Miembros de la comunidad Yukpa. Foto: Nicholas JP

Miembros de la comunidad Yukpa. Foto: Nicholas JP

Por: Nicholas J Parkinson

El equilibrio espiritual que es esencial para la comunidad Yukpa se encuentra en desbalance. Los cementerios ancestrales han sido profanados por invasores; los árboles que albergan a los espíritus están siendo talados y los animales salvajes que los hombres de esta etnia solían cazar con entusiasmo ya no se encuentran. Las limitaciones que impiden que la comunidad practique su cultura están evitando que los ancianos Yukpa transmitan estas actividades, palabras e historias a nuevas generaciones.

“La pérdida de la cultura es muy real. Nuestros hijos no sabrán nada sobre los Yukpa si no nos rescatan de la extinción. Si no tenemos espacio para preservar nuestra cultura, les garantizo que, en treinta años, nuestra cultura va a desaparecer”, dice Andrés Vence, líder del consejo de una comunidad Yukpa conformada por 120 familias que viven en 300 hectáreas en la Serranía del Perijá, en la frontera entre Venezuela y Colombia.

“La longevidad de la cultura depende del territorio”, señala.

Quedan aproximadamente 6.000 Yukpa en Colombia, y la mayoría viven en tierras autónomas conocidas como resguardos. Durante los últimos treinta años, la comunidad Yukpa que vive en La Laguna ha sido víctima de abuso e intimidación como resultado del conflicto armado y ha visto sus tierras ancestrales ocuparse cada vez más por forasteros, a quienes se refieren como colonos. Hoy en día, la comunidad se está resistiendo mediante una solicitud de restitución étnica que busca recuperar 964 hectáreas de tierra y permitir a la comunidad el espacio que necesita para florecer.

Humillación y abuso

En 1982, el grupo guerrillero conocido como las FARC llegó a territorio Yukpa para reclutar a hombres, mujeres, jóvenes y niños. Andrés Vence fue secuestrado por ocho días para ser adoctrinado; pero él y los Yukpa se resistieron. Otro grupo guerrillero conocido como el ELN, llegó al año siguiente y secuestró a varios jóvenes. Armados solo con arcos y flechas, Vence y sus hombres marcharon al campamento guerrillero y recuperaron a sus niños, diciendo que los Yukpa no participarían en ninguna guerra.

Cuando el ejército colombiano entró en la escena a mediados de los años noventa, las cosas empeoraron aún más. Las familias Yukpa ya no podían moverse libremente de casa en casa, lo cual llevaría al abandono sistemático de más de 900 hectáreas de tierra. Durante años, los retenes militares limitaron la circulación de víveres entre las familias. Para empeorar las cosas, llegaron grupos paramilitares —quienes a menudo eran los mismos miembros del ejército— a las aldeas Yukpa para aterrorizar a la comunidad.

“Abusaron de nosotros y nos humillaron”, dice Vence. “Creo que todo era con la esperanza de que abriéramos la boca y dijéramos algo que les diera el derecho a matarnos”.

Durante el periodo de la ocupación del ejército, los paramilitares se aprovecharon del flujo de combustible de contrabando—levando impuestos—que llegaba diariamente a la región desde Venezuela. Debido al conflicto, la venta de combustible se convirtió en la fuente de ingresos para la mayoría de colombianos viviendo en la municipalidad. Para los Yukpa, el contrabando representaba otra variable de una guerra no deseada y el poder de la avaricia, una de las razones fundamentales del conflicto.

Historia documentada

En 2015, la oficina territorial de Cesar y Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) empezó a agilizar los estudios de caracterización, una pieza esencial de evidencia material que documenta los antecedentes, la victimización y el sufrimiento de las comunidades indígenas que desean reclamar sus tierras. La Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) apoyó la caracterización de la comunidad Yukpa de La Laguna.

Durante el transcurso de seis meses, los funcionarios visitaron a los Yukpas; allí entrevistaron a miembros y realizaron grupos focales. También, recolectaron material informativo del gobierno, organizaciones no gubernamentales, textos académicos y medios de comunicación. El resultado final son casi 200 páginas de historia, cartografía, experiencia y evidencia que demuestran cómo el conflicto armado contribuyó a la aniquilación de la cultura Yukpa, su sustento y su prosperidad en general.

“La alianza nos dio capacidad de funcionamiento. Sin este apoyo, nos habría tomado uno o dos años más llegar a este caso”, dice Jorge Chávez, Director de la Unidad de Restitución de Tierras en el Cesar.

El documento será presentado como parte de la solicitud de restitución de tierras de la comunidad Yukpa, que se presentará ante un juez de restitución en los primeros meses de 2017. Por ley, los jueces deben expedir un fallo dentro de los seis meses posteriores a la radicación de una solicitud de restitución en la Corte. El caso de restitución étnica de los Yukpa, será el tercero en el Cesar en llegar a los tribunales, convirtiendo al departamento en un actor importante en el esfuerzo nacional para subsanar la división histórica entre el gobierno y los grupos indígenas.

Actualmente existen más de 24 casos de restitución étnica en la fase de caracterización que tendrán un efecto en más de 10.000 familias por todo Colombia. Además del caso Yukpa, USAID está apoyando a la URT con estudios de la evidencia en otro caso que involucra a más de 600 familias étnicas Sikuani en el Meta y ayudado a que las oficinas territoriales de restitución mejoren su articulación con socios del Sistema de Atención y Reparación Integral a Víctimas y funcionarios municipales.

“En todo el país hay solicitudes de restitución étnica que están llegando a los jueces. La URT está en su quinto año de ejecución y resolver estos casos es una prioridad. Este caso en particular es muy relevante porque los Yukpa están perdiendo su identidad cultural, y nosotros reconocemos eso”, aseguró Chávez.

En sus cinco años, los jueces de restitución han emitido tres sentencias de restitución étnica, entregando más de 124.000 hectáreas de tierras a las comunidades indígenas.

Mientras los Yukpa esperan el fallo del juez, el progreso del caso ha fortalecido a Vence para movilizar a la comunidad —incluyendo a sus ancianos, conocidos como los Yimayjas— para transmitir su memoria colectiva y habilidades culturales tales como el tejido de mochilas, la práctica de ritos espirituales y la elaboración de escudos para defenderse de los malos espíritus.

Un fallo a favor, será clave para restablecer la fe de los Yukpa en el Gobierno Colombiano. “Hemos puesto mucha presión en el Gobierno por muchos años para llevar esto a cabo, así que nuestra esperanza es temporal. Vemos televisión, y la cultura indígena nunca es parte de la conversación. Las comunidades indígenas son las más vulnerables”, explica Vence.

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