Esta columna forma parte de nuestro proyecto #NiUnMuertoMas, de la estrategia latinoamericana de reducción de homicidios Instinto de Vida de Open Society Foundations e Igarapé. Para ver todos los contenidos haga clic aquí.

Lea la primera y la segunda entrega de ‘Los indeseables’.

En Colombia, una práctica constante por parte del gobierno ha consistido en descalificar a los defensores de derechos humanos cuando hacemos denuncias o reclamos, o cuando ponemos en evidencia las falencias del Estado en el momento de garantizar los derechos fundamentales. Lo vivimos durante ocho años de “encrucijada del alma”, en el gobierno de Álvaro Uribe, en el cual quienes nos identificamos como defensores fuimos acreedores de frases como “voceros del terrorismo”, “traficantes de derechos humanos”, “enemigos del Estado”, entre otras que apuntaban a estigmatizar nuestro trabajo, polarizarlo o meterlo en el costal de algún partido político.

En 2009, la estigmatización de los defensores había llegado a tal punto que la entonces relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, hizo un llamado al gobierno colombiano diciendo que “un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del gobierno”.

El estigma y el encasillamiento de los líderes sociales tiene unos impactos negativos inconmensurables, pues no solo genera que nuestros aportes se vean truncados, sino que nos hace perder credibilidad, pone en riesgo nuestro trabajo, atenta contra nuestra libertad y seguridad física y mental y, en ocasiones, puede terminar acabando con nuestras vidas. El último informe de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos en Colombia arrojó la cifra de 127 líderes asesinados en el año en 2016. En lo que va corrido de 2017, ¡Pacifista! ha registrado el asesinato de 36 defensores, algunos de los cuales habían solicitado el apoyo y protección del Estado porque sabían que los iban a matar, y los mataron.

Hace tres semanas, en Parces y el Centro de Pensamiento para la Acción y la Transición lanzamos [1] un informe sombra de derechos humanos sobre la intervención en El Bronx, en Bogotá, en el que denunciábamos las múltiples violencias que vivieron los habitantes de calle después del 28 de mayo [2]. Nuestros investigadores estuvieron con ellos, día y noche, con el fin de escuchar y dar voz a la comunidad agredida. Documentamos lo que sucedía y fuimos testigos directos de cómo la policía agredía de diferentes formas a la población habitante de calle: patadas, puños, piedrazos, disparos con balas de goma, palazos, y gases lacrimógenos.

La labor de documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos desde las calles es una tarea complicada. Nuestro contexto de trabajo de campo implicó para el equipo de investigación estar inmerso en una situación de crisis humanitaria: en el caño de la carrera 30 con calle 6 había personas desangrándose, docenas de habitantes de calle que señalaban en sus cuerpos todos los golpes que habían recibido por parte de la policía y que enfrentaban un lugar donde no había seguridad sanitaria, ni agua potable.

Observar y documentar la violencia en un escenario de múltiples riesgos, como el caño, no solo nos permitió elaborar un informe que denuncia las violencias sistemáticas y las prácticas de exclusión socio-espacial contra esta comunidad, sino que nos permitió llegar a la conclusión de que nuestra tarea cada vez se hace más difícil. Las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado no solo suelen ocurrir a la luz de las calles, sino a la oscuridad de los caños y a la adversidad de espacios de la ciudad que se salen de la vista pública. El Estado, a través de la Fuerza Pública, parece haber aprendido a esconder esas violaciones en lugares a donde no llegaríamos.

¿Creyeron que si pasaba en el caño nadie se iba a dar cuenta? No, estimados señores de la “limpieza social”: por más que intenten esconder sus violencias en caños, a horas de la madrugada, nosotros hemos ideado mecanismos de resistencia que nos permiten documentar sus violaciones a los derechos humanos hasta en los escenarios más riesgosos y de mayor vulnerabilidad.

Por más que quieran convertirnos en el antibiótico al que el virus de la violencia generó resistencia, nosotros somos la resistencia. Mi compromiso, pues, para la transición, es documentar y denunciar las formas de violencia en las calles y generar redes entre los defensores. Desde mi privilegio, de ser defensor en la ciudad de Bogotá, me comprometo a no guardar silencio a cada homicidio, a no naturalizar esta violencia, a romper los círculos cómplices que la esconden y la normalizan, a no tener miedo. No nos vamos a callar.

 

*Alejandro Lanz es el director ejecutivo de Pares en Acción-Reacción Contra la Exclusión Social (Parces ONG).

**Este es un espacio de opinión. No compromete la posición de VICE Media Inc.

@AlejandroLanz11

[1] Pares en Acción-Reacción Contra la Exclusión Social – Parces- El Centro de Pensamiento y Acción para la Transición – CPAT, Destapando la Olla: Informe Sombra de Seguimiento a la Intervención del Bronx, 2017.
[2] Ver capítulo de ‘Derechos Humanos: Voces y Visiones desde el Caño’ que fue la contribución de parces al informe, pgs. 42-58. Disponible en http://bit.ly/2qtuCQJ

ARTÍCULOS RELACIONADOS