El general retirado Mario Montoya en la audiencia de sometimiento en la JEP. Foto: JEP

En una audiencia tensa, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales le pidieron al general retirado que no las revictimice, que diga la verdad. 

Cuando el general (r) Mario Montoya estaba dando sus primeros pasos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en Medellín transcurría una protesta simbólica por las víctimas de los falsos positivos, de la Operación Orión y de las masacres paramilitares desde 1999: todos los casos en los que el general Montoya estaría involucrado. Las víctimas le enviaron un mensaje claro al militar: si quiere aportar a la paz, debe decir la verdad en la JEP y pedir perdón.

Estas exigencias, sin embargo,  estaban lejos de lo que sucedería en la audiencia de manifestación de sometimiento del general Mario Montoya. En la JEP, el militar no aceptó su responsabilidad en el escándalo de los falsos positivos ni en otras ejecuciones extrajudiciales. Evitó, en varios momentos, hacer contacto visual con las víctimas que estaban presentes en el recinto: como las madres de Soacha – incluyendo a Luz Marina Bernal –  y otras víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

La audiencia fue tensa. Montoya no aceptó la responsabilidad y los abogados de las víctimas le pidieron al juez que continuara el proceso contra el general, pues de lo contrario, señalaron, se estaría generando un ambiente de impunidad. Sin embargo, la defensa del general retirado señaló que no puede responder por crímenes que fueron cometidos por brigadas o unidades menores. Montoya, como comandante del Ejército, señaló desconocer las actuaciones de sus subalternos. El abogado del general, Andrés Garzón, dijo que en lo que viene del proceso demostrarán su “inocencia”: “Lo hemos reiterado muchas veces, la JEP es nuestro juez natural y ante este juez empezaremos a demostrar la absoluta inocencia del general Montoya”.

La respuesta del abogado del general molestó a las víctimas. De acuerdo con el abogado Germán Romero, uno de los representantes jurídicos de las víctimas,  es “absurdo que no se reconozcan a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales porque según su criterio, al ser comandante del Ejército entre 2006 y 2008, no tenía capacidad de mando sobre las unidades tácticas y menores”. Para las personas afectadas, Montoya debe responderle a 102 víctimas, pese a que en esta audiencia solamente fueran citadas 16.

Protesta contra el general Montoya en Medellín. Foto: IPC

Más allá del silencio de Montoya en la primera audiencia, lo cierto es que el hecho de que haya decidido ir a la JEP demuestra que no es una entidad legítima solamente para los excombatientes de Farc, sino que los más altos mandos también la reconocen. Al no rechazar la versión de las víctimas, el caso del general retirado pasa a la Unidad de Investigación y Acusación, la cual analizará las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra y los documentos y testimonios de las organizaciones de víctimas. Después, esta unidad deberá tomar una decisión: archivar el caso por falta de evidencia o acusarlo. En caso de que lo encuentre culpable, Montoya tendrá que aceptar su responsabilidad y pagaría una pena de ocho años de prisión. Si no lo acusan, su caso seguiría en la justicia ordinaria, donde está estancado desde 2016.

La historia de Montoya, la mano derecha de Álvaro Uribe

Montoya tiene un largo historial en la justicia ordinaria, pero en ningún momento ha sido condenado. En 2016, la Fiscalía anunció una audiencia de imputación de cargos contra el general por su presunta responsabilidad en más de 500 ‘falsos positivos’ entre 2006 y 2007, pero ésta se suspendió y nunca se retomó. Actualmente, Montoya tiene dos procesos activos en los tribunales: uno por la alianza entre grupos paramilitares y la Fuerza Pública durante la operación Orión en la Comuna 13 de Medellín y otro por  las ejecuciones extrajudiciales que se mencionaron anteriormente, las cuales se presentaron, en su mayoría, en Valledupar y Santa Marta.

Antes de ser comandante del Ejército, entre 2006 y 2008 – segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez –,  Montoya comandó la Primera División del Ejército. Antes estuvo al frente de la IV Brigada, con sede en Medellín. Cuando comandó la cuarta Brigada ocurrió la masacre de Bojayá, en la que murieron cerca de 100 civiles. En ese entonces, Montoya fue denunciado por, presuntamente, reunirse con paramilitares, quienes sostuvieron varios días de combate con las Farc. Además, al general lo cuestionaron por la omisión que habría tenido para proteger a la población civil.

Más adelante, en 2002 y 2003, Montoya ordenó dos operaciones cuestionadas en Antioquia: la operación Marcial, contra las Farc en el oriente antioqueño –donde 88 civiles habrían sido presentados como civiles muertos en combate–  y la Operación Orión en la Comuna 13, donde desaparecieron 95 personas. Entre 1991 y 2001, además, en el Congreso de Estados Unidos cuestionaron a Montoya por una fosa común encontrada en Putumayo con más de 100 víctimas de las Atuodefensas. En ese entonces, el general estaba a cargo de la región como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Sur, financiada por Estados Unidos.

Después de 2005, cuando comenzó a regir la Ley de Justicia y Paz, varios comandantes paramilitares acusaron a Montoya de establecer relaciones con las Autodefensas. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’,  dijo que en la Operación Orión hubo una alianza premeditada entre las tropas del Ejército, la Policía y el Bloque Cacique Nutibara de las AUC. “Las Autodefensas del Bloque  fueron al área de la comuna 13 como parte de una alianza con la IV Brigada del Ejército, incluyendo al comandante, general Mario Montoya, y el general de la Policía Nacional Leonardo Gallego”, dijo en ese entonces Don Berna.

Por otro lado, el paramilitar desmovilizado Luis Adrián Palacio, alias ‘Diomedes’, dijo en una versión libre en Medellín que el general Montoya le entregó personalmente siete fusiles y una camioneta como un reconocimiento por el trabajo del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En 2010, Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’,  dijo el Bloque Centauros de las AUC le envió a Montoya 1.500 millones de pesos para que los ayudara con operaciones en la zona de Casanare.

A estas denuncias se suma la de Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, extraditado por narcotráfico. Según él, Mario Montoya Uribe “estaba en la nómina” de la ‘Oficina de Envigado’, empresa criminal liderada por ‘Don Berna’. Y esto no es todo: al general también lo relacionan con la masacre paramilitar en San José de Apartadó, perpetrada por el Bloque Héroes de Tolová en 2005, en la que murieron ocho personas, incluyendo tres menores de edad. En esta masacre, Montoya también habría propiciado una alianza con los paramilitares.

Si bien es cierto que el general Mario Montoya Uribe fue condecorado por su trabajo en el Ejército e incluso lideró operaciones históricas como “Jaque”, cuando la Fuerza Pública rescató a Ingrid Betancourt y otros secuestrados en poder de las Farc, el historial de denuncias contra el general retirado es bastante amplio. Como comandante del Ejército, entre 2006 y 2008, se llevaron a cabo la mayor parte de ejecuciones extrajudiciales. Solamente en este periodo se abrieron 750 investigaciones por los llamados ‘falsos positivos’. Estas investigaciones, al sol de hoy, siguen en vilo.

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