Foto: Flickr-Oxfam International

El 2014, Medicina Legal atendió a 251 víctimas de violencia sexual. Los hechos fueron cometidos ese año y en desarrollo del conflicto. Foto: Flickr-Oxfam International

Por: Xajamaïa Domínguez Mazhari*

En el pueblo de San Onofre, Sucre, los paramilitares instauraron un orden social donde castigaban y humillaban públicamente a las mujeres y hombres que se salían del esquema de género “tradicional”. Tal fue el caso de las “chismosas”, las prostitutas, los homosexuales y los transexuales. Las sanciones variaban en intensidad, y las mujeres podían ser torturadas y hasta violadas.

La estigmatización, usada como herramienta de control, sirvió para reforzar y producir imaginarios y representaciones sobre la mujer. En muchas ocasiones la sociedad legitimaba los castigos, reproduciendo y normalizando así las mecánicas violentas y represivas de los paramilitares.

En el Bajo Cauca antioqueño, en las zonas de control del Bloque Mineros de las autodefensas, éstas también recurrieron de manera sistemática a la violencia de género. Obligaban a las mujeres a ser sus esclavas sexuales, las hacían correr desnudas, humillándolas y atemorizándolas, las sometían a abortos forzados, las torturaban y hasta practicaron mutilaciones genitales.

Lamentablemente no son casos aislados. En el marco de una guerra territorial, la violencia sexual ha sido una estrategia de terror y combate, utilizada por todos los actores del conflicto con finalidades que van desde la intimidación y el castigo hasta el desplazamiento forzado.

Así, violencia en combate, violencia sexual y prostitución han ido de la mano, junto con una relación mujer/hombre altamente conflictiva. Y a riesgo de ser violentadas, las mujeres difícilmente podían subsistir de otra manera que tomando, algunas, a su vez, las riendas de la sangre y las armas.

Una investigación de Dejusticia resaltó que, en el conflicto armado, “la violencia sexual, en sus diferentes manifestaciones, es la forma que parece afectar de manera más específica y extendida a las mujeres”, y que ésta no es exclusividad de los grupos al margen de la ley, como los grupos guerrilleros o los paramilitares, pues ciertos responsables de [esos] actos son agentes del Estado, como la Fuerza Pública.

En ese sentido, algunas sentencias de los tribunales de Justicia y Paz, que tratan los casos de los paramilitares que se desmovilizaron a raíz de la Ley 975 de 2005, dan cuenta de la magnitud del fenómeno, y jueces como las Magistradas González Romero y Rincón Jaramillo han hecho aportes valiosos al documentarlo y analizarlo.

González Romero registró 175 hechos de violencia de género en una sentencia contra Salvatore Mancuso del 2014, mientras que Rincón Jaramillo, encargada de la sentencia relativa al Bloque Mineros, denunció graves patrones de conducta como los referidos anteriormente, así como la prostitución de menores y el uso de estas mujeres como premio para los patrulleros que aceptaran seguir órdenes de matar a determinadas personas. Igualmente, castigaban y recluían en calabozos a las mujeres que contrajeran enfermedades de transmisión sexual, y podían hasta asesinar a quienes contrajeran SIDA.

A pesar de esto, la mayoría de las víctimas, amedrentadas, se han visto obligadas a guardar silencio o a desplazarse. Así, aunque existen registros, ha sido muy difícil analizar la situación pues la información cuantitativa no es suficiente para identificar claramente los casos y sabemos que el subregistro es muy alto. En las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación hay más de siete mil víctimas reportadas del Bloque Mineros y sólo 26 casos de violencia sexual denunciados.

La Corte Penal Internacional (CPI), crítica con el Estado colombiano frente a la ausencia de investigación, juicio y sanción de las violencias sexuales, recordó en su último informe que ha habido avances (como la condena del ex-jefe paramilitar Ramón Isaza) pero que siguen siendo insuficientes.

Todo esto evidencia la relación entre violencia y sexo en tiempos de guerra, pero ¿qué sucede en los escenarios de “no guerra”, donde la violencia sexual también está presente? La relación impuesta entre violencia y sexo existe también en la calle, en las conversaciones cotidianas, en la mirada lasciva y agresiva de cualquier transeúnte.

Para la muestra un anuncio: “El siguiente programa contiene escenas de sexo y violencia moderadas”, seguido por masacres, balaceras, o tetas sin paraíso y orgullosos capos de cualquier mafia, con sus mujeres vestidas de galardón.

¿No resulta extraño cómo hemos metido en un mismo paquete violencia y sexo, como si fueran un mismo “peligro” contra el que hay que advertir a las audiencias, como si el cuerpo fuera bala, peligro ambulante, o sádico placer?

Cabe preguntarse si son los arquetipos que responden a un contexto de guerra los que se han ido anclando en el imaginario colectivo, hasta asentarse con firmeza en la sociedad; o si es la violencia de género preexistente que se ha manifestado en la guerra, encontrando cómo exacerbarse.

Sin embargo, sea cual sea el orden de ese macabro vaivén, la naturalización de la violencia ha tenido lugar en ambos escenarios y esa relación entre violencia y sexo nos ha afectado profundamente. Efectivamente, más allá del conflicto, las cifras sobre violencia de género también son radiografía de  una sociedad doliente y enferma. Según Sisma Mujer, en el 2016, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 17.740 casos de violencia sexual contra mujeres, lo que equivale a una agresión cada 29,6 minutos.

¿Siente que es algo ajeno, lejano? Quizás no tanto, si usted podría, sin darse cuenta, estar legitimando el orden violento de la guerra al hacer comentarios sobre “la chismosa”, la prostituta, el transexual.

Ya desarmados, ¿qué hacemos con la carga de agresiones aprendidas?

Esto debería interpelarnos ahora más que nunca, cuando intentamos construir una sociedad en paz y deshacernos de violencias heredadas. Frente a una situación dolorosamente cotidiana, la cura puede venir también de lo cotidiano. Es nuestro reto y nuestra oportunidad de deshacer los lugares comunes y construir nuevos imaginarios, así que rechacemos todo comportamiento violento y la idea de nuestros cuerpos como arma de guerra, o cántaro del cual beber sevicia, o satisfacer ansias de poder.

Sería un comienzo liberador, desarmar la palabra y la mente.

 Xajamaïa Domínguez es Investigadora asistente de Dejusticia*

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