con las medidas pueden estarle quitando posibilidades de representación a las víctimas y, paradójicamente, las circunscripciones pueden terminar siendo un fortín de los mismos partidos de siempre”.

  1. ¿Se estaría revictimizando a las víctimas?

La hipótesis de la senadora Vivian Morales es que, bajo las condiciones actuales, las circunscripciones no podrán alcanzar su  objetivo final: llevar la voz de las víctimas al Congreso, como quedó estipulado en el Acuerdo de La Habana. “La creación de circunscripciones electorales amañadas ha sido un problema histórico en este país (…) En solo 100 días después de  los Acuerdos de Paz ya han sido cooptados 30 municipios por grupos como el Clan del Golfo y la guerrilla del Eln. La población de las circunscripciones  va a ser botín de una guerra electoral para los próximos comicios de marzo entre los actores armados que se están disputando el control territorial y frente a los cuales el Estado no ha podido hacer nada”, concluyó la senadora.

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