En 2015, 29 indígenas han sido asesinados en Colombia. La cifra, que solo cuenta medio año, ya duplica con creces los 12 casos que hubo en todo 2014 y hace parte de un escabroso informe de Derechos Humanos que presentó la Organización Nacional Indígena de Colombia en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas.

 

El informe fue entregado en la sede de la ONIC, con la presencia de líderes y voceros de varias comunidades indígenas del país que expresaron su preocupación y la rabia por el claro aumento de hechos violatorios contra particulares y comunidades enteras en lo que va del año.

 

La denuncia de la ONIC partió de una premisa: las causas del aumento y la impunidad de las violaciones contra pueblos indígenas recaen, sin excepción, en los tres principales actores del conflicto: guerrilla, paramilitares y Fuerza Pública.

 

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“El contexto en el que los 102 Pueblos Indígenas estamos ejerciendo la defensa de nuestros derechos individuales y colectivos se destaca por la hostilidad por parte de grupos armados legales e ilegales […] La situación tiende a agravarse por los intereses de la Fuerza Pública por combatir la insurgencia, ocasionando una fuerte presión en búsqueda de resultados militares, generando combates en territorios indígenas, además de los combates entre fuerzas ilegales”, dice el informe en su primer párrafo.

 

Aunque en el documento se señalan 22 tipos distintos de violaciones, que van desde detenciones arbitrarias hasta bombardeos, sí se hace énfasis en las formas más comunes de violencia contra Pueblos Indígenas: homicidios, desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas.

 

Sobre los 29 homicidios en lo que va de 2015, el informe denuncia dos causas principales: la presencia de bandas criminales post-desmovilización de las AUC, como los Rastrojos o las Águilas Negras, bombardeos de la Fuerza Pública y combates entre el Ejército y grupos ilegales.

 

Pero antes que homicidios casi siempre hubo amenazas. Este año se han registrado 14 amenazas individuales contra líderes de varias comunidades, además de 5 colectivas en contra del pueblo Nasa. Los panfletos llegan firmados por Rastrojos o Águilas Negras, que las comunidades identifican como “hombres fuertemente armados, vistiendo prendas camufladas o de color negro, en camionetas de alta gama, ocultos por pasamontañas”.

 

El primer panfleto de este año se anunciaba como un “comunicado conjunto Águilas Negras – Rastrojos” y decía: “cansados de estos actos de terrorismo causados por estos indios nos vemos obligados a hablar por nuestra cuenta. Declaramos la muerte a estos bandidos que se hacen llamar consejeros …….y cabildos de indios (sic)”.

 

Pero más que por amenazas y homicidios, los pueblos indígenas se han visto afectados por el desplazamiento forzado. Este año van 1995 indígenas desplazados. De ellos, 655 son emberá que vivían cerca al río Purricha, en el Chocó, y sufrieron enfrentamientos entre paramilitares y el ELN. Otros 1200 son emberá eyabida que buscan refugio en otras comunidades, a raíz de los enfrentamientos entre el Ejército y las Farc en Urrao, Antioquia.

 

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La otra cara del desplazamiento es el confinamiento. El informe denuncia que, por presencia de personas encapuchadas y armadas en zonas aledañas a un resguardo de la comunidad Eperara Siapidara, 912 indígenas se encuentran confinados, por lo que limitaron su movilidad y tomaron medidas de autoprotección, como suspender sus actividades productivas y detener la jornada escolar.

 

El informe acaba con una declaración, que más que una denuncia parece un grito pidiendo auxilio: “A pesar del dolor enviamos un mensaje a los violentos, a quienes nos asesinan, torturan, desplazan, confinan, a quienes teniendo la obligación de protegernos no hacen nada: seguiremos de pie con dignidad, exigiendo nuestros derechos ancestrales, humanos y fundamentales, denunciando hechos victimizantes, pero sobre todo seguiremos persistiendo en las prácticas de paz como parte de la solución estructural a la violencia que tiene lugar en el país”.

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