Foto: Santiago Mesa

Entre el jueves y el domingo, tres personas fueron asesinadas, una resultó herida y dos salieron ilesas de atentados. Foto: Santiago Mesa

Entre febrero y marzo pasados fueron asesinados el integrante de la Juventud Comunista Klaus Zapata, la lideresa campesina Maricela Tombé, el gobernador indígena Alexander Oime, el dirigente campesino y militante de Marcha Patriótica William Castillo, el integrante de la Unión Patriótica (UP) Milton Escobar y el líder comunal Gil de Jesús Silgado.

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Luego, entre agosto y septiembre, fueron baleados el dirigente Awá Camilo Taicus; los indígenas Luciano Pascal, Alberto Pascal y Diego Chairá; el líder del Comité de Integración del Macizo Colombiano Joel Meneses, el integrante del Proceso Campesino e Indígena de Almaguer Nereo Meneses y el campesino Ariel Sotelo.

Los 13 fueron asesinados por motivos políticos, según esas y otras organizaciones sociales. Luego de ambas oleadas de muerte, Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Unión Patriótica y el Partido Comunista le pidieron al Gobierno generar garantías para el ejercicio de la política, así como desarticular las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.

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Ahora, dos meses después, una tercera racha de crímenes enluta a la izquierda. Entre el jueves y el domingo pasados fueron asesinados dos integrantes de Marcha Patriótica, un tercero fue herido de gravedad y un cuarto salió ileso de un atentado con pistola, mientras que un líder de restitución de tierras sobrevivió a un intento de homicidio y un campesino afiliado a una junta de acción comunal fue asesinado a tiros.

La situación empujó al presidente Juan Manuel Santos a convocar una “comisión de alto nivel para tomar acciones contra crímenes y agresiones a líderes sociales”, mientras que las Farc le enviaron una carta al primer mandatario en la que le pidieron: “Póngase en el lugar de las organizaciones sociales victimizadas, o en el nuestro, y pregúntese qué actitud asumiría usted frente a este río de sangre que amenaza con arrasar el proceso de paz”.

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También se pronunció Marcha Patriótica, la más golpeada por los crímenes. Este lunes, los voceros David Flórez y Gloria Ramírez fueron al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, para preguntar qué ha pasado con las investigaciones por los 124 asesinatos que, dicen ellos, ha padecido Marcha desde 2011. Ambos dijeron que están viviendo un “genocidio político” como el de la UP y que al Gobierno le ha faltado “voluntad política” para parar los muertos.

Estas son las seis personas por las que la izquierda pide poner en marcha las garantías de seguridad para líderes y comunidades contempladas en el Acuerdo Final al que llegaron el Gobierno y las Farc en La Habana:

Erley Monroy

Fue baleado el 18 de noviembre en cercanías al Batallón de Infantería No 36, en San Vicente del Caguán (Caquetá). Era fiscal de la Asociación Campesina y Ambiental del Losada-Guayabero (Ascal-G), integrante de Marcha Patriótica y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, y presidente de una asociación de pequeños ganaderos de esa zona —ubicada entre Meta y Caquetá—.

En los últimos meses, Monroy había denunciado la presencia de grupos armados ilegales en Losada, que habrían distribuido panfletos amenazantes bajo la sigla “AUC”, que en el pasado identificó a las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2015, Monroy sostuvo una dura pelea con el extinto Incoder, luego de que la entidad declarara un terreno de más 277 mil hectáreas como un baldío ilegalmente ocupado por las Farc. Entonces, él y otros dirigentes se opusieron a esa decisión, alegando que las tierras estaban ocupadas por campesinos.

La muerte de ese líder agrario exacerbó aun más los conflictos entre Ascal-G y el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, del Centro Democrático. Públicamente, Sánchez ha cuestionado las normas de convivencia y los “impuestos” que la asociación ha decretado en la zona, mientras que Ascal-G insiste en que el alcalde la estigmatiza señalándola de pertenecer a las Farc.

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En declaraciones a medios regionales, Sánchez dijo sobre el homicidio de Monroy que “quieren orientar el hecho hacia algo político, cuando realmente puede ser un ajuste de cuentas, porque ese vínculo que algunos dirigentes han tenido con el conflicto armado, y con la misma guerrilla, ha ocasionado resquemor”. Marcha Patriótica y la UP cuestionaron duramente esas afirmaciones y señalaron a Sánchez como el responsable del homicidio. La Fiscalía investiga los hechos.

Didier Losada

Fue asesinado el 18 de noviembre en su casa de la vereda El Platanillo, de La Uribe (Meta). Dagoberto Ramírez, vicepresidente de Ascal-G, le dijo a ¡Pacifista! que Losada era carnicero y afiliado a la junta de acción comunal de esa vereda, pero que no era su presidente ni integraba la asociación, como han asegurado algunos medios.

Ramírez también narró los detalles del homicidio: “Estando el señor Didier pelando la res para desprender la del día sábado, llegó un tipo vestido de negro, encapuchado, que lo encendió a tiros y lo mató”. Y dijo que la esposa de Losada aseguró “que él no tenía enemigos, no tenía ninguna clase de problemas, y res que compraba, res que pagaba”.

El vicepresidente de Ascal-G dice que no tiene pistas sobre el asesinato de Losada, pero que “en esta región a todos nos tildan de guerrilleros, entonces debe ser por eso”.

Hugo Cuéllar

El 19 de noviembre, cuando iba para su casa, después de asistir al velorio de Erley Monroy, Hugo Cuéllar fue atacado por desconocidos. Según el vicepresidente de Ascal-G, “antes de llegar a la casa unas personas lo jalaron de la moto en la que él iba, él se agarró a la fuerza con ellos, ellos le dispararon tres veces, y le propinaron un tiro en el abdomen”. De momento, está hospitalizado en Florencia (Caquetá).

Foto: María Flórez

En octubre pasado se llevó a cabo en la inspección de San Juan de Losada la audiencia de constitución de la Zona de Reserva Campesina de Losada-Guayabero, impulsada por Ascal-G. Foto: María Flórez

Cuéllar es el presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Victoria, de La Macarena (Meta). Hace parte del cuerpo de directivos del núcleo cinco, uno de los siete en los que están agrupadas las 68 veredas sobre las que ejerce control Ascal-G. Es integrante de Marcha Patriótica.

Rodrigo Cabrera    

Murió luego de recibir 12 impactos de bala el pasado 19 de noviembre, cuando iba en moto-taxi para su casa, ubicada en la vereda Rosales, de Policarpa (Nariño). Según Marcha Patriótica, lo atacaron dos hombres armados, encapuchados, con una pistola calibre 38. Tenía 39 años y era padre de dos menores.

En un comunicado emitido el domingo, las autoridades de Policarpa, reunidas en un consejo de seguridad, aseguraron que el homicidio “es un hecho aislado a lo que los medios de comunicación informaron sobre el desempeño que supuestamente tenía el hoy occiso, como defensor de los derechos humanos e integrante del movimiento político Marcha Patriótica, ya que el señor Rodrigo se dedicaba a la agricultura y ganadería según lo manifestado por el padre de la víctima, quien además manifestó que su hijo era apático a la política”.

Las autoridades del municipio también declararon que Cabrera tenía “anotaciones por porte ilegal de armas” y aventuraron que el crimen obedecía a “ajustes de cuentas”.

Lizeth Montero, de la oficina de derechos humanos de Marcha Patriótica, le dijo a ¡Pacifista! que Cabrera sí era militante de ese movimiento. Además, que “era integrante de una comunidad campesina. No tenía representatividad significativa a nivel departamental, pero contribuía con los intereses de su comunidad, apoyaba los procesos de movilización y participó en las vigilias por la paz que se hicieron a finales de octubre”.

Montero también rechazó el comunicado del consejo de seguridad y declaró que “si como resultado de una investigación responsable nos dicen que los móviles son distintos a la persecución política, nosotros estaremos en toda la disposición de reconocer que así es. Mientras tanto, lo que es claro es que se está configurando un auténtico genocidio”.

Por ahora, una comisión de la Fiscalía investiga los hechos en el lugar del crimen.

Danilo Bolaños

Sobrevivió a un intento de homicidio luego de asistir a un cabildo abierto realizado por la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (Astracan) y por el concejo de Leiva (Nariño). La idea del cabildo era estudiar los cambios que el Gobierno y las Farc le introdujeron al Acuerdo Final tras la victoria del No en el plebiscito y debatir sobre la fase de implementación.

En entrevista con la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, Bolaños contó que luego de salir de Leiva para el municipio de La Unión, donde haría unas compras, “me encontré con dos sujetos en una moto, que venían muy despacio, atentos, mirando como si buscaran a alguien (…) Cuando estábamos cerca, el parrillero saltó a la vía con un arma de fuego y empezó a dispararme a quemarropa (…) Se le fueron más de cinco o seis disparos, que no lograron impactar”.

Bolaños es integrante de Marcha Patriótica y de Astracan, una organización que trabaja por la sustitución de cultivos de uso ilícito y que en las pasadas elecciones tuvo candidatos a la alcaldía y al concejo. La asociación, además, hizo campaña por el Sí en el plebiscito.

En entrevista con la Red, Bolaños se preguntó si “nos va a pasar lo mismo que le pasó a la Unión Patriótica”.

Este lunes, después de presidir un consejo de seguridad, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, anunció que la Policía le prestará seguridad a Bolaños “mientras se espera el resultado del estudio de seguridad que realice la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.

Argemiro Lara

El pasado 17 de noviembre,  un hombre le apuntó con un arma corta al dirigente campesino Argermiro Lara. Fuertemente amenazado, Lara cuenta con un escolta asignado por la UNP. Fue ese funcionario quien impidió que le dispararan hiriendo al atacante, quien más tarde falleció en un hospital.

Lara hace parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y es reclamante de tierras de la finca La Europa, en Ovejas (Sucre).

En diálogo con este portal, Érika Gómez, presidenta del CPDH, aseguró que “en lo que va corrido de este año Argemiro ha tenido aproximadamente cinco amenazas de muerte. Todas se han denunciado ante la Fiscalía, pero las investigaciones nunca avanzan. Ahora, con este nuevo hecho, las autoridades manejan la hipótesis de un hurto, que nosotros no compartimos”. Y agrega que “en Sucre hay empresarios, ganaderos y terratenientes que están pendientes de los procesos de restitución de tierras. Creemos que sería muy apresurado señalar personas en particular, pero suponemos que los responsables están en uno de esos tres sectores”.

Luego del atentado, Lara fue sacado de Sucre con el apoyo de agencias internacionales. Es integrante de la UP.

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