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Representantes de la sociedad civil le mandaron una carta al gobierno, preocupados por el asesinato de líderes sociales. Montaje: ¡Pacifista!

El balance es negro: desde el inicio de la implementación de los acuerdos de paz, en Colombia ha sido asesinado cada cuatro días un miembro de un movimiento político o social. En total, hasta hoy, la cuenta de líderes muertos va en 29. Estas primeras víctimas del posconflicto son hombres y mujeres que trabajan en asociaciones campesinas, cabildos indígenas, sindicatos comunitarios o universidades; activistas políticos o sociales que serán, en últimas, los que legitimen la apuesta del gobierno por hacer cumplir el acuerdo de paz.

Cauca, Antioquia, Meta, Putumayo, Cesar, Córdoba y Valle son los departamentos donde se ha concentrado la violencia contra los líderes sociales. Pero esta ha llegado incluso a ciudades como Medellín o Bogotá.

Por eso, más de cincuenta representantes de la sociedad civil decidieron enviarle una carta al presidente Santos, al Fiscal General y al vicepresidente Óscar Naranjo. Entre los firmantes están escritores, profesores universitarios, artistas, activistas por la paz, fotógrafos, defensores de derechos humanos, políticos y académicos.

Lo hicieron por que están preocupados “por la grave crisis de garantías para la participación política y el ejercicio de derechos, especialmente por parte de defensores de derechos humanos y activistas sociales”, según dice el documento.

El texto afirma que persisten “patrones de violencia” en las regiones donde el posconflicto llegará con más fuerza, y que esos patrones hacen parte de una cadena de “disputas territoriales, rentas o formas de hacer política”. Según los firmantes, “al amparo de discursos de odio y de una rampante corrupción, actúan grupos que estigmatizan a los líderes sociales que se oponen a sus intereses y defienden las comunidades, recursos, y territorios”.

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“Al servicio de un complejo narco-paramilitar actúan grupos armados ilegales y agentes de violencia que, entre muchas de sus acciones, vienen atacando los liderazgos sociales comprometidos con la paz, la defensa de los derechos humanos y con la reconstrucción del tejido social y comunitario”, continúa la carta.

Conscientes de esa violencia, que miembros del Estado han insistido en que no es sistemática pero que las víctimas le achacan a grupos sucesores del paramilitarismo, señalan que “el Estado tiene la obligación de garantizar la protección adecuada de ese liderazgo, no hacerlo constituye un delito de omisión y un desconocimiento a los principios rectores de la Constitución”.

Frente al debate sobre la sistematicidad de los crímenes, las personas que apoyaron la redacción de esta carta afirman que “el mapa de asesinatos y amenazas a defensores de derechos humanos y líderes en las regiones y de ataques a organizaciones sociales, muestra la realidad y dimensión de la crítica situación y la necesidad de respuestas efectivas de prevención, protección e investigación”.

“Al servicio de un complejo narco-paramilitar actúan grupos armados ilegales que vienen atacando los liderazgos sociales comprometidos con la paz”

Al asesinato de líderes sociales se suman, de acuerdo con la carta, las detenciones “arbitrarias” contra “personas y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos”. El texto se refiere específicamente a lo sucedido a finales de marzo en el sur de Bolívar, donde fueron capturados una docena de líderes sociales, acusados de pertenecer a redes de apoyo del ELN en esa zona del país.

Frente a este hecho, los firmanes señalan que “lo que está en juego no es solamente la presunción de inocencia de unas personas, ni su derecho al ejercicio de la protesta social sino, además, la posibilidad real de la construcción de paz”.

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Finalmente, le pidieron al Estado que “más allá de expresar buenas intenciones, actúe de manera adecuada y oportuna, previniendo nuevos ataques y garantizando la adecuada protección del liderazgo social. Igualmente pedimos que actúe frente a los graves errores de administradores de justicia que proceden contra el derecho y fortalecen dinámicas de estigmatización. Pedimos algo elemental para todos: el derecho a tener derechos”.

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