Ilustración: Laura Velasco.

Los pasados 19 y 20 de septiembre Colombia presentó ante la ONU su sexto informe sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un compromiso que cumple desde 1968 cuando se acogió a ese pacto internacional. En la cita, el gobierno colombiano presentó las estrategias que ha adelantado para proteger los derechos de sus ciudadanos en varios campos: de la salud a la discriminación, del trabajo digno a la erradicación de violencias.

Este mes, el Comité de la ONU sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales publicó sus observaciones finales del encuentro. En el documento se celebra la firma e implementación de los Acuerdos de Paz y la creación de mecanismos de protección, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Unidad Nacional de Protección y la Ley Estatutaria de Salud.

Sin embargo, el Comité incluye una larga lista de preocupaciones y sugerencias. Esas sugerencias revelan que si bien el país ha avanzado en la creación de oficinas, dependencias, leyes y decretos para proteger los derechos de los colombianos, esos mecanismos se están quedando cortos y no están siendo efectivos al eliminar las violencias y las desigualdades y al reparar a las víctimas.

Las leyes están, también las oficinas, pero su creación ha tenido poco impacto sobre las injusticias que gran parte de los colombianos siguen viviendo.

Estos son algunos de los puntos sobre los que la ONU se pronunció y sobre los que Colombia tendrá que trabajar para presentar sus resultados a más tardar el 31 de octubre de 2022.

 

Acuerdos de paz y nivel de vida de desmovilizados

El Comité reconoció los acuerdos como un paso a favor de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de las víctimas y de las poblaciones históricamente afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, recomendó que justo ahora que “el Estado se encuentra en un momento crucial de construcción de paz” es preciso asegurar los recursos de la implementación de los acuerdos: recursos humanos, financieros y técnicos. Recomendó, además, garantizar la labor efectiva de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y asegurar la participación activa y transparente de la sociedad y de las víctimas en la implementación.

Por otro lado, la ONU le aconsejó al Estado implementar medidas para la debida reincorporación social y económica de las personas desmovilizadas. Eso, dice, mediante el refuerzo de proyectos productivos en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) —antes conocidos como Zonas Veredales— que, entre otras cosas, les provea una adecuada formación técnica.

 

Medio ambiente

La realización de consultas populares en poblaciones que pueden ser afectadas por proyectos de explotación de recursos naturales fue celebrada por la ONU. Pero resalta la necesidad de que los resultados de esas consultas sean tenidas en cuenta, pues muchas veces los proyectos se realizan a pesar de la posición de los pobladores.

 

Líderes sociales

La ONU se manifestó seriamente preocupada por la persistencia y aumento de los casos de hostigamiento, violencia y atentados en contra de defensores de derechos humanos en Colombia, especialmente líderes indígenas, campesinos y afrocolombianos. Considera, además, esas agresiones como un gran obstáculo en la construcción de la paz que pretende alcanzar el país.

Frente a eso el Comité de la ONU propone tres estrategias: investigar todos los casos de atentados en contra de líderes sociales, incluyendo las amenazas, y atender todas las denuncias; reforzar el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección para prevenir los casos de violencia y atender las necesidades diferenciales de cada comunidad; y realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de la labor de los líderes sociales con el fin de que puedan realizar sus labores sin miedo en ambientes de respeto libres de intimidaciones, amenazas y represalias.

 

Corrupción

Las medidas que el Estado colombiano ha implementado contra la corrupción no han tenido repercusión sobre el fenómeno: de 2012 a 2016, solo el 1,6% de los casos terminaron en condena. Por eso, el Comité recomienda al Gobierno colombiano atacar las causas subyacentes a la corrupción, adelantar leyes incluyendo un proyecto de ley que proteja a los denunciantes y por supuesto investigar exhaustivamente todos los casos de corrupción.

 

Acceso a la tierra y derechos de población indígena y afro

El informe menciona la importancia de la implementación de la Ley de 1448 de 2011 (la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) pero asegura que sus alcances han sido limitados. Por eso le recomienda al Estado la implementación de la Reforma Rural Integral y mejorar el funcionamiento de los mecanismos sobre todo para restituirle las tierras a comunidades indígenas, afro y campesinas.

Además, el Comité expresó su preocupación por la pobre implementación de la consulta previa el mecanismo con el que el Estado debe pedir el consentimiento de las autoridades indígenas y afro antes de tomar decisiones sobre políticas o proyectos que puedan afectar a sus comunidades o a sus territorios. Frente a eso, la ONU sugiere hacer un proyecto de ley estatutaria de consulta previa para regular el mecanismo. E intensificar los esfuerzos para que las decisiones de la Corte sobre salvaguarda étnica se cumplan.

 

Equidad de género y violencia contra las mujeres

Las mujeres afro, indígenas y campesinas son las más afectadas por la desigualdad de género en el país. El Comité de la ONU sugiere que una forma de erradicar el problema puede ser la puesta en marcha de medidas especiales temporales en salud, educación, empleo, seguridad y tierra que le permita a las mujeres de las zonas rurales acceder a los recursos a los que los hombres sí acceden. También aconseja investigar todos los casos de feminicidio y redoblar los esfuerzos en los centros de atención a violencias, para que en un solo lugar las mujeres encuentren la atención y asesoría jurídica, psicológica y médica pertinente.

 

Campesinos y cultivos ilícitos

En general, la situación del campo, según la evaluación de la ONU, es una de precariedad: la mayoría de los campesinos no sienten que su remuneración —cuando la reciben— sea suficiente, lo que se refleja en vidas de falencias y necesidades.

Por otra parte, muchos campesinos siguen participando en la erradicación manual de cultivos ilícitos, lo que ha ocasionado, dice el informe, que muchos salgan heridos o pierdan sus vidas debido a minas antipersonales o a enfrentamientos de grupos armados. La ONU asegura que las medidas de protección no han sido suficientes y además subraya el hecho de que Colombia no le entregó información sobre las medidas de reparación a los campesinos, y a sus familias, que han sido víctimas de los peligros de la erradicación manual.

En ese sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le recomendó a Colombia ponerle mucha más atención a la situación laboral de los campesinos, para que cuenten con las garantías en la ley y en la práctica de tener condiciones justas y remuneración digna. Además, insistió en la importancia de ofrecerles seguridad en el oficio de la erradicación manual y en la necesidad de contar con formas de reparación para los heridos y los familiares de los muertos. Por último, le recomendó al Estado que garantice que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ofrezca proyectos productivos que cuente con la participación activa de las comunidades en el diseño y la implementación de esos proyectos, para así garantizar su comercialización efectiva y segura.

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