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Si entre los tres candidatos compitiendo en la consulta de la derecha se juegan visiones contrarias sobre el problema de la coca, entre los dos de la izquierda también difieren sobre cómo resolverlo.

Ambos candidatos, Gustavo Petro y Carlos Caicedo, parten de la base de impulsar el aterrizaje de la visión del Acuerdo de Paz y, en esa línea, de que es necesaria una solución diferenciada que ayude a los campesinos cultivadores que son el eslabón más débil de la cadena, con inversión en el campo y alternativas económicas. Pero ahí terminan las diferencias: mientras Petro apoya la sustitución de coca, Caicedo propone despenalizar los cultivos.

 

Gustavo Petro: que el Estado compre la hoja de coca para sustituirla

La principal propuesta de Petro para el tema de la coca es que el Estado compre la cosecha a los cultivadores de coca, al tiempo que avanzan los procesos de sustitución hacia otros cultivos u otras economías.

Esta solución reaparece de tanto en tanto en el escenario público, aunque jamás ha ganado fuerza: el ex presidente francés Jacques Chirac lo planteó alguna vez, César Gaviria también lo propuso hace dos años y hasta Álvaro Uribe –sí, el mismo- la lanzó en 2005.

¿Por qué nunca se ha vuelto? Como explican los investigadores de política de drogas Juan Carlos Garzón y Julián Wilches, que han  trabajado el tema, “el diablo está en los detalles, pero las oportunidades también”.

En un cuidadoso análisis de las distintas preguntas en torno a esta propuesta, Garzón y Wilches concluyen que:

  • Podría tener éxito si se plantea no como una solución definitiva, sino como una estrategia temporal para ganar confianza de comunidades e ir sustituyendo (como dice Petro). Eso sí, con acuerdos claros de por medio, para evitar resiembras.
  • Debería priorizar a los pequeños cultivadores, no a los grandes que se lucran del negocio (este punto podría complicar la propuesta de Petro, que afirmó que si se hubiera comprado la coca en Tumaco se habría evitado la masacre, dado que la evidencia sugiere que los hechos ocurrieron en el lugar de un cultivo de tamaño industrial)
  • Ni mucho, ni poco. Como dicen, “el Estado debería comprar tanta coca como para impactar la cadena del narcotráfico y tan poca, como para no generar incentivos perversos”.
  • El precio debería ser similar al que pagan los narcotraficantes, aunque hay que tener en cuenta que éstos podrían subir el precio (pues aún tienen un margen amplio de maniobra) o simplemente migrar de sitio.
  • La opción más viable es quemarla, aunque se podría guardar una cantidad pequeña para usos lícitos como en Perú y Bolivia (aunque en Colombia esos usos tradicionales son mucho menos comunes).
  • Habría que cambiar la ley, porque –por ahora- la hoja de coca es considerada un estupefaciente, su cultivo es prohibido tanto por el código penal colombiano como por las convenciones de Naciones Unidas y, por lo tanto, su compra sería ilegal. Sin embargo, como explica Pedro Arenas, “las convenciones sí admiten los usos médicos, científicos y tradicionales”.

Todas estas son cuestiones complejas que la propuesta de Petro aún no desmenuza en detalle. En todo caso, como plantean Garzón y Wilches, más que una estrategia integral, la compra podría ser un posible recurso en el marco de una estrategia más amplia como la que propone el Acuerdo de Paz (que Petro ha prometido cumplir) y que el Ministerio del posconflicto de Rafael Pardo viene implementando con gran lentitud.

Más allá de la hoja de coca, Petro -al igual que Marta Lucía Ramírez y que Humberto de la Calle (pero muy distinto a Duque y a Ordóñez)- plantea que se necesitan estrategias distintas para cultivadores y consumidores, que son los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico y los que no se lucran con el negocio, y mano dura para el narcotráfico.

 

En esa línea, ha pedido desarrollo rural para los primeros y un enfoque de salud pública para los segundos. Es decir, un enfoque muy similar al que trae el Acuerdo de Paz. 

Carlos Caicedo: despenalizar los cultivos, aunque sin decir cómo

El ex alcalde de Santa Marta ha hablado poco sobre política de drogas, pero lo hizo con la propuesta más transformadora, aunque no necesariamente la más viable.

“Yo estaría por la despenalización del cultivo de estupefacientes, particularmente la coca, que sobre éstos se estableciera control en su producción y que se articulara una industria farmacéutica y nutricéutica que posibilitara ingresos para el Estado y que cerrara este chorro que tienen los grupos armados que se alimentan de la financiación que surge del narcotráfico”, dijo Caicedo hace poco en una entrevista con El Espectador.

Esta es la opción más compleja, porque implicaría un revolcón completo en la manera como el Estado se ha aproximado al problema de la coca y Caicedo no ahonda en cuál sería la ruta para, por ejemplo, garantizar que el Estado hiciera presencia en los territorios donde se cultiva para evitar que la hoja nutra las actividades de los grupos criminales. O, por ejemplo, que la producción sea tan grande y que no exista un mercado que sea capaz de absorberla.


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Pero, como señalan varios investigadores que han mirado el tema, aunque no es necesariamente la respuesta completa, podría ser una parte de ella.

“En Colombia el consumo tradicional es pequeño; sin embargo, la coca podría ser usada con fines medicinales, científicos y ancestrales”, escribió Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (Occdi) y una de las personas que más conocen la realidad de la coca. “La lista de experiencias aumenta con Colombia, donde también hay emprendimientos alrededor de la hoja. Coca-Nasa es un vivo ejemplo de lo que se hace. Este recorrido se nutre con casos que anteceden a esta propuesta, probando con ello que sí es factible.”

Juan Carlos Garzón también cree que Colombia debería, en el marco de la flexibilidad de políticas nacionales que se discutió en la Asamblea General sobre drogas en la ONU, pensar en soluciones puntuales a partir de esos usos. Pero, advierte, eso no sucede así como así, sino “de manera focalizada, acompañada por el control social de las comunidades y un esquema de estricta regulación por parte del Estado”.

“Estas opciones deben ser analizadas desde sus justas proporciones. El potencial del mercado legal de la hoja de coca en Colombia es mucho más restringido que en los países vecinos. Además, la coca que se cultiva hoy en Nariño, Cauca o Chocó difícilmente podría tener un uso distinto a la producción de cocaína, dado el abundante uso de químicos en las plantaciones”, escribió hace un año Garzón en Proyecto Coca. “Es relevante entender que no es tan simple como darle un uso legal a lo que hoy es ilegal, sino que hay que generar las condiciones para este tránsito, lo cual necesariamente implica condiciones institucionales y crear las capacidades en los territorios”.

Es decir, lo que plantea Caicedo puede ser una parte de la solución, pero difícilmente resuelve el problema actual en Colombia de unas 100.000 hectáreas de coca.

 

(La semana pasada, Proyecto Coca analizó las propuestas de Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez)

 

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