Queda poco para que los colombianos avalen o rechacen en las urnas el Acuerdo Final que alcanzaron el Gobierno y las Farc el pasado 24 de agosto. En términos generales, lo que ha pasado en la sociedad es lo siguiente:  las organizaciones realizaron conferencias, reuniones y manifestaciones públicas para promover el “SÍ” o el “NO” y los grupos de ciudadanos se enfrentaron en redes sociales para defender sus posturas sobre lo acordado.

Revisando esa última etapa, encontramos que, a las críticas sobre lo pactado, algunos partidarios del “NO” han añadido afirmaciones falsas, o parcialmente ciertas, sobre el mecanismo de monitoreo, el sistema de justicia transicional, la participación política de las Farc, el acuerdo sobre desarrollo rural y la lucha contra las organizaciones armadas ilegales, entre otros temas.

Contrastamos algunas de esas piezas, que se reprodujeron en perfiles de Facebook que alientan el “No” y en las cuentas de Twitter de congresistas como Ernesto Macías, Tatiana Cabello y Paola Holguín, del Centro Democrático, con el Acuerdo Final. Esto fue lo que encontramos:

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No al plebiscito 1

El Acuerdo no contempla la presencia de militares extranjeros en territorio colombiano. El componente internacional del mecanismo de verificación del cese al fuego y la dejación de armas es una misión de Naciones Unidas compuesta por personal civil no armado.

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No al plebiscito 9

En La Habana no se discutió el modelo económico del país. El tema no figuró en la agenda de negociación que las partes acordaron en agosto de 2012 y siempre fue mencionado por el presidente Juan Manuel Santos como una “línea roja” que no estaba dispuesto a cruzar.

La política agraria sí se debatió y será objeto de reformas durante la implementación del punto 1, llamado “reforma rural integral”. En él se acordó suministrar tierras, créditos y asistencia técnica para los campesinos pobres, así como estimular las economías campesina y solidaria. También se decidió mejorar la atención en salud, el sistema educativo, la infraestructura vial y los programas de vivienda para los pobladores del campo.

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Los magistrados que integrarán el Tribunal y las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz no serán escogidos por el Gobierno y las Farc. Las partes acordaron que los jueces serán nombrados por un Comité de Escogencia, cuyos integrantes serían seleccionados por el papa Francisco, el Secretario General de las Naciones Unidas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Centro Internacional de Justicia Transicional y el Sistema Universitario Estatal.

En el Tribunal no serán juzgados los “ciudadanos, agricultores, ganaderos, empresarios y dirigentes que se han opuesto al terrorismo”, sino los civiles que cometieron crímenes graves durante el conflicto armado. Esos delitos incluyen la financiación o colaboración con grupos paramilitares, cuando no haya habido presiones de por medio.

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No al plebiscito 2

En La Habana no se acordó la entrega de tierras a las Farc, sino a campesinos pobres y a las comunidades rurales “más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto”.

Para ello, se creó un Fondo de Tierras que estará integrado por tres millones de hectáreas durante sus primeros 10 años de funcionamiento. Las tierras del Fondo provendrán de distintas fuentes, entre ellas de procesos de recuperación de terrenos en los que se incumpla la “función social y ecológica de la propiedad” contemplada en la Constitución.

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No al plebiscito 6

Aunque en el Acuerdo Final las partes no especificaron qué recursos financieros suministrará la guerrilla para reparar a las víctimas, sí dejaron constancia de que en “la discusión sobre las medidas de reincorporación se determinarán las medidas de contribución a la reparación material de las víctimas, incluida la contribución de las Farc”.

El debate se llevará a cabo en el Congreso, donde el Gobierno tramitará las leyes o normas que se requieran para llevar a cabo la reincorporación económica y social de los excombatientes.

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No al plebiscito10

En el punto sobre el fin del conflicto, el Gobierno se comprometió a desarticular las organizaciones criminales que atenten contra defensores de derechos humanos y movimientos sociales y políticos. Para ello, las partes acordaron crear nuevas instituciones, entre ellas un cuerpo élite de Policía.

En ese contexto, el subpunto 3.4.5 dice así: “Como garantía de una acción inmediata del Estado contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y su desmantelamiento, se integrará un Cuerpo Élite en la Policía Nacional con enfoque multidimensional. Las y los integrantes que conformen el Cuerpo Élite, serán seleccionados bajo un modelo especial que certifique altos estándares de idoneidad, transparencia y efectividad”.

Ningún apartado del Acuerdo dice que se perseguirá a las personas que “no estén de acuerdo con las Farc”.

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No al plebiscito 3Varias de las afirmaciones que contiene esta imagen son falsas. En el Acuerdo Final está claro que, una vez concentradas, las Farc tendrán 180 días para dejar las armas y deberán cesar cualquier actividad ilícita. Asimismo, el documento contempla protocolos para la reintegración de los menores combatientes, la indemnización de las víctimas y la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad por los crímenes más graves y representativos.

La guerrilla, transformada en partido político, también “se someterá al voto popular” en las elecciones de 2018 y 2022, cuando deberá pelear por curules en Senado y Cámara.

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En ninguna parte del Acuerdo Final dice que las Farc recibirán tierras. El Fondo de Tierras, que estará destinado para campesinos sin recursos, tendrá tres millones de hectáreas.

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Después de que las partes firmen el Acuerdo Final, la guerrilla tendrá tres voceros en la Cámara de Representantes y tres en el Senado para participar de las discusiones sobre las leyes y reformas que se requieren para implementar lo pactado. Según el Acuerdo, estas personas deberán “ser ciudadanos en ejercicio”. Eso significa, de acuerdo con el Equipo Paz del Gobierno, que los voceros no pueden tener “suspendida la ciudadanía como consecuencia de condena penal o sanción disciplinaria”.

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En el punto sobre el fin del conflicto, las partes acordaron que “los menores de edad que hayan salido de los campamentos de las Farc desde el inicio de las conversaciones de paz, así como los que salgan hasta la finalización del proceso de la dejación de armas, serán objeto de medidas de especial atención y protección”. Es decir, los niños y jóvenes seguirán un proceso de reincorporación a cargo del Estado.

 

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