La masacre de El Aro fue perpetrada cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. Foto: Édgar Domínguez

Hace diez días, en el municipio Santa Rosa de Osos, en Antioquia, fue capturado Jaime Alberto Angulo, un hacendado que participó en la masacre de El Aro.

Esta tuvo lugar en 1997 en el municipio de Ituango. Allá, 200 paramilitares incendiaron el corregimiento El Aro, asesinaron a sangre fría a dieciséis campesinos y desplazaron a 250 civiles.

La captura de Angulo toca el corazón de un debate complejo.

¿Deben los  terceros —por ejemplo, los empresarios, los civiles y los hacendados— rendir cuentas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

Hoy, tal como está la JEP, los terceros no están obligados a asistir a los tribunales de la justicia transicional. Esto quiere decir, en plata blanca, que no están obligados a decir la verdad.

Por la masacre de El Aro fue condenado a treinta y tres años de cárcel Francisco Villalba Hernández, alias Cristián Barreto. En este crimen atroz también participó el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos en 2008.

A raíz de los testimonios de las personas que participaron en la operación y de las algunas víctimas, el Tribunal Superior de Medellín ordenó investigar incluso al expresidente Álvaro Uribe por la supuesta presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia durante la incursión de los paramilitares en El Aro.

Jaime Alberto Angulo es el primer capturado que no pertenecía a las estructuras criminales.

Es precisamente uno de aquellos ‘terceros’ que, sin ser actores directos del conflicto, participaron en él. En el caso específico de El Aro, Angulo es sindicato de haber respaldado a los grupos paramilitares.

Si se sometiera a la JEP, Angulo de manera obligatoria tendría que contar toda la verdad para recibir una rebaja de pena. Como están las cosas, sin embargo, él puede someterse voluntariamente al tribunal, pero no debe hacerlo.

Mientras no lo haga deberá sortear los tiempos y procesos de la justicia ordinaria, donde lo acusan por presuntos delitos de tortura, violencia sexual y homicidio agravado.


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¿Verdad a medias?

Para las Farc, el problema de que los terceros no sean obligados a ir a la JEP tiene que ver con que la verdad sobre el conflicto quedaría a medias. No se sabría a ciencia cierta, por ejemplo, qué empresarios participaron en el conflicto.

El mismo presidente Juan Manuel Santos calificó como “una torpeza” que los terceros queden por fuera de la JEP.

“Si hay algún tercero que haya cometido un crimen de lesa humanidad tendrá penas mucho mayores si es juzgado por la justicia ordinaria. Si había cometido un delito de guerra y dice la verdad en la JEP pues queda libre”, dijo el mandatario.

En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Nación por fracasar en la protección de los pobladores de El Aro. Dentro de las exigencias que le hizo la Corte al gobierno está la obligación de investigar a los responsables de la masacre y la reparación y garantía de seguridad para las víctimas.

En medio de este debate, ¡Pacifista! logró contactar a Martha Inés Posso, una de las víctimas de la masacre de El Aro, que ha permanecido en el corregimiento pese a los incumplimientos del Estado y las amenazas de diferentes grupos armados.

Según ella, la justicia debe garantizar la verdad, de lo contrario será difícil hablar de paz.

 

Martha Inés Posso , víctima de la masacre de El Aro. Foto: Cortesía

¿Cómo ven la justicia que trae el proceso de paz?

Nosotros queremos que esta justicia cumpla con lo que se prometió: que se cuente la verdad.

¿Qué esperan ustedes? ¿Qué incertidumbres tienen?

Que cuenten cómo fue todo, quién los ordenó a hacer eso, es que a nosotros no nos han dado absolutamente nada. Desde el Estado nunca hemos recibido nada a favor. Ahora como primer paso deberían decir bueno, la masacre ocurrió por esto y esto y participaron estos y aquellos.

Digamos, si las cosas quedan así ¿quedarían inconformes?

No hemos recibido nada por parte del Estado, ni verdad, nada, por eso no tenemos razones para estar conformes.

¿Qué les han dicho desde el Gobierno?

Nos dijeron que nos iban a dar una indemnización por haber sido desplazados por la masacre de El Aro.

¿Y qué pasó con la Ley de Víctimas y la sentencia de la Corte Interamericana?

Hace muchos años los pobladores de El Aro estamos registrados como víctimas ante el Estado. Yo como víctima recibí tres ayudas hace tres o cuatro años pero desde entonces no me dan nada porque, supuestamente, nos van a dar una indemnización.

¿Qué les daban?

Ayudas humanitarias. La última que me dieron fue de 200 mil pesos.

Eso no es nada…

Eso no es una limosna para nosotros.

¿Tienen expectativas con el proceso de paz?

Nosotros no hemos tenido a nadie que nos oriente, la verdad no sabemos qué va a pasar.

¿Se enteró de la captura de Jaime Alberto Angulo?

Leí en Facebook, pero la verdad no sabía que él estaba involucrado en ese suceso…

¿Quisiera que el asistiera a la JEP?

Pues la idea es que se sepa la verdad de lo que pasó, y que también pagué por lo que hizo.

¿Ustedes cómo ven el dilema entre la verdad y la cárcel? ¿Quisieran más verdad, menos cárcel?

A mí personalmente sí me gustaría que cuenten toda la verdad porque hay gente que está involucrada y que no ha respondido por sus faltas. Yo prefiero que salga todo al aire, que se descubra todo, que nos cuenten cómo pasó.

¿A usted cómo la afectó la masacre?

Perdimos familiares, perdimos todo lo material, perdimos la vivienda que teníamos, perdimos todo… Espiritualmente uno sufre mucho, perdimos la ubicación… Quedamos desubicados, nos trasladaban de un lugar a otro, nos reubicaban de un lugar a otro. Aún no hemos podido ubicarnos. Yo vivo en El Aro, pero a mis hijos les tocó irse a Bello, Antioquia. Yo voy allá, estoy con ellos, vuelvo, trato de pagar el arriendo. Sigo desubicada.

¿No mejoraron las cosas?

Es que nos dejaron desamparados, en los días de sufrimiento no recibimos nada.

¿Ha cambiado la violencia con el proceso de paz?

Sí, ahora en este momento está tranquilo. Nosotros queremos que se acabe la guerra, así sea difícil o casi imposible creerlo.

¿Qué le dicen sus vecinos?

Cada quién tiene su opinión diferente, pero le aseguro que en cuanto a subsidios ninguno ha recibido lo que el gobierno prometió. Si se han recibido, es por lo que ordenó la Corte Interamericana, por eso nos cuesta creer.

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