Foto: Adrián Hueso

Este artículo fue originalmente publicado en Vice Colombia.

Por: Felipe Sánchez Villarreal

“Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales femeninos”. Así condensó Clara Rojas, representante a la Cámara por el Partido Liberal, la utopía detrás de su más reciente proyecto de ley. El objetivo: sancionar económicamente a los ciudadanos que paguen por sexo en Colombia, a quienes el proyecto considera los “actores responsables de esta forma de violencia”.

El totazo empezaría en cuatro salarios mínimos por contratar a una prostituta durante los primeros dos años de vigencia de la ley y escalaría hasta 32 (algo así como 23 millones de pesos) después de nueve años. La plata recaudada iría a un Fondo Nacional de Atención y Apoyo a Personas en Situación de Prostitución que se crearía tras la aprobación de la ley. Todo, dice la representante Rojas, para reducir los índices de feminicidios, explotación sexual, violencia de género y para “generar mecanismos de protección y medidas alternativas a las personas que se encuentran en situación de prostitución”.

Toda esta semana y más allá de sus “razones suficientes” y su “fin noble” (como lo han calificado en algunas notas de prensa), el proyecto de ley y esa utopía de un “mundo sin prostitución” —la ya muy sabida profesión más vieja del planeta— fueron el foco de intensos cuestionamientos que la misma Clara Rojas ha reconocido pero que, sin embargo, no la han hecho dar un paso atrás.

No solo salió Fidelia Suárez, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, a decir que la idea del proyecto “solo promueve la ilegalidad y la violación de los derechos laborales y humanos” y que es “inconstitucional”, sino que algunas feministas, activistas y líderes de opinión se arrojaron a evidenciar sus fallas y contradicciones.

Comenzando por la problemática premisa vertebral del proyecto, según la cual la prostitución es equiparable a la esclavitud, a la violencia racista y hasta a crímenes horrendos como la ablación (aun cuando en Colombia el trabajo sexual es legal). Y también contrastando el entusiasmo de la representante Rojas con la alternativa sueca para reducir los índices de prostitución —y cuyas “bondades” fueron la base del proyecto de ley— con los datos reales: según una revisión reciente de ¡PACIFISTA!, las cifras muestran que ni siquiera en Suecia la sanción económica a los clientes redujo los índices de uso de servicios sexuales: “la prostitución no disminuyó, sino que simplemente se alejó de la calle”.

“Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud”, dice el proyecto de ley.

Aún con todo el bombo que ha tenido el tema estos días, en todas las discusiones ha habido una voz ausente: la de las prostitutas en ejercicio, la de las trabajadoras sexuales mismas, quienes, por supuesto, no solo son un sujeto pretendidamente protegido de la política, sino también unas afectadas directas de la eventualidad de que el mismo se vuelva ley. A pesar de haber escuchado los argumentos de fuertes voceras como Suárez, queda la sensación de que las prostitutas sobre quienes incidiría el proyecto han quedado relegadas al margen del debate. Como me dijo una chica en el Santa Fe, “no solo las leyes sino lo que se habla de nosotras ha sido lejos de nosotras, en unas oficinas y periódicos bien lejos de la calle”.

Por eso, salimos a hablar con algunas de ellas para conocer su opinión sobre el proyecto de ley que, más que sobre ningún otro ciudadano, impactaría directamente sobre su trabajo y sobre sus cuerpos. Charlamos con diez chicas del barrio Santa Fe, dos que trabajan itinerantes en Chapinero y contactamos por teléfono a una de las integrantes del colectivo Furia Diversa y Callejera (que, entre otras, trabaja con la creación de redes de apoyo entre trabajadoras sexuales y hace activismo político por sus derechos).

La muestra, aunque pequeñísima —considerando que tan solo en Bogotá habría alrededor de 23.000 prostitutas, si le creemos a las cifras aproximadas que Clara Rojas arrojó en una entrevista con El Tiempo—, deja entrever un panorama interesante. Empezando porque, de las chicas del Santa Fe, apenas una conocía de la existencia del proyecto de ley radicado el viernes pasado. También me recordaron que, a diferencia de la imagen general que suele estructurar estos proyectos de ley, las formas como se ejerce el trabajo sexual son diversas: en la calle, en establecimientos, por internet, webcammers, escorts… Esto, entre otras cosas, nos pone en la cara una evidente verdad: todavía hay una brecha gorda entre las propuestas del Congreso y las complejas dinámicas que rigen el trabajo sexual en el país.

Estas son las cinco grandes preocupaciones de este grupo de mujeres frente a la posibilidad de que multen a sus clientes y los efectos colaterales que podría conllevar el proyecto de ley:

1. “Si les empiezan a cobrar multas a los clientes nos acaban es a nosotras”

A pesar de que el proyecto afirma que “en ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas, ni pretende su penalización o sanción”, la realidad muestra todo lo contrario. Como dice Josefa, que lleva dos años trabajando como prostituta: “Imagínese, si esa vaina pasa nadie nos va a venir a culiar. Porque ‘ay, no, me van a multar’. ¿Y qué pasa si no vienen a donde uno a culiar? Nos joden es a nosotras. Lo que hacen es quitarnos a nosotras el trabajo y el sustento”. Esa preocupación, compartida por casi todas, empieza con la incertidumbre sobre qué otras alternativas laborales reales habría para las mujeres que dependen del comercio sexual para sobrevivir. “Si nos garantizaran que vamos a poder seguir haciéndonos la plata que nos hacemos en alguna otra actividad, yo diría que sí ahí mismito. Pero, usted sabe, no va a ser así”, remata Josefa.

Laura, de Furia Diversa y Callejera, lo condensa con contundencia: “Donde se apruebe el proyecto de ley, quiero saber qué van a hacer con la cantidad de mujeres, no solo colombianas sino venezolanas que vienen a camellar acá. ¿Qué van a hacer con esas familias? Porque muchas de nosotras no solamente nos prostituimos porque queramos, aunque haya muchos casos, sino que de la vagina de muchas mujeres sale no solo para pagar el arriendo de su casa sino el de su mamá, el de sus hijos, el estudio de sus hermanos, la comida… ¿Qué va a pasar con todas las familias que dependen de la prostitución?”. Juliana, que lleva más de diez años en el Santa Fe, lo confirma: “Como todos, tenemos bocas que alimentar. No pueden quitarnos la plata que nos da la comida, plata que ganamos con nuestra propia cuca”.

2. ¿Quién va a cubrir la demanda inevitable de sexo que tiene la gente?

El proyecto de la representante Rojas parte de otra premisa: “sin demanda, la oferta desaparece”. Pero, la pregunta queda abierta: ¿realmente una multa va a frenar el deseo sexual de los hombres? “Los manes van a seguir estando arrechos, no van a dejar de culiar y de buscarnos pa’ culiar así les cobren lo que quieran”, me dijo Silvana, una trabajadora sexual que llegó desde hace dos años a trabajar al Santa Fe. Y esa es la sensación general de todas: la plata no va a hacer que la gente deje de arrecharse y de buscar servicios sexuales. Rocío, que circula por Chapinero, está convencida de eso: “Esto no se va a acabar. Usted sabe que este es el trabajo más viejo del mundo, ni cobrando van a hacer que la gente deje de venir a pichar”.

De hecho, dos dijeron que les preocupaba que por esa multa el negocio terminara volviéndose clandestino y con cada vez menos regulaciones. Y por lo menos tres afirmaron estar convencidas de que la prostitución reduce los índices de violencia sexual en las casas de muchos “machos hijueputas” colombianos. Laura lo resume así: “La gente no va a dejar de querer tener sexo, entonces si los multan, pues los tipos ya no van a ir a putas para saciarse sino que las que van a sufrir son las mujeres que van por ahí”. Y va un paso más allá: “Un hombre que maltrata a su mujer en casa, que la golpea y la abusa y le parece repugnante su sexo, pues busca una prostituta. Una prostituta está dispuesta a complacerlo y esa mujer, por lo menos esa noche, no va a tener que aguantarse a ese cerdo que llega a golpearla o a violarla. Nadie piensa en la demanda real de sexo. Nosotras satisfacemos esa demanda inevitable”.

3. “¿Cómo van a hacer para que sepan quién entró a culiarnos y quién no?”

Esta es la gran preocupación de todas: cómo van a fichar a los clientes que paguen por sexo. “Ni se van a dar cuenta de quién entra y quién sale. Cómo le van a comprobar a usted, con evidencias, que a usted se la estaban comiendo. ¿Nos van a tener un tombo por puta?”, dijo, incrédula, Angie (una chica de 23 años que trabaja cerca de la Caracas con 21). Mariela, una compañera suya, lo reforzó con risas: “¿Cómo van a hacer para que sepan quién entró a culiarnos y quién no? ¿Se van a meter acá a revisar a cada tipo que entra a culear?”.

Y las posibles respuestas a esas preguntas son las que más las han indignado. Los mecanismos de control sobre todas las actividades sexuales que multaría la ley, de ser aprobada, todavía son inciertos. Sobre todo considerando que los circuitos de encuentro y de promoción de servicios sexuales son mucho más diversos que la sola calle o el prostíbulo. “Hay puntos que no contempla ese proyecto. Por ejemplo, en estos días estaba viendo páginas de sugar daddies para promoverme por la web y yo decía, ‘marica, quién regula esto, fácilmente puede escribirme un man de cualquier lado y decirme que me vaya adonde está y allá sí matarme o explotarme sexualmente y nadie lo regula’. Pero sí quieren regular las calles y establecimientos en vez de regular de forma más real los circuitos por los que nos movemos, sobre todo pensando en nosotras, en nuestro bienestar”, dice Laura.

Pero aún más que esa ausencia de regulaciones, a ella, como a Rocío y a Mariela, las preocupa el abuso policial que podría conllevar el escrutinio constante de las actividades y los intercambios sexuales, más aún cuando, según el informe Ley entre comillas de PARCES y PAIIS, la Policía es uno de los más duros agentes de violencia y estigmatización contra las trabajadoras sexuales (el 74% de las encuestadas del informe afirmó haber sido víctima de violencia verbal por parte de la Policía, y el 62%, víctima de violencia física). “Quiero ver qué pasa si le paran a una unos tombos al lado, quiero ver si van a fichar al cliente y no a cascarla a una o a echarla de donde está”, dijo Luz, una mujer de 40 que ha estado prostituyéndose desde hace tres años.

“Ella piensa montar una policía que esté pendiente de eso. Pero estoy segura de que esa policía no va a estar ahí como ‘ay, no, si le va a pagar a ella, venga yo le cobro’. Sino que van a decir: ‘usted se está prostituyendo, entonces venga yo la casco o la vulnero o la subo a una perrera o la culpa es suya por ser puta’“, dice Laura. “Clara Rojas plantea un escenario imposible, irreal. Si hablamos de prostitución de calle, ¿va a haber una policía en cada auto? ¿Una policía por prostituta? Es un imaginario imposible”. Lo sabe Cristina, que ejerce su trabajo de forma itinerante en diversos puntos de Chapinero: “Esa gente jamás va a poder saber yo qué estoy haciendo ni a qué me meto a los carros. No hay tombos suficientes pa’ metérsenos a todas en la vagina y en el carro”.

4. “Yo aquí he atendido a más de un congresista. ¿Se van a multar a ellos mismos?”

El uso de servicios sexuales por parte de funcionarios públicos no es nada nuevo (casos como la ‘Comunidad del anillo’ y el excongresista Carlos Ferro son apenas el ápice). Y Juliana, otra de las chicas del Santa Fe, lo enuncia de forma muy cruda: “Puros bobos mojigatos los que apoyan eso. Como si no culiaran. Yo me he pichado a más de un congresista: los primeros que pagarían esa platica de la multa serían ellos”. Laura coincide en la existencia de ese escenario potencial: “Todos esos de la Cámara y el Senado que pagan por prostitutas, ¿se van a multar a ellos mismos?”. De hecho, ella misma recuerda que ni las calles ni los establecimientos son el único camino de acceso al trabajo sexual: “¿Quién regula las redes y sitios web donde se accede al sexo fácilmente? Es solo ponerse una cita y ya, que pase lo que sea. Nadie se da cuenta”.

Además de la desconfianza y el “cinismo” que ven en los miembros del Congreso en sus políticas en torno a la prostitución, varias reclaman alternativas reales que, a diferencia del proyecto de la representante Rojas, no son caerle a los clientes (e, indirectamente, a ellas y a sus insumos de trabajo). Como dijeron dos: “lo que deberían es criminalizar a los dueños de los establecimientos, a los dueños explotadores, no a nosotras”.

5. “¿En situación de prostitución? No: prostituta”

¿La prostitución es, como afirma el proyecto de ley de Clara Rojas, “una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que hay que reglamentar porque es una forma de violencia de género”? Para las prostitutas con las que hablamos, no es tan así. Las rutas que encaminan a las personas hacia el trabajo sexual son diversas. En el informe Ley entre comillas se habla, de forma contundente, de establecer una diferencia entre quienes deciden subsistir del trabajo sexual y quienes son obligadas a hacerlo; es decir, la diferencia entre el trabajo sexual y la explotación sexual:

“La explotación sexual es una violación a los derechos humanos que implica la amenaza o el uso de la fuerza, el secuestro, el engaño u otras formas de coerción con el propósito de obligar a una persona a dar servicios sexuales sin su consentimiento. El trabajo sexual, en cambio, es un intercambio consensuado entre dos personas adultas en el que se intercambia algún acto sexual por una retribución económica o en especie y no representa una violación a los derechos humanos”.

De esa diferencia parten muchas de las inconformidades. Laura y su colectivo encuentran ofensiva la calificación generalizada de las trabajadoras sexuales como personas “en situación de prostitución”. “Yo he hecho parte de varias mesas de la Secretaría de la Mujer, de Gobierno y otros observatorios donde se habla de la prostitución así: ‘en situación de prostitución’. Como si estuviéramos enfermas, como si tuviéramos dislocada la vagina. Es terrible. Hay que cambiar los términos, que nos reconozcan como interlocutoras en igualdad de derechos y no solo marginalizarnos e invisibilizarnos”. Silvana afirmó algo parecido: “Yo culeo porque me da la gana y así me gano la plata. Esto es un trabajo igualito a los otros. No somos menos que nadie”.

Pero el debate no es tan sencillo. Sobre la prostitución se cruzan tensiones históricas, culturales, jurídicas y, sobre todo, morales, que la ubican en una zona gris. Las violencias sobre las trabajadoras sexuales son reales y los estigmas alrededor de su oficio siguen trayendo consecuencias funestas (ataques verbales, físicos, asesinatos, desapariciones). Un estudio de la Secretaría Distrital de la Mujer, citado por ¡PACIFISTA!, encontró que la mayoría de sus encuestadas aseguró “ejercer la prostitución ante la imposibilidad de otra alternativa para generar ingresos”, y que muchas se “iniciaron en la prostitución jóvenes —incluso antes de cumplir 18 años—. Además, el 40,7% de las encuestadas aseguraron haber sufrido alguna forma de violencia o vulneración de sus derechos en el ejercicio de su actividad”.

La pregunta sobre cómo regular el trabajo sexual, que es legal, sin abrir espacios para que la explotación sexual o las violencias se cuelen en el camino sigue abierta. Luz y Josefa piensan que la solución es que las garantías laborales y de seguridad para las prostitutas sean como las de cualquier otro oficio. El colectivo Furia Diversa y Callejera, por su parte, ha estado trabajando en la creación de redes de apoyo entre trabajadoras sexuales de todo el país. “Es difícil generar redes de apoyo, pero nosotras lo hemos trabajado durante más de dos años. Como la gente sabe, el maltrato y la explotación vienen desde las casas. Pienso que todos los problemas —no solamente la prostitución o la explotación sexual— nacen de la falta de una educación buena y de calidad. No la del colegio, sino bases de educación en casa. No pegarle a las niñas, no violar a los muchachitos, no dañarles la cabeza desde chiquitos”, concluyó Laura. “Si vives en una familia de seis hermanos, donde todo el mundo está comiendo mierda, en unas condiciones miserables, ¿qué harías? Yo salgo a la calle y puteo, traigo dinero y comida a la casa. Porque no tengo nada más, porque no me brindan una buena educación o alternativas. Esa necesidad inminente no se quita con una multa”.

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