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Por Redacción Nacional – ‘El Espectador’

Tras el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, en el municipio de Alto Baudó en Chocó, el Gobierno, a través de sus delegados en el Mecanismo de Veeduría y Verificación del Cese al Fuego, le pidió a la Misión de la ONU en Colombia que investigue el homicidio. Según la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó sería culpa del Eln, con el que el Gobierno definió un cese al fuego bilateral hasta el 9 de enero de 2018. (Lea aquí: No cesan crímenes de líderes sociales: asesinan a gobernador indígena en Chocó).

Las autoridades indígenas del departamento han responsabilizado al Eln no solo por este asesinato, sino por el supuesto secuestro del docente indígena Jhon Eriberto Isarama Forastero, el pasado 7 de octubre. De acuerdo a la Onic, Isarama se encontraba con su familia, cuando “hombres armados identificados con prendas del Eln, del frente Resistencia Cimarrón, lo intimidan y se lo llevan a un lugar que se desconoce”.

Sobre estas acusaciones, la guerrilla se ha pronunciado poco. En su cuenta en Twitter, @ELN_Ranpal, explicó que ya se está indagando si algún frente es responsable de esto, pero aclaró que “no se declarará nada más desde esta cuenta, cumpliendo lo acordado con el gobierno en el marco del Cese Bilateral” y que es deber del Mecanismo de Veeduría pronunciarse al respecto.


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El asesinato de Isarama Forero se dio luego de que, el pasado martes en la tarde, hombres armados que estarían vestidos con uniformes del Eln, del Frente Resistencia Cimarrón (según Onic), lo “intimidaron y se lo llevaron bajo engaño, diciendo que van hablar con los jefes de ellos”. Alrededor de dos horas después, de acuerdo a testimonios de la comunidad, se escucharon tiros, “a lo que creen fue en ese momento cuando acabaron con la vida de la autoridad indígena”.

Y es que, según la Organización Nacional Indígena de Colombia, el “accionar (del Eln) en los territorios y comunidades indígenas, no ha cesado, el asesinato de una Autoridad Indígena, pero además sigue el sembrado de minas antipersonas, el confinamiento, reclutamiento forzado y amenazas en nuestros territorios indígenas del departamento del Chocó. A la fecha no se han tomado medidas que garanticen la protección real y efectiva de las Comunidades”.

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