Ya Colombia ha sufrido demasiada guerra. “Demasiada” porque no es solo mucha, sino mucha más de la que debería. La cifra se volvió un lugar común pero no hay que dejar de decirla: hay más de 7 millones de víctimas del conflicto armado. Son más de 300 víctimas diarias durante 50 años. Una cifra que a nadie, por más esfuerzo que haga, tendría por qué entrarle en la cabeza.

¿Qué pasaría si los grupos armados —guerrillas, paramilitares, bandas criminales, Ejército— pararan la guerra? ¿Qué se evitaría si los colombianos cambiáramos la forma de pensar y tratáramos de salir de ese hueco? Las posibilidades son inmensas, pero hay un par de cosas claras. La primera es que hay que reparar a los que están y a los que entrarán a cobijarse por la Ley de Víctimas: indemnizar, restituir tierras, desminar, sustituir cultivos, buscar desaparecidos, hacer memoria, garantizar que no se repita. Hay más de 5 millones de sujetos de reparación.

La segunda es que de lograrse un acuerdo en el proceso que está en marcha con las Farc, las cifras y los delitos que les mostraremos a continuación se reducirán a proporciones que nadie en este país recuerda. Sin embargo, luego de que eso ocurra, quedarán en la agenda otros actores que, por ser más pequeños, no es que hayan tenido un papel secundario en esta guerra. La apuesta es difícil y arriesgada, porque hay odios, ganas de venganza, intereses y deudas, pero no hay que dejar de imaginarlo.

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Víctimas de desplazamiento: 6.542.222. Víctimas de abandono y despojo: 8.812

Puede ser porque les quitaron las tierras, porque los amenazaron, porque les mataron a un familiar, porque hubo combates, porque ocurrió una masacre, porque hay minas antipersonal, porque explotó un puente o porque no resistieron más. Por la razón que sea, durante el conflicto armado, más de 6 millones de personas han dejado su pueblo, su ciudad y se han ido a buscar tranquilidad a otra parte. Normalmente lo dejaron todo y llegaron a empezar de cero en un lugar desconocido. 

Cuando los desplazados son propietarios de las tierras que dejaron, normalmente también fueron víctimas de abandono y despojo forzado. Hay abandono forzado cuando una persona, por culpa de la guerra, no puede acceder a los derechos sobre su tierra, pero esta permanece vacía. Despojo, en cambio, es cuando la tierra es ocupada por alguien más, que puede estar vinculado a un grupo armado o ser un civil o un empresario que sacó ventaja del escenario de conflicto en la zona.

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Vinculación de niños a grupos armados: 7.700 víctimas (según el RUV) y más de 18 mil niños todavía vinculados (según un informe de la Universidad Sergio Arboleda sobre reclutamiento)

Es ilegal reclutar menores de edad para cumplir cualquier función dentro de un grupo armado. Las cifras sobre niños víctimas de este delito son difusas, porque no hay un registro claro de los que todavía pertenecen a esas organizaciones, sino que se cuentan los desvinculados. Las Farc han dicho varias veces que solo tienen trece menores de 15 años, y algunas entidades calculan que pueden haber obligado a 2 mil más entre los 15 y los 18.

Hoy, sin embargo, las guerrillas no son las que más reclutan: las bandas criminales se convirtieron en una máquina para desviar niños hacia el crimen. En ambos casos, la tendencia es que sean niños que crecen en barrios pobres y ven la violencia como parte de su cotidianidad, por lo que dar el paso y tomar las armas a veces parece natural. Las tareas que cumplen los niños, niñas y adolescentes van desde hacer mandados hasta matar, torturar y fabricar explosivos. En ningún caso a un menor de edad se le puede considerar victimario.

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Víctimas de secuestro: 41.382 víctimas (37 mil directas, 4 mil indirectas)

Las Farc han sido durante años la primera referencia cuando se habla de secuestro. Los índices crecieron desde los noventa y se han financiado en parte con la plata de las extorsiones. Otras guerrillas, paramilitares, bandas criminales y delincuencia común completan la baraja de secuestradores. Aunque normalmente dicen que el secuestro es “político”, en cuatro de cada cinco casos se hace con fines extorsivos. El ELN es el grupo que más defiende el carácter político de sus secuestros y las Farc son el grupo que ha tenido por más tiempo un secuestrado (casi 14 años, a Libio José Martínez, hasta que lo mataron).

Muchas veces el secuestro es la antesala de torturas y homicidios. Según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, 301 personas han sido secuestradas más de una vez, y registran un caso de una persona que fue secuestrada cinco veces. Ese mismo informe registra que, de cada 100 víctimas de secuestros, 60 fueron liberadas tras pagar la extorsión, 20 fueron rescatadas, 8 murieron en cautiverio, 7 fueron liberadas sin pago y 2 se fugaron. Las Farc son el actor armado que más ha secuestrado. 

 

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Víctimas de delitos sexuales: 400 mil (Arco Iris) y 12 mil denuncias en el Registro Único de Víctimas.

El Registro Único de Víctimas (RUV) cuenta con poco más de 12 mil denuncias de violencia sexual en el marco del conflicto. Pero la tasa de subregistro es altísima: un estudio de Oxfam calcula que el 82% de los casos se pierden en el silencio. De hecho, esa cifra puede ser mucho más alta: la Corporación Arco Iris cree que han sido más de 400 mil casos de violencia sexual por parte de grupos armados. En el RUV se cuentan casi 700 casos de hombres abusados, una cifra considerable para un crimen del que poco se habla. También se consideran víctimas los hijos nacidos de violaciones.

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Minar zonas daña física y emocionalmente. Físicamente porque mutila y mata. Emocionalmente porque quita la tranquilidad para caminar, para moverse, porque en cualquier momento el mundo puede volar en pedazos. Las víctimas pueden ser de minas terrestres (minas antipersonal) o de rockets, granadas y misiles, que estallen durante un combate o queden sin estallar después de ser lanzados y se activen después del combate. Casi dos terceras partes de las víctimas de artefactos explosivos han sido miembros de la Fuerza Pública. Los municipios con más víctimas de minas antipersona son Vistahermosa, en Meta (349 casos), y Tame, en Arauca (315 casos). El promedio nacional de víctimas por municipio está en 21: muy abajo de Vistahermosa y Tame, pero muy arriba del número de minas que deberían estallar. 

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Víctimas de tortura: 9.722 según el RUV

La tortura puede ser física o psicológica. Ocurre cuando, por uno u otro medio, se intimida a alguien, se castiga o se presiona para que actúe contra sus principios. Aunque no sea muy conocida, en Colombia ha habido casos de tortura psicológica, como el de la periodista Claudia Julieta Duque, a quien agentes del DAS llamaban e intimidaban sistemática y metódicamente, con un manual que hacía referencia a su familia. La tenían bien estudiada.

La Organización Mundial contra la Tortura concluyó que este es un delito que se oculta sistemáticamente en el país: hay subregistro, dicen, porque queda detrás de otros delitos más grandes (como homicidio o secuestro) o delitos más pequeños (como lesiones personales o tratos crueles e inhumanos). La Coalición Colombiana contra la Tortura dice que en el 91% de los casos registrados hubo acción u omisión de parte de agentes estatales. Además agregan que, de más de 1.800 casos entre 2001 y 2009, más de 1.100 terminaron en muerte.

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Víctimas de homicidio: 960.087 (263 mil directas, 697 mil indirectas)

El Registro Único de Víctimas cuenta 263 mil homicidios en el marco del conflicto armado. No hay mucho más qué decir sobre una cifra de ese tamaño. Es casi como si a todos los habitantes de una ciudad como Armenia los mataran uno por uno, argumentando motivos diferentes, variando las técnicas y las armas: atentados, asesinatos selectivos, masacres, combates, secuestros, torturas… El informe ¡Basta ya! del CNMH suelta un dato aterrador: hasta 2012 hubo 1.983 masacres en el país (el criterio de una masacre es que se mate a cuatro o más personas en tiempo, lugar y motivos afines). Dentro de la Ley de Víctimas, no solo son víctimas los muertos sino también sus padres, hijos o parejas.

 

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Víctimas de desaparición forzada: 160.101 (46 mil directas, 114 mil indirectas)

Si el secuestro se hace evidente para reivindicar el motivo político o cobrar la extorsión, la desaparición forzada sería lo contrario: son víctimas quienes fueron raptados y se negó la responsabilidad y se ocultó información sobre el paradero o el estado de la persona. No aceptar la responsabilidad y ocultar las pruebas ha facilitado que se cometan torturas y asesinatos, y que muchos crímenes queden impunes. Hay casos famosos de desapariciones forzadas, como el de la toma del Palacio de Justicia o el de la militante del M-19 Nydia Erika Bautista. En ambos casos el Estado ha tenido responsabilidad. 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, uno de los problemas para enfrentar el flagelo de ese crimen es que las cifras están fragmentadas. La Fiscalía, por ejemplo, dice que son 26 mil casos, pero el RUV cuenta 46 mil. Gonzalo Sánchez, director del CNMH, dijo alguna vez que eso obedece a que los agentes del Estado y los actores armados no han reconocido su responsabilidad y han obstruido los procesos.

 

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Víctimas de ataques terroristas, combates y hostigamientos: 86.765

Muchos municipios, veredas y corregimientos han acabado en medio de enfrentamientos entre dos actores armados. En otros casos, los civiles no solo han sido víctimas “colaterales”, como mal los han llamado, sino que han sido el objetivo de ataques terroristas y hostigamientos. Muchos han muerto, otros han quedado mutilados, otros han perdido bienes y muchos otros se han desplazado porque no aguantan más. 

 

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Víctimas de amenazas: 284.161 (según el RUV)

Provienen de distintos actores armados y llegan por distintos medios. Suelen ser sistemáticas y directas: llamadas telefónicas o panfletos que exigen que alguien actúe en contra de su voluntad, de sus principios o abandone su tierra, a cambio de no cometer un acto violento contra él o sus allegados. En 2014 se registraron más de 35 mil víctimas de amenazas en el país. Aunque las amenazas le llegan a cualquiera, muchas veces sin distinción de su oficio, hay dos poblaciones que han estado en el centro de ese delito: periodistas y defensores de derechos humanos. Nada más en 2015 van 76 periodistas amenazados, y solo en la primera mitad del año también lo fueron más de 300 defensores de derechos humanos. 

 

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Víctimas de abandono de bienes: 99.077

Desplazarse es perder, además de la casa, la identidad, el arraigo, las tradiciones, la forma de vida. Pero también es perder el capital material acumulado, que muchas veces es todo lo que tienen. Son víctimas, además de quienes hayan sido abandonados o despojados forzosamente, los que han perdido sus bienes inmuebles, como la casa y la tierra, o inmuebles, como cosechas, animales o vehículos.

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