Foto: Ascamcat

La región del Catatumbo volvió a ser noticia por hechos violentos. Los campesinos, cansados, le pidieron al presidente acciones urgentes para contrarrestar el conflicto entre los grupos armados. 

En Norte de Santander, a 150 km de Cúcuta y atravesando el río Catatumbo, está el municipio El Tarra, el cual tiene cerca de 13.000 habitantes. Allí, a plena luz del día lunes 30 de julio, al menos nueve personas fueron asesinadas en un billar llamado Villa Esperanza.

Pasadas las tres de la tarde, una ráfaga de disparos atravesaron las paredes del billar. Según habitantes de la zona, las sujetos que dispararon llevaban las armas al aire libre, intimidando a la población. El periódico de La Opinión de Cúcuta, relató , por ejemplo, que diez hombres “encapuchados y armados hasta los dientes” llegaron a El Tarro en la tarde del lunes.

Luego de los disparos, los usurpadores se marcharon del lugar en motocicletas por un camino destapado, “eso fue horrible, los tipos rodearon el lugar y dispararon hacia todo el mundo. La gente corría a todos lados, unos murieron sentados tomando cerveza y otros jugando billar”, le contó una mujer al diario de La Opinión de Cúcuta.

Un grupo élite de la Policía Nacional fue designado para encontrar a los responsables y esclarecer las razones de la perpetuación de la masacre. Además, la administración del departamento ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos a cambio de información de los asesinos o los actores intelectuales de la masacre.

En cuanto a las víctimas, dos de ellas eran excombatientes de las Farc, al igual que dos heridos que aún se encuentran en observación. Igualmente, estaba un líder social — el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Km 82— y, según fuentes extraoficiales, entre los muertos había dos raspadores de coca ( también conocidos como raspachines). Sin embargo, la identificación de las víctimas de la masacre aún está en proceso.

De hecho, la noticia llegó a la Gobernación del Norte de Santander mientras el Ejército y la Policía de la zona estaban discutiendo sobre la seguridad de la región del Catatumbo y las amenazas en forma de panfletos hacia los líderes sociales. Entonces, el general Mauricio Moreno Rodríguez se levantó del consejo de seguridad, fue hasta El Tarra y desde el municipio confirmó la masacre.

Las reacciones ante el atentado fueron diversas. El presidente electo, a través de su cuenta de Twitter, repudió los asesinatos y pidió que “los principios de legalidad y justicia” prevalecieron en el país. Al rechazo de sumó la Defensoría del Pueblo, la ONU, la Asociación Campesina del Catatumbo y el Comité de Integración Social del Catatumbo.

Por otro lado, el EPL aseguró en un comunicado que la organización no tenía “nada que ver con el atentado”, igualmente, desde la cuenta oficial de la delegación de diálogos del ELN, condenaron la masacre y aseguraron que no eran responsables de ella.

Que hayan pasado 48 horas y las autoridades no tengan una versión clara sobre lo que sucedió en El Tarra solo demuestra la complejidad de esta zona. Incluso, cuando intentamos comunicarnos con líderes sociales del municipio no fue posible por la mala señal de las telecomunicaciones. Por el momento, la versión que prevalece en los medios regionales de Norte de Santander es que un grupo de personas vestidas de civil y con capuchas llegaron al billar armados con fusiles y abrieron fuego inmediatamente.

De acuerdo con la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), los hechos ocurrieron a las 2:30 de la tarde. “Rechazamos vehemente estos infortunados hechos que enlutan nuevamente al Catatumbo, dejando a nuestros campesinos pobres en medio de esta cruente guerra y manchando de sangre una vez más la historia de nuestra región. Estos hechos que siguen ocasionando desafortunados crímenes de campesinos de la región nos hacen rememorar los difíciles años del paramilitarismo y nos llenan de profundo dolor. A la vez, nos llevan a exigir a las autoridades el esclarecimiento de estos hechos que llenan de miedo y zozobra a la población en general”, dijo la asociación a través de un comunicado.

La hipótesis del paramilitarismo todavía está en evaluación, pues a grupos como el Clan del Golfo se suman el ELN el EPL y las disidencias de las Farc, las cuales contarían con más de 100 combatientes operando en  la región del Catatumbo.  Existen otras tres: que el ELN asesinó a disidentes de las Farc, que la masacre se produjo como el resultado de una batalla entre los mismos disidentes o que se trató de una emboscada del EPL contra integrantes del ELN.

La escalada de violencia en el Catatumbo está relacionada con la disputa entre diferentes grupos armados. Desde marzo de este año se sabe, por ejemplo, que las disidencias del frente 33 de las Farc han comenzado a operar en una zona en disputa donde existen grupos al margen de la Ley como ‘Los Pelusos’, un reducto del  EPL, y el ELN. Esta zona es estratégica para estos grupos, pues según cifras del mismo gobierno, en la región hay por lo menos 250.000 hectáreas de coca, lo que permite fácilmente una producción de 70 mil kilos de cocaína al año. Las disputas más recientes, nos contaron fuentes policiales, tienen que ver con quién se queda con el cartel de Sinaloa como principal cliente.


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Como le contó un campesino a ¡Pacifista! en febrero pasado, la falta de garantías por parte del Estado con la comunidad hace  muy difícil dedicarse a cultivar algo que no sea coca,  pues es un cultivo que da cosecha cada dos meses  y cuyo kilo se vende entre el $ 1’800.000 y los 2’000.000. Son números inigualables en el corto plazo por cualquier otro producto. En los últimos meses, los campesinos han estado inmersos en una disputa entre el Frente Libardo Mora Toro del EPL y la guerrilla del ELN, que tiene al  frente ‘Juan Fernando Porras Martínez’  en municipios como Tibú y El Tarra.

En abril pasado, cuando miles de habitantes de la región del Catatumbo salieron a marchar por la paz, el presidente Juan Manuel Santos anunció una intervención integral y envió 2.000 soldados a la zona, una medida que fue rechazada por las organizaciones campesinas.  La Asociación Minga, así como el Comité de Integración Social del Catatumbo, pidieron una intervención integral, real: “¿Cómo se explica una masacre a plena luz del día en El Tarra, cuando todas las salidas y entradas al casco urbano  están permanentemente custodiadas por Fuerza Pública?”, se preguntan hoy .

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