La muerte de Bernardo Cuero Blanco en la noche del miércoles era una tragedia anunciada. Llevaba años liderando procesos de restitución de tierras, porque era “el hombre que más conocía la Ley de Víctimas en la región”, según le dijo a ¡Pacifista! un investigador local que no pudo dar su nombre por seguridad. Hace cuatro años estaba amenazado y, a pesar de las denuncias, el gobierno le quitó el esquema de protección desde agosto del año pasado.

La comunidad, Afrodes (la organización de la Blanco era Fiscal), la mesa de víctimas del Atlántico y el movimiento social de la Costa Caribe sabían que a Bernardo lo iban a matar. Los líderes sociales en esta zona del país están en peligro y desde que el gobierno y las Farc echaron a andar el acuerdo de paz negociado en La Habana (1 de diciembre de 2016), se han convertido en el objetivo de los violentos.

Reciben amenazas y panfletos por parte de los ejércitos antirestitución, de las Autodefensas Gaitanistas, los Rastrojos o las Águilas Negras. Les dicen a los reclamantes de tierras que les van a tapar la boca con tierra, que ni se les ocurra pedir restitución, quieren callar a los representantes de víctimas y a los defensores de Derechos Humanos. “Los violentos actúan como un actor regional, que tiene influencia sobre varios departamentos”, dice el investigador.

¡Pacifista! se ha encargado de reportar cada uno de los líderes asesinados desde que comenzó la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc, pero ahora queremos responder a la pregunta de por qué los están matando. En esta tercera entrega, intentaremos desentrañar las causas reales por las que los dirigentes campesinos de la costa norte del país pueden ser las primeras víctimas del posconflicto.

 

Atlántico

De acuerdo con un documento del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la mayoría de hechos violentos contra los defensores de Derechos Humanos en Atlántico suceden en Barranquilla. Allí, hay líderes sociales que, como Bernardo Cuero, se han convertido en enemigos de los dueños del microtráfico en esta ciudad. Además, muchos reclamantes de tierra desplazados de municipios del departamento viven en la capital y desde allí realizan su labor. Según esa ONG, muchos de los líderes amenazados y asesinados, no solo en este momento sino desde mediados de los noventa, son desplazados por la violencia de municipios de Córdoba, Urabá y Magdalena.

Leonardo Díaz, investigador y defensor de Derechos Humanos, sostiene que a los líderes los están matando por “asuntos medioambientales y temas de territorio” relacionados con la disputa por recursos y territorios tras la salida de las Farc de sus zonas de influencia.

 

Córdoba

Álvaro Villarraga, investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, resumió las situaciones de riesgo para los líderes sociales en Córdoba así: primero, hay una expresión en aumento del proyecto paramilitar “que nunca se acabó”; segundo, hay un recrudecimiento de la disputa por la tierra que dejaron las Farc; y tercero, luchas “frente a los reclamos desde campesinos desplazados que retorna o campesinos que están en la región y quieren legalizar tierras”, según Villarraga.

Tras la salida de las Farc, la situación en Córdoba se ha agravado. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado a finales de agosto de este año, están en riesgo “diversas organizaciones, líderes sociales y comunitarios así como defensores de Derechos Humanos, propugnan por la implementación del proceso de paz, especialmente en los puntos de solución al problemas de las drogas de uso ilícito, la reforma rural integral y la participación política, en abierta oposición a los intereses de las élites locales involucradas en el fenómeno del paramilitarismo”.

 

Magdalena

La principal razón para que asesinen líderes en este departamento es, según el Cinep y otros investigadores, los procesos de formalización de tierra que han emprendido en el marco de la Ley de Víctimas. En febrero de este año, un panfleto amenazaba a “16 líderes y lideresas que participan en las Mesas de Víctimas de siete municipios del Magdalena no deben participar en las próximas elecciones o serían asesinados”, según denunciaron varias organizaciones en un comunicado conjunto.

De acuerdo con el informe de la Defensoría, están en riesgo líderes de 17 organizaciones en 13 municipios de la región. Muchas de estas asociaciones tienen incidencia en lugares como Chivolo, uno de los municipios que fue objeto del plan piloto de restitución de tierras, en el marco de la Ley de Víctimas.

 

Cesar

Los líderes de este departamento están en la mira de los violentos por las distintas acciones dirigidas a la defensa de los territorios, críticas al modelo de desarrollo fundado en el extractivismo, cuestionamientos a las dinámicas de acaparamiento y concentración de tierras”, según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo.

Por oponerse “a la utilización del fracking y por sus frecuentes denuncias de los impactos ambientales ocasionados por los megaproyectos”, han sido objeto “de amenazas, hostigamientos, estigmatizaciones, agresiones, atentados e, incluso, homicidios”, de acuerdo con el documento.

Los representantes de víctimas del Cesar, que también lideran procesos de restitución de tierras en la región, fueron amenazados en abril de este año con un panfleto que declaraba “objetivo militar a los sindicalistas acaba empresas, los falsos defensores de Derechos Humanos, los falsos representantes de víctimas, los comunistas de la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y las ONG que defienden a los terroristas”.

 

Bolívar

Luego de las masacres que sufrieron los habitantes de Montes de María (a finales de los 90 comienzos del 2000), el liderazgo social en esta región quedó fracturado. Los intentos por recomponer organizaciones que representen el sentir local ha significado, según el Cinep, que los dirigentes estén en la mira de los violentos. Sus reclamos de retorno, acompañado de procesos de formalización y legalización de la tierra, le ha costado la vida a varios líderes sociales.

Además, al sur del departamento, es evidente el enfrentamiento entre las organizaciones campesinas y los empresarios que quieren establecer proyectos mineros en la región. Esa resistencia de las organizaciones sociales ha provocado que líderes de por lo menos 10 asociaciones, de acuerdo con la Defensora del Pueblo, tengan riesgo de ser atacados.

ARTÍCULOS RELACIONADOS