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Imagen tomada del informe “La palabra y el silencio”, del CNMH.

El año pasado hubo 232 periodistas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Dos muertos. Casi ochenta amenazados. Una víctima de violencia sexual. Más de veinte agredidos físicamente. La mayoría de ellos en regiones. El Gobierno no censura explícitamente, el país habla de paz y se cocina una etapa de posconflicto. Esas condiciones, a nivel general, son la envidia de otra época.

Pero, aún así, las garantías para ser periodista están lejos de ser las ideales. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y más que celebrar hay que aprovechar para hacer un llamado de atención.

Desde hace 20 años, a los periodistas en riesgo los acompaña la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Cuando les llega un caso, lo primero que hacen es evaluarlo y reportarlo a la Unidad Nacional de Protección, que debe proteger la libertad y la seguridad de personas que por su profesión o sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario. Acceder a esa protección, sin embargo, es complejo. Los procesos son largos y muchas veces es difícil probar que el riesgo sea “extremo”, como pide la UNP.

(Vea tambiénMatar la palabra: 38 años de periodistas asesinados)

En su último informe, “Paz en los titulares, miedo en la redacción”, la Flip explica su inconformidad con el trabajo de la UNP. Por un lado, los tiempos de respuesta suelen ser excesivos: “la Flip ha observado que pueden pasar más de tres meses entre el momento en que un periodista reporta una situación de riesgo y la asignación de medidas de protección”.

Ese tiempo de espera se explica en parte porque, desde 2010, según apunta el mismo informe, “la normatividad se ha enfocado en aumentar la cadena burocrática, alargando tiempos, aumentando costos y agregando trabas”.

Un ejemplo es el caso del periodista Luis Peralta, asesinado el año pasado en El Doncello, Caquetá. En 2010, la emisora donde trabajaba, Linda Stereo, recibió un atentado con un explosivo. La Fiscalía no investigó y el riesgo se quedó ahí hasta principios de 2015, cuando una vecina le alertó de amenazas en su contra.

Peralta le insistió a la Policía sobre la seriedad de las amenazas pero no se tomaron medidas. El caso se puso en conocimiento de la UNP, que jamás inició el trámite para protegerlo. Al periodista lo asesinaron frente a su trabajo el 15 de febrero.

Otra queja relacionada con la protección a periodistas tiene que ver con que las medidas que ha tomado el Estado entienden la protección desde una perspectiva de reacción y no de prevención. Es decir que, por ejemplo, si un periodista va a hacer reportería a un lugar donde considera que su seguridad está en riesgo, no hay una medida clara que las autoridades puedan tomar. La respuesta apenas llegaría si le sucede algo.

Esa situación, según la Flip, no atiende a la resolución 2222 del 27 de mayo de 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exhorta a los Estados a “crear y mantener, en la legislación y en la práctica, un entorno seguro y propicio para que los periodistas […] puedan realizar su trabajo de forma independiente y sin injerencias indebidas en situaciones de conflicto armado”.

Las carencias en las medidas de protección van más allá de la UNP. La Flip indica que otra forma de blindaje para los periodistas sería que la justicia fuera efectiva. La atmósfera de impunidad puede incentivar a los victimarios a seguir actuando. En ese sentido, el informe señala la responsabilidad de la Fiscalía a la hora de investigar los hechos y del aparato judicial a la hora de interpretarlos y proferir condenas.

La Flip encuentra dos escenarios que ayudan a entender la situación. En primer lugar está la impunidad, sobre todo en casos de amenazas: hasta el momento, no se conoce la primera imputación por ese delito. En segundo lugar está “el trabajo insatisfactorio y estéril en resultados” por parte de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, que creó un grupo especial para priorizar los casos de periodistas, pero en dos años de funcionamiento solo tiene un caso en investigación.

(Vea tambiénLas piezas ocultas del asesinato de Luis Carlos Cervantes)

La dificultad en el acceso a la protección y la impunidad acaban metiéndose en un círculo vicioso que extiende el peligro. A nivel mundial, solo 8 de cada 100 casos de violencia contra periodistas son esclarecidos. Además, pocas veces se llega hasta el autor intelectual, que es indispensable para descifrar cómo funciona y prevenir la violencia. En Colombia, por ejemplo, de los 152 asesinatos de periodistas que la Flip registra desde 1977, solo en cuatro se ha condenado a los autores intelectuales.

Hace tres años el Ministerio del Interior se propuso crear una política pública para la Garantía de la Libertad de Expresión. En 2015, el Presidente dijo que por fin estaría lista, pero para final de año apenas existía un borrador. Esa política, a la fecha, se sigue trabajando, sin resultados concretos. Lo que salga de ahí deberá contener mejoras en por lo menos tres aspectos: prevención, protección y justicia.

No es menor la importancia que se le debería dar a este tema de cara al posconflicto. Para la Flip, sorprende que mientras se prepara la firma de un acuerdo histórico con las Farc, para los periodistas sea también el periodo más violento de los últimos años. Los dos asesinatos del año pasado, aunque no parezcan una cifra enorme, ubicaron a Colombia en el puesto 11 a nivel mundial en número de muertes. Salir de ahí, para crear un clima que dé a los periodistas las garantías para informar con rigor, es un reto al que las autoridades competentes deben mirar por fin con la urgencia y la seriedad que merece.

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