Este artículo fue publicado originalmente en VICE Colombia

Por Julio C. Londoño A. 

En un rastrojo, con dos machetazos en la cabeza y uno más en la espalda, fue hallado el cuerpo de Árvinson Flórez González de 21 años, líder social LGBT del municipio de Córdoba, Bolívar. A principios de mayo de 2016 y justo un día después, en el municipio de Magangué, a dos horas de Córdoba, fue encontrado el cuerpo apuñalado de otro líder social, Eugenio Gil Acosta, un hombre gay de 29 años. En ambos casos los asesinos fueron capturados y el móvil rápidamente definido como “crimen pasional”.

Tan solo 20 días después, la corporación Magangué Más Diversa, a la que pertenecía Eugenio, recibió un panfleto amenazante con un listado de personas del municipio descritas, de manera personalizada, con un mensaje tipo: “gay (sic) viciosos que andan con escándalos en las noches todos tienen sida”, “gay degenerado anda culiando con machos casados”, “extorsionista portadora de VIH” y “prepago viciosa degenerada”.

Este es un panfleto que recibió la corporación Magangué Más Diversa

El reciente informe de derechos humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, Entre el miedo y la resistencia, realizado por Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, registra un total de 108 personas LGBT asesinadas en 2016. De esas personas, siete fueron identificadas como líderes sociales, la mayoría defensores de derechos humanos de la región Caribe.

Además de las muertes de Eugenio y Árvinson en Bolívar, está la de Samir López Visbal, concejal LGBTI de Galapa, Atlántico; y la de Oriana Nicoll Martínez, lideresa transgénero cuyo cuerpo fue hallado en una habitación de un motel en Riohacha. Oriana ya había sido víctima de amenazas por parte de un actor armado cuando ejercía el trabajo sexual en Sincelejo. Además, había recibido un disparo por parte de un funcionario de la Sijín, según le contó Fillín López Padilla, líder de la fundación Sucre Diversa, al portal aldia.co del periódico El Heraldo.

Según el informe de las organizaciones, el caso de Oriana revela serias fallas en los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y líderes sociales. “Ella había sido víctima de amenazas previamente, pero estos hechos no fueron debidamente investigados ni sancionados. Las amenazas fueron atribuidas a grupos paramilitares, pero en muchos de estos casos las autoridades se limitan a decir que los paramilitares ya no existen y no investigan a fondo las denuncias, ni eliminan los factores de riesgo”.

Pero, además, el caso de Oriana ejemplifica ese círculo de violencias a los que se enfrenta una persona con orientación sexual o identidad de género no hegemónica en Colombia.

La muerte de estos líderes sociales es apenas una pequeña parte de la violencia política a las que se enfrentan los sectores LGBT en Colombia. Según el informe de las tres organizaciones, en 2016 se registraron un total de 49 amenazas en 17 departamentos del país: 15 atribuidas a grupos ilegales, cuatro a conocidos de las víctimas, siete a desconocidos y 23 más sin información. De estos hechos, cinco fueron amenazas directas en contra de activistas y organizaciones LGBT.

“Las amenazas hacia personas LGBT —explica el informe— siguen siendo una acción sistemática de violencia usada por grupos armados, delincuencia común o actores sin identificar que tienen como intención generar zozobra, atemorizar y amedrentar”. Igualmente, las organizaciones señalan que los principales victimarios, además de paramilitares, guerrillas o bacrim, también han sido civiles y organizaciones de delincuencia común.

El Valle del Cauca, donde se ha registrado gran parte de los asesinatos de líderes sociales tras los diálogos con las Farc y la posterior firma del acuerdo de paz, es el departamento con mayor número de amenazas contra los sectores LGBT con un total de 17 casos.

El día 23 de septiembre de 2016, por ejemplo, la Fundación Valle sin Fronteras recibió un panfleto firmado a nombre de Los Rastrojos. A diferencia de muchos casos en los que la amenaza va dirigida a la población LGBT en términos generales, esta fue dirigida directamente a la fundación.

“Como grupo armado encargado de la limpieza social de Tuluá y de Valle en general les damos una semana para que se larguen o se desaparezcan […] no necesitamos ni de su fundación ni de sus activistas maricones”. El panfleto, además, incluía los nombres de líderes sociales de esas comunidades. La organización ya había recibido llamadas intimidantes, hechos que, según Andrés Orejuela, líder de la fundación, fueron denunciados ante las autoridades.

La amenaza firmada por Los Rastrojos va dirigida directamente a la Fundación Valle sin Fronteras y Servicios Amigables de Tuluá.

“Aunque todas las entidades ya son conocedoras del tema”, dijo Andrés al portal HSBNoticias.com pocos días después de los hechos, “sentimos total indiferencia por parte de la Policía Nacional, la Secretaría de Bienestar Social, y la Coordinación de Diversidad, entidades las cuales no se muestran comprometidas en el caso”.

Por estos hechos, tres integrantes de la organización debieron desplazarse hacia otros municipios. Según Andrés, ya habían sido víctimas del conflicto armado pero sus casos no fueron atendidos. Sólo la administración municipal les entregó unos bonos de transporte para que abandonaran el territorio.

Algo similar sucedió con la Fundación Ovejas Diversas, del municipio de Ovejas en Sucre. El panfleto, escrito a puño y letra y firmado a nombre del ELN, advertía que en un plazo de 72 horas la población LGBT debía abandonar el territorio, de lo contrario, habría “dolor, sangre y llanto”. Según información de Caribe Afirmativo, un año antes en los Montes de María –a media hora del municipio de Ovejas–, ya había circulado varios panfletos contra personas LGBTI, y en el municipio de San Marcos un hombre gay y tres mujeres trans fueron asesinados en 2015, lo que llevó al desplazamiento de otras personas LGBT de la sociedad civil.

En entrevista a Caribe Afirmativo, una lideresa trans de este último municipio, aseguro que allí “no quedó nadie de la comunidad LGBT, todos nos fuimos o se escondieron. En mi caso me fui sin pensarlo dos veces, después de haber sufrido no sólo de amenazas sino de un intento de homicidio. A esta gente [los actores armados] no les agrada lo que hacemos y cómo somos: nos ven como un peligro y por eso actúan así. Me han dicho que ahora andan por otros lados amenazando y atemorizando a nuestra comunidad”.

A finales de 2016, Caribe Afirmativo, organización que colaboró con el informe de derechos humanos, recibió también un panfleto a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el que peyorativamente llamaban a la organización “Caribe Maricones” y se señalaba, con amenaza de muerte, a otras organizaciones de la sociedad civil de Barranquilla.

“En muchos de estos casos el Estado deslegitima la veracidad de la amenaza argumentando que en esa zona no hay presencia de ese actor armado”, se lee en el informe, “o que sencillamente no existe. Ello hace que el caso no se investigue, no se analice las implicaciones, ni les otorgue, en la mayoría de los casos, medidas de protección a las víctimas, quienes quedan en una situación total de indefensión y como única salida tienen el desplazamiento o que permanezcan encerradas en sus viviendas”.

La realidad retratada por el informe me impulsa a pensar que la sexualidad, necesariamente, debe ser, también, un asunto político.

 

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