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Santos Villegas

El presidente aseguró que la comisión tendrá la tarea de sugerir qué tipo de reformas deberían implementarse a futuro en la Policía. Foto Presidencia de la República.

Un plazo de 90 días le dio el presidente Juan Manuel Santos a una comisión creada este miércoles que tendrá la tarea de investigar y rendir un informe detallado sobre los escándalos de corrupción y los abusos de poder que rodean al director general de la Policía Nacional y a parte de la cúpula de esa institución.

“He decidido nombrar una Comisión de muy alto nivel, totalmente independiente, para que investigue a fondo lo que está sucediendo en la Institución y que además nos dé unas ideas sobre qué hacer hacia adelante”, dijo Santos en su primera declaración pública luego de que se conociera una investigación periodística de la F.m. que devela los millonarios negocios inmobiliarios del general Palomino y otros oficiales de la Policía.

Ese escándalo es apenas la continuación del que se desató hace algunas semanas cuando el coronel Reinaldo Gómez, comandante de un distrito policial con sede en la Mesa, Cundinamarca, denunció haber sido sometido a presiones para que se abstuviera de denunciar el supuesto acoso sexual al que habría sido sometido por el hoy director de la Policía.

El oficial, contra quien se había iniciado una investigación disciplinaria por ofrecer declaraciones a medios de comunicación sin autorización, habría sido presionado por otros dos coroneles y un mayor para que se retractara de una carta enviada al general Palomino en la que le pedía cesar la persecución en su contra por no haber accedido a sus pretensiones sexuales.

A cambio los oficiales, que habrían actuado como emisarios del director, le prometieron que saldría favorecido en la investigación que avanzaba en su contra. Si bien Palomino negó los hechos, apartó de sus cargos al coronel Ciro Carvajal, secretario General de la Policía, al coronel Flavio Mesa, comandante de la institución en Cundinamarca y al mayor John Quintero, asesor jurídico de la Secretaría General.

Pese a que se iniciaron las investigaciones disciplinarias sobre el caso es ahora, poco más de un mes después de ese primer escándalo, cuando el presidente Santos resolvió actuar ante el inventario de irregularidades que comprometen a la Policía y que esta vez ponen en evidencia el enorme patrimonio económico de varios de los oficiales de más alto rango en la Policía.

Sobre esos dos casos tendrá que actuar la comisión creada por Santos que estará conformada por Jorge Hernán Cárdenas, exvicerrector de la Universidad Nacional y hermano del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, y por  los exministros de Defensa Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez.

“Estas tres personas trabajarán bajo la coordinación de la propia ministra de la Presidencia, pero con total independencia. La doctora María Lorena Gutiérrez actuará como coordinadora, como secretaria de la comisión”, dijo Santos en una declaración desde la Casa de Nariño.

Sin embargo, el presidente aclaró que en ningún momento la tarea de esas personas reemplaza las investigaciones que ya avanzan en cabeza de la Fiscalía, la Procuraduría y la propia Inspección General de la Policía.  “A este Gobierno no le va a temblar la mano para actuar contra cualquier caso comprobado de corrupción o de abuso que encontremos en la Policía o en cualquier entidad pública”, agregó el mandatario.

Las “chuzadas” a periodistas

Si se quiere, una tercera pata que le aparece a los líos por los presuntos actos de corrupción en la Policía tiene que ver con las interceptaciones ilegales y los seguimientos que se estarían cometiendo contra varios periodistas que han investigado esos casos.

Las víctimas de esos seguimientos ilegales habrían sido Vicky Dávila, directora de noticias de la F.m.; Claudia Morales, subdirectora de La Luciérnaga; y Daniel Coronel, vicepresidente de noticias de Univisión y columnista de la revista Semana.

De acuerdo con información que fue revelada el martes por El Espectador, el pasado 29 de noviembre Dávila recibió un correo electrónico de una remitente desconocida en el que se le informaba que la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) estaría “chuzando” sus comunicaciones.

Además, según ese correo electrónico, al frente de la sala de interceptaciones estaría el capitán Wilson Carvajal, hijo del coronel Ciro Carvajal, el mismo hombre que habría participado de la reunión en que fue presionado el oficial que denunció el supuesto acoso sexual de Palomino.

Ese informante detalló otras informaciones sobre los seguimientos y sobre los entramados internos de la Policía que habrían motivado interceptar las comunicaciones e incluso inciar persecuciones físicas contra ella y otros periodistas.

Ante esas revelaciones, Santos en su declaración de este miércoles dijo que, de comprobarse, ese tipo de conductas serán sancionadas. “No vamos a tolerar persecuciones o instigaciones a ciudadanos desde la Policía o desde cualquier otra de nuestras Instituciones. Aquí no perseguimos a nuestros críticos, no perseguimos a nuestros opositores, no ‘chuzamos’ ni perseguimos periodistas”, afirmó el presidente.

“Si alguien lo está haciendo es sin el conocimiento ni la autorización del Gobierno y tendrá que enfrentar todo el peso de la ley. No vamos a permitir que las actuaciones indignas de algunos manchen el buen nombre de una Institución tan querida y respetada por los colombianos, y tan importante, como es la Policía”, agregó.

Por lo pronto resta esperar los 90 días de plazo que entregó el presidente para que se conozca, por fin, una versión oficial sobre los líos de corrupción que desde hace ya algún tiempo enlodan a la Policía. Si bien Santos aseguró que no tomará decisiones a la ligera, en ese plazo tendrá que resistir las opiniones que piden, por lo menos, que Palomino sea apartado de su cargo para garantizar el avance de las investigaciones.

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