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Edison Lanza es el relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH desde octubre de 2014. Foto:Santiago Mesa

El debate sobre las garantías para el periodismo y la libertad de expresión en Colombia fue intenso durante la última semana por cuenta de la retención de los periodistas Salud Hernández, Diego D’Pablos y Carlos Melo —así como de otros reporteros que estuvieron momentáneamente retenidos en el Catatumbo— por parte del ELN. 

Días antes estuvo en Bogotá el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza. Conversamos con él sobre los retos que enfrenta el país en materia de garantías para el ejercicio del periodismo.

¿Qué le preocupa sobre la libertad de expresión y el acceso a la información en Colombia?

Colombia forma parte de los países que tienen problemas estructurales en derechos humanos. Dentro de eso está la situación de violencia contra periodistas, la impunidad, la falta de políticas para garantizar el derecho de buscar, recibir y difundir información. Si bien Colombia ha caminado hacia las recomendaciones -como el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, y la aprobación de una ley de acceso a la información pública- esto es un proceso y hay deudas.

Para empezar, la situación de impunidad en los crímenes contra periodistas. De las decenas de casos reportados, denunciados y que están en manos de la Fiscalía y de los operadores de justicia, la tasa de los hechos en los que se ha identificado y sancionado a los responsables es muy baja.

De otro lado, cuando se trata de amenazas, hostigamientos y agresiones distintas a la más terrible, que es el asesinato, se incrementan los índices de impunidad. Entonces, los esfuerzos en materia de protección tienen una debilidad muy grande: al no identificarse a los responsables, quienes están bajo protección deben seguir con esas medidas. La protección es un avance, pero no remueve los riesgos para el ejercicio libre del periodismo.

 

¿En qué medida el conflicto armado ha contribuido a esa situación de riesgo?

El conflicto, así como la corrupción y el narcotráfico, son responsables de esta fractura. Creo que parte de este proceso de paz y de su éxito tiene que ver con fortalecer y consolidar las garantías para el ejercicio y la libertad de expresión. Y esto tiene una cantidad de dimensiones: protección, esfuerzo en la implementación de la ley de acceso a la información pública, dotar de mayor pluralismo y diversidad al sistema de medios de comunicación, facilitar la protesta y no verla como un fenómeno de subversión o de terrorismo, sino como una manifestación de la libertad de expresión.

 

Justamente, en La Habana se llegó a un acuerdo para democratizar los medios de comunicación públicos. ¿Cómo debería ser ese proceso?

Se necesitan medidas normativas y políticas públicas que no afecten a los medios que están en el espectro, pero que sí amplíen la oferta de voces. El Sistema Interamericano ha señalado que hay medidas positivas que los Estados deben adoptar, como realizar reservas de espectros para que no crezcan más los grupos que ya están y aparezcan nuevas voces, tanto en el sector comercial como en el sector comunitario.

Además, en Colombia las fuerzas de seguridad tienen una gran cantidad de frecuencias, debido a las políticas de seguridad y al conflicto. En un escenario de paz va haber una posibilidad de redistribuir frecuencias a actores que no las tienen. La televisión digital también permite que se emitan más canales y esa ha sido la opción de varios países. Todo esto tiene que ir acompañado de garantías de independencia en el contenido.

 

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Edison Lanza. Foto: Santiago Mesa

 

Si el Estado reserva las frecuencias, cómo es posible garantizar que el contenido no se vea afectado?

Lo primero es que cualquier tipo de regulación que pueda ser interpretada como una limitación debe pasar por un estricto test que la Comisión ha establecido: que esté en una ley, que persiga un objetivo legítimo y que las medidas sean proporcionales y razonables para que no afecten la libertad de expresión.

Ahora, la decisión de reservar el espectro radioeléctrico debe ir acompañada de la asignación de nuevas frecuencias para el sector comunitario sin discriminación. También la asignación de publicidad oficial de modo equitativo, con reglas claras y objetivas, con transparencia y con pisos mínimos para que llegue a todos los sectores y actores de la comunicación. El no depender de la relación con el poder para acceder a publicidad garantiza que ese financiamiento pueda llegar a más medios de comunicación.

 

¿Cómo acompañar este tránsito hacia el fin del conflicto con mejores prácticas que garanticen la libertad de expresión?

La mejor forma de garantizar la sociedad democrática y tolerante, con pluralidad de grupos, ideas, ideologías y partidos es normalizar la situación en el periodismo y garantizar que cada uno pueda hacer bien su trabajo. Yo no creo que haya que pedirle a los periodistas más esfuerzo del que hacen cada día, cuando tienen una labor extraordinaria en el sentido de buscar información de interés público, que muchas veces hay actores que quieren ocultar. Si hacen bien ese trabajo, y si lo hacen con independencia y con autonomía, esa es la contribución fundamental que hacen a la democracia. Y si hay garantías para el libre desarrollo del ejercicio, van a ir acompañando la paz.

También hay que garantizar el debate de ideas aun en torno al proceso de paz y del posconflicto, y que este debate no sea estigmatizado: ni a favor ni en contra.

 

Colombia está reconstruyendo la memoria de su conflicto. ¿Cómo garantizar que no haya relatos más protagonistas que otros?

El derecho a saber, el derecho a la memoria y a la verdad, son derechos de las víctimas, pero también de la sociedad en su conjunto. Ahí al Estado le cae la responsabilidad de garantizar el acceso a los archivos vinculados al periodo del conflicto, tanto para las investigaciones como para la reconstrucción de la memoria. La verdad, en cuanto al sentido de lo que pasó, es una construcción colectiva, pero hay registros en el Estado y sus agencias de seguridad que son indispensables. El Estado tiene la obligación de preservar esa documentación y garantizar que no sea destruida.

La Relatoría lo ha dicho: hay leyes que establecen reservas de información o de secreto por 30 años, sobre todo en materia de seguridad nacional. Puede que ahí haya información relacionada con violaciones a los derechos humanos. Eso es un peligro para la reconstrucción de la memoria. El Estado no puede ampararse en la seguridad nacional para ocultar lo que hicieron sus propios agentes. Del mismo modo, los espacios de pluralismo tienen que ver con que haya distintos relatos sobre la situación. Todos los actores tienen que hablar y estar dispuestos a dar explicaciones de lo que pasó.

 

Usted es profesor, ¿cuáles son esas lecciones que siempre le repite a sus estudiantes?

Soy profesor de libertad de expresión y siempre resalto que no hay que tenerle miedo. Tenemos que aprender a tolerar todo tipo de discursos y de ideas, a pensar que no se puede restringir cualquier tipo de manifestación, a entender que hay discursos que son especialmente protegidos y esto tiene que ver justamente con el debate público. El autoritarismo en cualquier versión inequívocamente trata de hegemonizar el discurso, la palabra; trata de suprimir las voces críticas. También tener la conciencia de lo preciosa que es esa libertad, porque pertenece a nuestra dignidad humana.

Mi principal preocupación es cómo transmitir a las nuevas generaciones que no vivieron dictaduras ni conflictos que tienen que preservar ese derecho, y que tienen que ser celosos custodios de la libertad de expresión.

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