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#ProyectoCOCA | Estas son las personas que han ayudado a Duque y Petro a construir su visión del problema de las drogas y proponer sus soluciones.

Por Andrés Bermúdez Liévano

En poco más de una semana se definirá la presidencia entre Iván Duque y Gustavo Petro, dos candidatos que están en lados distintos del debate sobre cómo solucionar el problema de la coca. Mientras Duque propone que la principal estrategia sea regresar a métodos forzados como la aspersión aérea y la erradicación manual forzosa, Petro propone continuar con el programa de erradicación y sustitución concertada con las comunidades que se inició con el Acuerdo de paz con las Farc, así como impulsar procesos de industrialización a partir de usos legales de la coca.

Proyecto Coca consultó con personas de las campañas de los dos candidatos para ver quiénes los están ayudando a construir una visión en el tema de drogas o en las estrategias a seguir en cualquiera de los eslabones de su cadena (cultivos, consumo y narcotráfico).

 

Los de Iván Duque

El equipo de Duque viene, en su inmensa mayoría, del sector de seguridad. Unos porque son oficiales retirados de la Fuerza Pública –y trabajaron en los programas antinarcóticos– y otros porque, aún siendo civiles, tienen una larga trayectoria en el Ministerio de Defensa.

Eso explica que la parte gruesa de su estrategia esté centrada en cómo combatir a los eslabones en el medio de la cadena del narcotráfico (desde la producción hasta el lavado de activos). También que, aunque reconocen que los eslabones débiles como cultivadores y consumidores requieren un tratamiento diferenciado, estos no ocupen un lugar prioritario en sus propuestas, o esas estrategias estén fuertemente atadas a la idea de seguridad (como penalizar la dosis mínima de droga o privilegiar la erradicación forzosa sobre la sustitución).

Hay varios ejes en los que están planteando trabajar, según le contó a Proyecto Coca uno de los integrantes del equipo. Primero, construir una capacidad nacional para hacer censos y monitoreo de los cultivos en tiempo real (para no depender de las mediciones de Naciones Unidas y el Departamento de Estado gringo). Segundo, cambiar los indicadores de medición de hectáreas de coca por otros más útiles, como las dosis de droga que se evita salgan del país y la disminución del potencial de producción.

Tercero, ensayar nuevas moléculas que se puedan asperjar diferentes al glifosato, privilegiando las que impidan que se sintetice el alcaloide de la hoja de coca (o al menos le baje la pureza), para bajar la rentabilidad del negocio. Cuarto, incrementar el control de insumos y precursores químicos, tanto en el contrabando fronterizo como en el que se hace vía falsificación de permisos. Y, por último, repotenciar los Centros estratégicos operativos (CEO) en las regiones, para que –en vez de solo militares- estén funcionarios de la DIAN, la UIAF y las otras entidades civiles necesarias para luchar contra el narcotráfico.

Rafael Guarín

Este abogado –que fue viceministro de Defensa durante el primer gobierno Santos, asesor en temas de paz de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría y estuvo en la renegociación con el Gobierno tras la victoria del ‘No’ en el plebiscito- es uno de los líderes del grupo informal de Duque en temas de drogas.

Guarín ha sido muy crítico en sus columnas del incremento histórico de los cultivos de coca en los últimos años (144.00 hectáreas a finales de 2016) y de la decisión del Gobierno de suspender la aspersión aérea con glifosato después de que la Organización Mundial de la Salud lo clasificara como potencialmente cancerígeno. Sin embargo, también ha defendido la necesidad de tener programas efectivos de sustitución de coca (aunque ha cuestionado el modelo de Acuerdo de Paz, liderado por Rafael Pardo). “El Estado no tiene la capacidad financiera, tampoco institucional, ni operativa, para implementar los acuerdos en materia de reforma rural integral y lucha contra las drogas en los territorios. No hay plata, no hay liderazgo y no hay voluntad política en un período de transición electoral”, escribió hace un año.

Tiene un vínculo importante con el equipo de paz del actual Gobierno: su mentor político fue el saliente Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, de quien fue viceministro y, más atrás, jefe de debate cuando éste fue precandidato presidencial liberal en 2002.

Almirante Rodolfo Amaya Kerguelen

Este almirante retirado de la Armada es el otro líder del grupo informal de Duque. Proveniente de una familia de fuerte tradición militar (su hermano Juan Pablo es mayor general del Ejército), Amaya es muy cercano al expresidente Álvaro Uribe desde que fue jefe de la Casa Militar de la Presidencia durante sus ocho años de gobierno.

Amaya hizo toda su carrera en la Armada, que tiene bajo su ala las cruciales operaciones de interdicción de cargamentos de droga que salen del país por vía marítima (y que todos los expertos en narcotráfico han insistido deben reforzarse en los ríos del país). De hecho, fue comandante de la Fuerza Naval del Pacífico y jefe de Operaciones Navales, además de segundo comandante de toda la fuerza.

Se tuvo que retirar cuando el presidente Juan Manuel Santos renovó casi todos los liderazgos dentro de las Fuerzas Militares en 2015, preparándolas para el nuevo contexto que supondría el Acuerdo de paz y nombrando al almirante Leonardo Santamaría al frente de la Armada.

 Jorge Mario Eastman

Fue un fichaje tardío de Duque, con quien tiene una cercana relación personal (son amigos de juventud) y a cuya campaña llegó cuando Juan Carlos Pinzón –de quien alcanzó a ser brevemente fórmula vicepresidencial– se alió con Germán Vargas Lleras.

Eastman tiene experiencia en dos temas claves para la política de drogas: seguridad (fue viceministro de Defensa dos veces en el gobierno Uribe y negociador con el ELN durante el de Andrés Pastrana) y buena interlocución con las comunidades (habiendo sido uno de los encargados de negociar en los paros en el gobierno Uribe). Editó el libro El narcotráfico en la región andina en 1992.

Diego Molano Aponte

Este administrador de empresas bogotano no podría ser parte de un eventual gobierno de Duque porque es concejal del Centro Democrático por Bogotá. Pero su presencia en el grupo de asesores fortalece la pata –que aún se ve más débil que la de seguridad– de encontrar soluciones y oportunidades de desarrollo económico y productivo con las comunidades que cultivan coca o amapola.

Molano tiene experiencia en programas de desarrollo rural y social, tras haber sido director de Acción Social de Uribe y coordinador del programa Midas (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible) de sustitución de cultivos de USAID, que tuvo resultados mixtos. También dirigió el ICBF en el gobierno Santos y la Fundación Bavaria. Además de ser muy crítico del capítulo de drogas del Acuerdo de paz y de su implementación, viene promoviendo la idea de que “una de las modificaciones (…) tiene que ser que el narcotráfico no pueda seguir siendo considerado conexo al delito político”.

Coroneles Carlos Narváez y Miguel Tunjano

Estos dos coroneles retirados de la Policía –que han trabajado más de dos décadas en política antidrogas– son los que han ayudado a Duque a pensar en la estrategia contra los eslabones más rentables de la cadena.

Tunjano fue director del Centro de Estudios Estratégicos de la Policía Antinarcóticos –desde donde lideró el diseño de la política de aspersión manual (mata por mata), después de que se suspendiera la aérea– y luego asesor del viceministro de política criminal Carlos Medina. Narváez dirigió el programa de aspersión aérea durante el gobierno de Álvaro Uribe y luego trabajó por doce años en la Embajada de Estados Unidos en esos mismos temas.

“Queremos construir un nuevo diagnóstico porque el problema de las drogas ha cambiado desde La Habana, con incentivos perversos que contribuyeron a que más campesinos comenzaran a cultivar coca”,  le dijo Narváez a Proyecto Coca.

Victoria Eugenia Restrepo

Esta administradora agropecuaria antioqueña es la persona encargada por Duque de pensar la política social que complementaría la estrategia antidrogas. Esa fue precisamente la responsabilidad que tuvo durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, cuando fue coordinadora del Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), que lideró los procesos de sustitución de cultivos que tuvieron magros resultados.

La misión de Restrepo ahora será coordinar las acciones antidrogas de las distintas entidades, de manera que no estén desarticuladas y que tengan una gerencia única. Fue también gerente de Reforestadora del Caribe (el proyecto forestal de Argos) y tiene una relación cercana con Uribe, quien la incluyó en su lista cerrada al Senado en 2014.

 

Los de Gustavo Petro

El equipo programático de Petro en el tema de drogas ha sido pequeño. A diferencia del de Duque, se ha concentrado en pensar soluciones para los dos eslabones más débiles de la cadena, haciendo énfasis en los proyectos de desarrollo rural para los cultivadores y en un enfoque de salud pública para el consumo.

Además vienen proponiendo programas de usos alternativos legales de la coca para campesinos cocaleros (incluyendo fines medicinales e industriales) y regular el consumo de marihuana para fines recreativos. Estas ideas colocan a Petro en un ala reformista de la actual política de drogas, tanto a nivel nacional como internacional.

En cambio, la propuesta de Petro –con la excepción de un énfasis en fortalecer las capacidades de la justicia– es menos detallada en lo que haría con los eslabones más rentables de la cadena del narcotráfico, desde los laboratorios hasta el lavado de activos. De hecho, su equipo programático no tiene ningún documento en el tema de seguridad.

 

Marcela Tovar Thomas

Esta filósofa bogotana de la Universidad Nacional lleva ocho años trabajando en reformas a la política de drogas, sobre todo desde las esferas de juventud, consumo y salud pública.

Tovar trabajó en la Alcaldía de Petro, coordinando el programa de jóvenes en prevención del microtráfico y apoyando estrategias de reducción de daños en el consumo con habitantes de calle.

A raíz de este trabajo, defiende el acceso a atención médica para quienes tienen consumos problemáticos, el acceso a herramientas para reducir el daño en estos consumos, la creación de políticas para evitar que los jóvenes sean cooptados por las redes de microtráfico (razón por la que fue muy crítica de la intervención de la alcaldía de Enrique Peñalosa en el Bronx) y la extensión nacional de los centros de atención a consumidores (CAMAD) como estrategia de reducción del daño y de bajo umbral (es decir, sin barreras de acceso) para acercar los servicios del Estado a poblaciones vulnerables.

“La política pública de drogas no puede continuar construyéndose a partir del desconocimiento de los contextos propios de cada uno de estos individuos y de sus redes –o falta de redes–. No puede seguir imponiendo como única estrategia en el ámbito del consumo la abstinencia y el encierro. No puede seguir extrayéndolos del ámbito social y servicios con los que cuentan, sin dar solución al problema de base que los empuja a unas búsquedas que incluso sobrepasan el sentido de la autoprotección. Al contrario, reducir las barreras de entrada a servicios sociales es lo que permite que no terminemos por fortalecer las únicas redes que los soportan, las del narcotráfico y la violencia que, al final, les dan sentido a sus vidas”, escribió en esta columna en ¡Pacifista!.

Felipe Tascón

Este economista vallecaucano ha trabajado desde hace tres décadas en proyectos de desarrollo rural, incluidos muchos de sustitución de coca.

Tascón ha dividido su carrera entre entidades públicas como Fonade, Findeter y la Red de Solidaridad Social y organismos multilaterales como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ha trabajado en al menos dos proyectos grandes ligados a transformar las condiciones en las regiones más golpeadas por el conflicto: primero durante ocho años en el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) que se extendió desde los gobiernos de Belisario Betancur hasta César Gaviria y, más recientemente, en la Agencia de Renovación del Territorio que nació con el Acuerdo de paz.

Ha defendido con frecuencia que, para solucionar el problema de la coca, es necesario comprender la historia de la planta y de las regiones donde crece, motivada por fuertes migraciones de campesinos para colonizar zonas lejanas (a causa de la violencia o la falta de oportunidades), por la mala calidad de los suelos en esas regiones y la falta de productos con posibilidades económicas reales. Bajo esa lógica, ha propuesto que en ciertas regiones se pueda mantener la planta de coca y emular el caso de Bolivia donde –como explica– “desde el Gobierno promueven usos lícitos medicinales, harinas o suplementos nutricionales para esta droga”.

También ha insistido en que, para sustituir, el Gobierno dialogue con la Coccam (que se ha abrogado una representatividad de los cocaleros que en muchas regiones los campesinos no reconocen). “Error craso que el gobierno se niegue a ver la posibilidad que brinda un campesinado organizado, cuando el Acuerdo Final de Paz reivindica la participación en la solución de las comunidades involucradas, para planear conjuntamente con ellas la sustitución en todos los territorios”, escribió hace un año.

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