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Columnista: Diego García Devis*

Sin duda el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha logrado poner en la agenda internacional la necesidad de debatir, basándose en evidencia científica, la fracasada política de drogas. Su equipo de gobierno ha seguido la línea presidencial y, de manera muy hábil, la Cancillería y la misión frente a la ONU lideraron el diálogo de alto nivel realizado el pasado 7 de mayo en la Asamblea General de Naciones Unidas, del cual resultaron declaraciones conjuntas de países pro-reforma del actual marco normativo sobre las drogas.

También lo ha hecho bien su Ministerio de Justicia, en  la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), foro político en la OEA, al elaborar el informe ‘Alternativas al Encarcelamiento para los Delitos Relacionados con Drogas’, en el que se ofrecieron varias recomendaciones útiles frente al contexto penitenciario del hemisferio; documento que, vale la pena decirlo, no fue bien recibido por países como Chile, Perú y Venezuela. Una posición paradójica si se reflexiona sobre la crisis carcelaria que enfrentan estos países.

El pasado 2 de junio en el discurso inaugural de la XXXIII Conferencia Internacional para el Control de las Drogas que se llevó a cabo en Cartagena, Santos volvió a utilizar la metáfora de la bicicleta estática para referirse a los ‘logros’ de la política de drogas, al decir que “…uno pedalea, pedalea y pedalea, y hace un gran esfuerzo,  mira para la derecha, mira para la izquierda, y está en el mismo sitio”.  El valor de esta metáfora cobra vigencia si se considera que la mayoría de la audiencia de la conferencia eran delegaciones de policía antinarcóticos de varias regiones del mundo.

Sin embargo, hay que ver con detalle el llamado de Santos a la reforma; el presidente colombiano  aseguró en dicha conferencia que “hasta tanto no haya un consenso global en torno a un nuevo enfoque de la lucha contra las drogas, nosotros mantenemos la ofensiva”.  El consenso global es algo que Santos y los ‘expertos’ saben que no sucederá, al menos en la sesión especial de la ONU sobre drogas que tendrá lugar en abril de 2016 con el objetivo de revisar las convenciones vigentes.

Adicional a ello, el innegable liderazgo reformista de Santos en el plano internacional se opaca por los tímidos visos de innovación en el plano doméstico. Por ejemplo: la decisión de suspender la aspersión aérea de cultivos de coca con glifosato, herbicida señalado como cancerígeno, que se vio inicialmente como un cariz de independencia de la política antinarcóticos, sin dejar de respetar las obligaciones internacionales y sin restringir la innovación a nivel doméstico, no se ha hecho realidad. Al momento de escribir este texto, el gobierno colombiano todavía estudia cuál será el método de erradicación alternativo a la fumigación.

Quienes argumentan sobre la necesidad de mantener ‘el garrote’ pendiendo sobre los campesinos que cultiven coca y la perfectibilidad de la fumigación, como método de control a la expansión de los cultivos declarados ilícitos, no entienden el fracaso de la guerra contra las drogas o, simplemente, buscan distanciarse de la posición reformista del gobierno colombiano a nivel internacional.

La erradicación forzada y  el concepto de desarrollo alternativo se han separado del objetivo de proteger al ser humano y al medio ambiente, y se han convertido en puntos de discusión en la agenda de seguridad y contrainsurgencia. Las acciones que ahora se adelanten deberán considerar la construcción del Estado desde las regiones más apartadas, tomando como oportunidad el marco del proceso de paz con la guerrilla de las Farc y el pre-acuerdo sobre drogas ya alcanzado entre el Gobierno y ese grupo insurgente. 

Es momento de que el control de los cultivos declarados ilícitos, como el de la coca, deje de ser forzado, los productores criminalizados y alternativas como la reducción gradual y voluntaria sean introducidas. Las mediciones deben cuantificar y diagnosticar las necesidades de los campesinos que viven de esta economía, dejando de lado la obsesión de medir las hectáreas destruidas. Esto debería ir acompañado de planes participativos de desarrollo integral sostenible, acordados con las comunidades y adaptados a la realidad nacional; así como de una reglamentación de los usos industriales de la coca. Serían medidas que ponen los derechos de los sujetos y las poblaciones en el centro de las políticas de drogas.

El gobierno de Colombia y sus funcionarios deben perder el temor a la innovación. Especialmente, cuando las formulas tradicionales han evidenciado su ineficacia. Según el último reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Colombia, la producción de coca y cocaína han aumentado 44% y 52% respectivamente. 

Para abordar el fenómeno, el gobierno de Colombia debe seguir el camino que han tomado varios Estados en una  interpretación soberana de las tres convenciones existentes sobre drogas: el pionero, Uruguay, al que recientemente se le sumó Jamaica, regulando la producción y usos del cannabis; Ecuador, ofreciendo alternativas a la cárcel para delitos menores relacionados a sustancias controladas; o Bolivia, que con el modelo de control social y sin hacer uso de la fuerza ha logrado reducir en cerca del 25% la extensión de cultivos de coca desde 2010 hasta la fecha.

 

*Diego García-Devis (1975 )  politólogo colombiano, mágister del Departamento de Estudios de Guerra de King College, Londres. Ha trabajado para la Organización de Estados Americanos (OEA), USAID/Colombia y hoy hace parte del Programa Global de Políticas de Drogas de Open Society Foundations, donde se dedica a al apoyo de organizaciones y gobiernos interesados en abordar las política de drogas desde la perspectiva de derechos humanos.

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