La consulta en Cajamarca es uno de los ejemplos de la oposición de las comunidades a las industrias extractivas. Foto: Óscar Pérez | El Espectador.

Este artículo es producto de la alianza entre ¡PACIFISTA! y DemocraciaAbierta, vea el contenido original aquí.

Por: Robert Soutar*

A un año de la firma del histórico acuerdo, la paz sigue siendo ilusoria para muchos colombianos. Las tensiones sobre la tierra y los recursos naturales persisten en las zonas rurales a pesar del fin del conflicto entre las FARC y el gobierno. Esto se debe en parte, a que el gobierno continúa priorizando la extracción y la exportación de productos básicos como el petróleo, sin realizar una consulta adecuada con las comunidades afectadas, según asegura Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo de Colombia (INDEPAZ).

“El modelo económico ha ayudado a la reproducción de la violencia en los últimos 60 años”, dice.

Recientemente, González Posso aseguró públicamente en la Universidad Javeriana en Bogotá, que el conflicto persiste ya que el Estado permanece susceptible a ser capturado por intereses privados. El gobierno colombiano tiene la autoridad exclusiva para el otorgamiento de concesiones para proyectos de extracción a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Si bien la frecuencia de los conflictos puede haber disminuido y los responsables de la violencia pueden haber cambiado, las comunidades rurales siguen sufriendo las consecuencias, añadió González Posso.

Conflicto de petróleo

El bloque petrolero de ‘El Nogal‘ en el sur de Caquetá, antiguamente territorio de las Farc, constituye un ejemplo de los conflictos relacionados con los recursos que tienen lugar en todo el país, afirmó Joel Ross, analista latinoamericano de la consultora británica Verisk Maplecroft.

Según los opositores, la perforación en el bloque de ‘El Nogal’, propiedad de Emerald Energy, una filial británica del Sinochem de China, causará daños irreparables al agua y a los suelos de los que dependen los sensibles ecosistemas amazónicos y las comunidades.

“La oposición social a los proyectos de extracción está alcanzando su máximo histórico en Colombia”, aseguró Ross. Además, le recomendó a los inversores que buscan un acuerdo post-paz que lleven a cabo una evaluación “minuciosa y exhaustiva” de los posibles riesgos ambientales, sociales y políticos, que también incluyen la violencia asociada al narcotráfico y a la extracción ilegal de oro.

Participar en un diálogo temprano con las comunidades locales y comprender las preocupaciones y demandas de las comunidades ayudará a mitigar el riesgo de disturbios o de oposición social a los proyectos, agregó Ross.

Carlos Andrés Santiago, portavoz de la Corporación de Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC), aseguró que el trabajo de esa corporación está avanzando. La organización, que se opone al fracking (producción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales) en Cesar, exige un modelo de desarrollo alternativo que considere el principio del “buen vivir” y respete los derechos de la naturaleza.

Con la salida de las Farc, el mayor temor para algunas de las comunidades alrededor de los nuevos proyectos en desarrollo es lo que vendrá después, ya que la presencia del grupo armado proporcionó una forma de autoridad y control.

“No estamos cerrados a la inversión extranjera, no estamos en contra del desarrollo”, dijo Ernesto Ramírez Flores, de la Asociación de Consejos y Organizaciones Comunitarias del Bajo Atrato (ASCOBA). “Lo que estamos pidiendo es que la inversión tenga en cuenta nuestra cultura y nuestra visión, y sobre todo los deseos y el permiso de nuestras comunidades”, añadió.

Ramírez aseguró que el estado ha tenido escasa presencia en la región y que por mucho tiempo las comunidades coexistieron con las Farc. Destaca, además, que las comunidades conservan el derecho legal a ser consultadas sobre los proyectos desarrollados en su territorio.

Vanessa Torres, investigadora de la ONG Ambiente y Sociedad, sostuvo que muchos proyectos en desarrollo se estancaron en Colombia a causa de la presencia de los guerrilleros. “No sólo es el petróleo, sino también la minería y la infraestructura “, dijo.

El acuerdo de paz con las Farc fijó nuevas normas para el desarrollo del territorio que anteriormente era controlado por este grupo, incluyendo la rápida aprobación de muchos proyectos vía fast-track. El gobierno colombiano asegura que este nuevo proceso facilita la llegada de la inversión extranjera.

“Tenemos un destino más atractivo para los negocios, para la llegada de más turistas a lugares del país aislados por la guerra, y para captar inversores que quieran establecerse en el país”, dijo Felipe Jaramillo, presidente de la agencia de promoción comercial ProColombia, al periódico español El País.

Sin embargo, Torres asegura que son peligrosos los planes de otorgarle a la rama ejecutiva un mayor poder de decisión sobre los nuevos proyectos, pasando por alto la ley. Muchos de los proyectos requieren análisis técnicos detallados para determinar cuáles serán sus impactos.

“Pasar por el Congreso no garantiza que se lleve a cabo un procedimiento de aprobación adecuado. Pero le da tiempo”, advirtió Torres, quien ha tenido acceso a algunos de los proyectos propuestos.

En mayo de este año, la Corte Constitucional declaró inconstitucional una ley de 2016 encaminada a simplificar la aprobación de proyectos de desarrollo. El tribunal dictaminó que la Ley de Fast-Track amenazaba el principio democrático de separación de poderes.

Con una oposición social tan fuerte, las industrias extractivas enfrentan mucho más que desafíos económicos en Colombia. Ross señaló que algunas autoridades locales están planeando obtener votos populares que podrían prohibir las actividades mineras en su jurisdicción. “Cualquier precedente jurídicamente vinculante sería catastrófico para el sector”, aseguró.

Esta es una versión editada del artículo, publicado previamente por Diálogo Chino.

*Editor de Diálogo Chino.

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