CTC, José Raquel Mercado, Luis Miguel Morantes

Al fondo, la imagen de José Raquel Mercado. Al frente, Luis Miguel Morantes, presidente de la CTC. Foto: Santiago Mesa

Para que a nadie se le olvidara que les habían “robado las elecciones” el 19 de abril de 1970, los socialistas de la Alianza Nacional Popular (Anapo) le pusieron a su propia guerrilla Movimiento 19 de abril (M-19). En 1976, tan sólo dos años después de su creación, ‘El Eme’ le dejó al país otra razón para recordar esa fecha: asesinó a balazos al dirigente sindical José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).

Dos meses antes del crimen, los comandos “Simón Bolívar” y “Camilo Torres Restrepo” del M-19 anunciaron que habían “detenido” a Mercado y que lo habían “puesto en prisión” para someterlo a un “juicio popular”. En un comunicado de dos páginas, ‘El Eme’ le pidió a la sociedad civil que escribiera en “muros, vallas, buses, billetes, teatros, calles, estadios, plazas y aeropuertos” si Mercado era o no culpable de los tres delitos ficticios que se le imputaban: “traición a la patria”, “traición a la clase obrera” y ser “enemigo del pueblo”.

Que escribieran “sí” o “no” a las oficinas de los periódicos y de las revistas “de izquierda”, a las juntas de acción comunal, a la CTC, a la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), para saber si Mercado debía ser castigado con la muerte por realizar “maniobras antiobreras, antipopulares y antipatria” y por haber puesto al pueblo “a órdenes del explotador y del yanqui”.

En la noche del 18 de abril de 1976, los guerrilleros votaron. Ganó el “sí”, y en la madrugada del día siguiente mataron a tiros al presidente de la CTC. Horas después, los comandos operacionales del M-19 abandonaron el cuerpo sin vida en el parque El Salitre de Bogotá.

Han pasado 40 años desde ese crimen. Cuatro décadas en las que la CTC ha conmemorado el asesinato de un presidente que creció en los barrios pobres de Cartagena, que trabajó desde niño como estibador en los muelles y que era aficionado a la música de orquesta. Fue cargando y descargando barcos que Mercado decidió crear la Federación de Trabajadores de Bolívar, filial de la CTC. Más de una década después, fue elegido por los sindicalistas para dirigir la central obrera más antigua del país.

Este año, en la vieja casa de dos plantas del barrio La Soledad, de Bogotá, donde funciona la CTC, los dirigentes sindicales volvieron a rechazar el asesinato de Mercado. Luis Miguel Morantes, actual presidente de la central, opina que el M-19 lo mató para “hacerse una gran publicidad e influir miedo. Para amedrentar a los líderes sindicales, para decirles que serían implacables si no se ponían de su lado, si no abandonaban los partidos políticos y la interlocución con el Gobierno”.

Dicen los sindicalistas que nadie sabe cuál fue la “traición” que cometió Mercado ni a nombre de cuál pueblo lo asesinaron. Pero tienen algunas pistas. Entre ellas, que Mercado negoció con el gobierno conservador de Guillermo León Valencia reformas al Código del Trabajo; que salió varias veces del país para asistir a las reuniones de una central sindical mundial, donde se relacionó “con los gringos”; que fue miembro del consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde confluyen gobiernos, sindicatos y empleadores, y que fue representante a la Cámara por el partido Liberal durante el Frente Nacional. Es decir, que se codeaba con el poder. Pero nada de eso era delito, ni existía la pena de muerte, ni el M-19 era juez.

José Raquel Mercado

Primera página del documento con el que el M-19 publicitó el secuestro de José Raquel Mercado.

Luz Mary González, vicepresidenta del Departamento de Mujeres de la CTC, asegura que “José Raquel Mercado fue un líder aguerrido, que luchó por los trabajadores y que jamás fue un ‘vende-obrero'”. En la reciente conmemoración de su asesinato, dijo que “esperamos y exigimos que el M-19 le pida perdón a la CTC, que después del crimen quedó marcada como un nido de traidores” y perdió a decenas de sus afiliados. Lo mismo pidió Beethoven Herrera, coordinador de Diálogo Social de la OIT en Colombia: “ya las Farc fueron a pedir perdón a Bojayá, a otros (al ELN) les tocará hacer lo mismo en Machuca. Ojalá que el otro año estén aquí los congresistas, gobernadores y alcaldes que fueron del M-19”.

Pero los antiguos dirigentes del M-19 parecen no tener respuestas. El senador Antonio Navarro Wolff, excombatiente de esa guerrilla, dice que cuando asesinaron a Mercado él aún no se había vinculado a esa organización y que no tiene conocimiento del crimen. Además, que ninguno de los excombatientes puede dar razón, porque “los que estaban en Bogotá en esa época eran Iván Marino Ospina, Carlos Pizarro, Álvaro Fayad… y a todos ellos los mataron”. El entonces comandante de esa guerrilla, Jaime Bateman Cayón, murió en un accidente aéreo en 1983.

Navarro, que fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, recuerda que el proceso de paz que se llevó a cabo entre el M-19 y el Gobierno no incluyó procesos de reconocimiento de la verdad ni de reconstrucción de la memoria, por lo que tampoco existen confesiones o archivos que contengan información detallada sobre el homicidio de José Raquel Mercado.

Según Navarro, “los temas que se tratan ahora, relacionados con las víctimas y con la verdad, son algo que nunca antes había tenido espacio en los procesos de paz en Colombia; ni en la paz nuestra, ni en la del Frente Nacional, ni en la del EPL”. Y agrega que en esa época los crímenes “se concebían como algo que había pasado en el conflicto y que debía dejarse atrás. A nadie se le ocurrió que esos procesos había que hacerlos, ni siquiera a la gente de derechos humanos. Era un momento distinto de la historia”.

Lo cierto es que, al igual que los paramilitares y los agentes del Estado, las guerrillas tienen mucho que confesarle al país sobre los asesinatos de sindicalistas.

En 2012, la Comisión Colombiana de Juristas y la Escuela Nacional Sindical concluyeron que las organizaciones insurgentes eran responsables de al menos el 5% de los 2.887 homicidios cometidos contra trabajadores sindicalizados entre 1986 y 2010. Asimismo, que durante ese periodo habían cometido 53 amenazas, desapariciones forzadas y atentados. ¿La razón? La misma que, al parecer, motivó el asesinato de Mercado: las víctimas no se alinearon con los proyectos políticos de las guerrillas, se alejaron de ellos o no permitieron que cooptaran los sindicatos, lo cual pudo ser interpretado como una “traición”.

Cuarenta años después del asesinato del presidente de la CTC, el borrón y cuenta nueva que pactaron el presidente Virgilio Barco y el M-19 seguirá manteniendo ese crimen en la penumbra. Y, por ahora, todo indica que las víctimas de las Farc, del ELN, de los ‘paras’ y de la Fuerza Pública, sí tendrán derecho a saber la verdad, a que se haga justicia y a que se preserve la memoria. Al menos eso ha prometido el Gobierno, que en distintos escenarios ha repetido que, este sí, es el momento de las víctimas. La historia dirá.

ARTÍCULOS RELACIONADOS