Este artículo forma parte de nuestro Proyecto Coca II – Misión Rural. Para ver todos los contenidos haga clic acá.

La consulta para definir un candidato presidencial de la derecha este 11 de marzo no sólo enfrenta a tres candidatos con trayectorias y prioridades disímiles: también en política de drogas –y, sobre todo, frente a la pregunta qué hacer con la coca en Colombia- tienen tres visiones distintas.

Aunque el tema no ha sido protagónico en el debate político (más allá de culpar al Gobierno Santos por el incremento histórico en los cultivos de coca), el discurso de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez deja entrever sus diferencias en la manera cómo se aproximarían al cultivo. Aquí se las contamos.

 

Iván Duque: mano dura y regreso a estrategias fallidas del pasado

La principal propuesta de Duque en materia de la producción de drogas es volver ‘obligatoria’ la erradicación y sustitución de los cultivos coca, en vez de ‘voluntaria’.

Ese argumento -que ha repetido en al menos una decena de espacios- esconde una falacia: en ningún momento la sustitución de coca ha sido opcional para los campesinos que la tienen sembrada.

El Acuerdo de paz privilegia la sustitución concertada con las comunidades (por eso se llama ‘voluntaria’), tomando en cuenta la lección histórica en Colombia de que las opciones represivas –como la fumigación aérea o la erradicación forzosa a mano- no generan cambios reales en los territorios y la gente vuelve a sembrar. Un ejemplo de esto es Luz Dary Díaz, una ex cocalera en Putumayo –cuya historia contó Proyecto Coca– que resembró las tres veces que la fumigaron y una que la erradicaron.

En los casos en que no quieran firmar el acuerdo voluntario de sustitución, el Acuerdo de paz es claro en señalar que aplica la forzosa. Literalmente dice, en su página 107, que:

En lo demás, Duque propone recuperar la aspersión aérea (que fue por años la estrategia más usada en Colombia y tuvo resultados modestos para sus altos costos), además de otras medidas parecidas a las que tiene el Acuerdo, como construir infraestructura en zonas rurales alejadas, fortalecer las redes de comercialización de productos rurales o fortalecer la capacidad para detectar el lavado de activos.

Y, en consumo, Duque lidera la propuesta –compartido por muchos candidatos del Centro Democrático al Congreso- de eliminar la dosis mínima y, por lo tanto, criminalizar el consumo de droga, sin explicar cómo se evitaría que las cárceles se llenen de personas cuyo consumo no es problemático o cómo tendría la capacidad la Policía de seguir a todas las personas que consuman.

 

Marta Lucía Ramírez: mano dura al narcotráfico pero sustitución para campesinos

La ex Ministra de Defensa argumenta que el problema de la coca es de seguridad, pero en la práctica lo ve como un problema de desarrollo rural. De hecho, marca una diferencia fundamental con sus dos contrincantes: ella sí distingue entre los distintos eslabones de la cadena del narcotráfico y está proponiendo estrategias diferenciadas para cada uno.

Eso significa trabajar, por ejemplo, por un lado con los campesinos para sustituir la coca a partir de un enfoque de desarrollo rural y, por el otro, perseguir las redes del crimen organizado y de lavado de activos que controlan y se lucran del negocio de la droga.

“Yo propongo combatir la coca desde la producción, pero especialmente la comercialización. Los productos que se pueden sembrar en las zonas cocaleras hay que sembrarlos cuanto antes, haciendo proyectos individuales y generando asociatividad en los campesinos”, dijo en una entrevista.

Esa idea la reiteró en Nariño, que correctamente describió como mayor productor de coca que todo Perú, al proponer que “para acabar con los cultivos ilícitos hay que darle a los campesinos urgentemente alternativas, pagarles un precio de sustentación para que cultiven productos alimenticios que necesite Colombia o que los podamos exportar”.

En la práctica, Marta Lucía es muy crítica de la estrategia del Gobierno Santos (al que acusa de “bajar la guardia en la lucha contra los cultivos de coca para no incomodar a las Farc”), pero su visión es similar a del Acuerdo de paz: privilegia las soluciones productivas legales como el turismo o la agricultura. Incluso Marta Lucía va más allá en una de sus propuestas:

Esa idea podría ayudar a remediar uno de los problemas históricos de la sustitución de coca, que es –como ha contado Proyecto Coca– la dificultad de acceder a mercados y de que los proyectos de sustitución se sigan siendo económicamente viables en el tiempo. Sin embargo, la propuesta de Ramírez no es clara en por cuánto tiempo ni cuánto le costaría esto al Estado.

Para quienes no quieren sustituir, no descarta volver a la fumigación con químicos con “sustancias adecuadas para evitar daños a la salud” (es decir, no el glifosato).

 

Alejandro Ordóñez: infla cifras de coca y no apoya sustitución

El anulado Procurador, que repite con frecuencia que Colombia “está nadando en coca” gracias al Acuerdo de paz y que usa cifras de cultivos de coca que no respalda ninguna medición, defiende el enfoque más represivo y ni siquiera habla de sustitución de cultivos.

Para Ordóñez, el Gobierno Santos desmontó la fumigación aérea y la erradicación forzosa deliberadamente. “No fueron razones de carácter científico o judicial las que llevaron al Gobierno a suspender la fumigación sino políticas: un acuerdo, un pacto, con las FARC”, dice.

Esta postura omite que el ministro de Salud Alejandro Gaviria recomendó suspender la fumigación como medida preventiva –y la Corte Constitucional avaló esa decisión- debido a que la Organización Mundial de la Salud decidió reclasificar el glifosato como una sustancia que puede causar cáncer. Y que, más ampliamente, ninguna estrategia forzosa ha dado resultados eficientes para su costo tan alto, como ha contado Proyecto Coca.

Ordóñez desecha solucionar el problema de la coca con un enfoque rural, cuestionando el proyecto de ley de tratamiento penal diferenciado que permitiría no perseguir penalmente a quienes estén sustituyendo. “En materia de los cultivos ilícitos se cambia la denominación a cultivos de uso lícito y reduce la estrategia contra dichos cultivos a la erradicación voluntaria”, argumenta.

Finalmente, Ordóñez usa reiteradamente un número de hectáreas -220.000- que no corresponde ni con el censo anual que hace Naciones Unidas (que marcó 144.000 para 2016) o el estimado que calcula el Departamento de Estado gringo a partir de muestreos en algunas regiones (que calculó, con menor precisión, 188.000 en 2016).

 

(La próxima semana Proyecto Coca examinará las propuestas sobre drogas de Gustavo Petro y Carlos Caicedo, inscritos en la consulta de la izquierda).

ARTÍCULOS RELACIONADOS