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Lea la primera, segunda y tercera entrega de ‘Los indeseables’

Por Alejandro Lanz*

El 25 de abril de 2013 estaba en la Plaza de San Victorino haciendo una visita ‘de campo’ en uno de mis primeros trabajos con la profesora Amy Ritterbusch. Ella me había contratado para hacer una investigación sobre el uso de drogas en el centro de Bogotá. La investigación consistía en realizar un diagnóstico participativo sobre el ‘bazuco’ y el pegante con mujeres usuarias de droga de la recientemente desaparecida calle ‘La L’, en el centro de Bogotá.

Recuerdo que bajé porque ‘La Calva’, una mujer que trabajaba putiando en La Mariposa, me llamó muy urgida porque la perrera –El camión de la policía– había literalmente capturado a un grupo de siete mujeres que se dedicaba al trabajo sexual en la Plaza de la Mariposa. Cuando llegué al lugar había un gran alboroto en la plaza: no sólo había un camión cargado de trabajadoras sexuales con destino a la UPJ, sino también otro repleto de las mercancías de los vendedores ambulantes del sector, a quiénes la policía les había robado sus chicles, cigarrillos y paquetes.

Ese día se quedó grabado en mi memoria y fue uno de los puntos de partida de mis luchas como activista por los derechos humanos. Me acerqué al CAI móvil, junto con una colega, para interceder por ‘La Calva’. En ese momento, argumenté cualquier cantidad de leyes y demás disposiciones establecidas en distintos códigos, pues consideraba ilegal lo que estaban haciendo las autoridades con las personas tras las rejas del camión. Ninguno de los argumentos jurídicos resultó útil para que este grupo de mujeres lograra recobrar su libertad. Minutos después, me acerqué a la perrera  para escucharlas de primera mano: fue entonces cuando una de ellas me pidió que tomara esta foto. Me pidió que la subiera a mis redes sociales para denunciar y evidenciar la violencia policial que, a diario, experimentan las mujeres trabajadoras sexuales de La Mariposa.

Las prostitutas en el camión de la policía. Foto: Alejandro Lanz

Regresé a mi casa lleno de rabia. El camión efectivamente arrancó rumbo a la UPJ, donde estas tres mujeres, injustamente, pasaron la noche por el solo hecho de ser percibidas por la policía como putas. La escena continuó repitiéndose semana tras semana como una dinámica constante en la que llegaba el camión, correteaba a las mujeres, las extorsionaba, les pedía los mal llamados favores sexuales y/o las llevaba a la UPJ después de pasearlas por varias calles del centro de Bogotá.

Según el informe de Medicina Legal titulado “Homicidios de Mujeres en Condición de Prostitución durante los años 2004 y 2013”, en ese periodo fueron asesinadas 238 mujeres trabajadoras sexuales en Colombia. El mayor número de víctimas se encuentra entre los 20 y 34 años de edad y el 50 por ciento de los casos se produjo en el espacio público. La violencia policial hacia las prostitutas es uno de los principales elementos que legitiman las constantes agresiones y homicidios a esta población.

Este hecho sistemático fue uno de los que motivó la creación de Parces. Ese diciembre emprendimos una larga carrera por constituirnos legal y socialmente como una organización defensora de derechos humanos: una tarea bien difícil en este país. Difícil porque las organizaciones no gubernamentales hacemos un trabajo de denuncia, de veeduría y de visibilización de violencias sociales y estatales; difícil porque conseguir los recursos para trabajar y ser activista no es cualquier papitas fritas; difícil porque las organizaciones y el movimiento social aliado teme ser desbancado por una organización nueva; difícil porque teníamos el estigma de la organización joven, reaccionaria, y con pocos pelos en la lengua: difícil pero no imposible y así lo hicimos.

Durante estos largos cuatro años hicimos activismo comunitario y logramos grandes cambios frente a la protección de los derechos de la población que ejerce el trabajo sexual. En escalas comunitarias empezamos por identificar conjuntamente cuáles eran los principales problemas a los que se enfrentaba esta población, así como sus necesidades. La violencia policial encabezaba las listas de los ejercicios que hacíamos. Esta violencia, hasta el día de hoy, está articulada y legitimada por estigmas y prejuicios sociales frente a la venta de servicios sexuales y se manifiesta a través de prácticas de perfilamiento en las cuales los agentes leen a las mujeres como putas por la forma en la que se visten y después las asocian con bandas criminales.

El perfilamiento funciona por partida doble: te vistes como puta; las putas son criminales. Esta reiterada práctica fue la que nos motivó a construir el litigio comunitario[1]  que terminó con la promulgación de la sentencia T – 594 de 2016: una decisión histórica de la Corte Constitucional en la que, por primera vez, se exhortó al Ministerio del Trabajo a regular el trabajo sexual en Colombia, pues, según argumentos del tribunal, mientras no diferenciemos el trabajo sexual de la explotación sexual, el Estado no podrá proteger los derechos de quienes voluntariamente se dedican al primero y perseguir criminalmente a quienes ejercer y dominan las redes y dinámicas de explotación del segundo.

Este recuerdo vino a mi mente al momento de escribir esta columna por dos hechos puntuales que se interrelacionan entre sí: el primero es que el viernes 4 de agosto de este año la congresista Clara Rojas radicó el proyecto de ley 065 de 2017 que, a grandes rasgos, en el papel, pretende criminalizar a las personas que son usuarias de servicios sexuales con el pago de multas [2]; y, el segundo, es que el consejo de fundadores de Parces decidió el 27 de junio de este año disolver la organización que había alcanzado estos logros en materia de derechos humanos de las y los trabajadores sexuales.

Entre tanto, la tusa que tenía por la disolución de  la organización que hace un poco más de cuatro años construimos para combatir las violencias que afronta esta población, se volvió martirio el día en el que a Clara Rojas le dio por radicar ese proyecto del ley. Si algo aprendí en estos años es que las emociones son motores de cambio social: la tusa, la rabia, el martirio, la impotencia y la incertidumbre, las mismas emociones que, hoy apuesto, enfrentaron las chicas en la perrera, curiosamente fueron las emociones que me motivaron a fundar Parces. Hoy esas emociones me obligan a tomar nuevos rumbos, a construir nuevas alianzas y a soñar nuevas luchas. Hoy me obligo a creer en una puta sociedad libre de violencia y con puteos protegidos. Hoy me obligo a creer lo que alguna vez aclamó ese maravilloso poeta lationamericano: que “En la vida solo hay que ser experto en empezar de ceros”.

 

*Alejandro Lanz es el ex director ejecutivo de Pares en Acción-Reacción Contra la Exclusión Social (Parces ONG).
 
*** Este es un espacio de opinión. No compromete la posición de VICE Media Inc.
@AlejandroLanz11
[1]. https://www.facebook.com/parcesongcolombia/videos/vb.146450525540777/570443109808181/?type=3&theater
[2]. Proyecto de Ley no. 065 de 2017 Cámara, “Por medio de la cual se establecen medidas de proteccion a las personas que se encuentren en situación de prostitución, victimas de proxenetismo y trata de personas, y se dictan otras disposiciones”.
http://nebula.wsimg.com/53d73a966e4878275aec38f22b92762f?AccessKeyId=3885B3D650CCA3B7F266&disposition=0&alloworigin=1

 

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