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Quizá uno de los procesos más positivos que ha traído consigo la negociación entre el Gobierno y las Farc es el fortalecimiento del movimiento de víctimas en el exterior. Desde mediados de 2014, más de medio millar de migrantes y exiliados colombianos crearon el Foro Internacional de Víctimas, con el fin de participar activamente en las discusiones sobre el proceso de paz y de exigir distintas medidas de reparación y de reconstrucción de la memoria histórica. Rápidamente, el Foro consiguió el respaldo de los negociadores, al punto de que Juan Carlos Villamizar, uno de sus promotores, integró la cuarta delegación de víctimas que viajó a Cuba.

Ahora, de común acuerdo con los representantes del Foro, el Centro de Memoria Histórica afina los últimos detalles de una investigación sobre el exilio que costará dos millones 600 mil dólares y que será financiada con recursos estatales y de cooperación internacional. El proyecto, titulado “Las memorias del exilio colombiano: huellas del conflicto armado más allá de las fronteras”, durará tres años y contará con diez equipos de investigación distribuidos en Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, España, Francia, Noruega, Suecia, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos y Canadá.

Conformados por universidades, centros de pensamiento e institutos de investigación, los equipos tendrán la tarea de identificar las razones por las cuales 413 mil 325 colombianos se encuentran en el exilio. Además, deberán recopilar los relatos de los exiliados y conocer sus interpretaciones sobre el conflicto armado, identificar las rutas por las cuales abandonaron el país, conocer la manera como fueron recibidos en aquellos lugares en los que buscaron refugio y retratar sus exigencias en términos de reparación y retorno. Con esos insumos, se elaborarán ocho informes nacionales y un informe regional, que serán el punto de partida para la construcción de un informe general sobre el exilio colombiano.

Juan Zarama, investigador del Centro de Memoria Histórica y experto en desplazamiento transfronterizo, explica que el proyecto busca “reconocer una deuda que tiene el país con las personas que se vieron obligadas a abandonarlo por el conflicto, que ha tenido unos efectos más allá del territorio nacional. Se trata de víctimas que históricamente han sido invisibilizadas y que tienen unas verdades por contar, por lo que se busca reconstruir la memoria de los exiliados en distintas partes del mundo”.

Para Zarama, los informes no sólo permitirán subsanar parcialmente el déficit de investigaciones que existe sobre la materia, sino también dar cuenta de un fenómeno de enormes proporciones. Aunque no está reconocido en la legislación colombiana como un delito, el exilio sería el segundo hecho victimizante con mayor número de afectados en el transcurso de la guerra colombiana, después del desplazamiento forzado interno. De acuerdo con cifras de Acnur, por cada 15 personas desplazadas internamente habría una que abandonó el país para salvaguardar su vida.

Teniendo en cuenta a los distintos grupos poblacionales que han sido víctimas de ese fenómeno, el proyecto también contará con un enfoque diferencial. De esa manera, incluirá la participación de indígenas, afrodescendientes, campesinos, sindicalistas, funcionarios públicos, empresarios, y dirigentes políticos y sociales que ofrecerán sus testimonios y participarán en talleres de memoria y en audiencias públicas. En total, el Centro proyecta recopilar no menos de mil testimonios y 475 entrevistas en profundidad.

Igualmente, y en consonancia con las particularidades y los liderazgos que han ejercido las exiliadas, cada uno de los informes incluirá un capítulo dedicado a las mujeres.

Todo apunta a que la investigación responda a los vacíos identificados por el Foro Internacional de Víctimas en su primera sesión, realizada en octubre de 2014 con la participación de 598 exiliados en 17 ciudades del mundo. Entonces, se planteó la necesidad de integrar una comisión que “cuantifique las dimensiones de esta realidad, promueva la construcción de un relato histórico que revele la verdad de las víctimas exiliadas y dé cuenta de las causas, los efectos y las responsabilidades correspondientes en su ocurrencia”.

En esa oportunidad también pidieron que se recogiera “la memoria de los procesos sociales y políticos de los que fueron expulsadas las víctimas exiliadas, develando el impacto sobre sus organizaciones y comunidades y quiénes fueron los actores que provocaron esta situación de vulneración”. Y dijeron que “es importante mostrar las formas de revictimización a que se vieron sometidas esas personas en las sociedades en las que les tocó vivir”, en un esfuerzo por desmitificar “la idea errada y generalizada de que la gente que salió de Colombia se integra social y laboralmente al país de acogida, desconociendo lo duros que pueden ser la discriminación y el racismo que vive la diáspora colombiana”.

Se espera que en 2018, cuando se publiquen los resultados de la investigación, el país pueda conocer un nuevo relato sobre el exilio. Por ahora, según han manifestado las víctimas, está pendiente el diseño de una política pública que reglamente la reparación y los procesos de reconstrucción de memoria para esa población, además de la creación de una unidad especializada de desplazamiento transfronterizo adscrita a la Unidad de Víctimas, que sirva como puente entre las instituciones en Colombia y los colombianos en el exterior.

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