Montaje: Vice Colombia

Este artículo fue publicado originalmente en VICE Colombia.
Por: Julio A. Londoño

El 2 de octubre de 2016, además de ser el fin de la buena racha de los acuerdos de la Habana, también lo fue para los avances en materia de derechos para la población LGBT colombiana.

Para entonces, se había reconocido a las víctimas LGBT del conflicto, la Corte Constitucional había resuelto el tema de matrimonio igualitario, la adopción y los manuales de convivencia discriminatorios hacia la identidad de género u orientación sexual de los estudiantes. Además, algunos decretos presidenciales posibilitaron el cambio del componente sexo en los documentos de identidad de personas trans.

Si en términos de derechos habláramos, Colombia ya era un paraíso en la región para las personas LGBT. Nada parecía faltar más que un par de cosas por concretar. Pero entonces apareció Donald Trump, las marchas #FirmesPorPapáyMamá se replicaron en Latinoamérica, el discurso de la homosexualización de los niños a través de la ideología de género caló más fuerte, también comenzaron a asesinar líderes LGBT en Colombia y hasta un pastor youtuber se lanzó al Senado por el Centro Democrático, por una #ColombiaComoDebeSer según su patrón (el que no es Dios): con mano firme y sin maricadas.


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Con esos vientos soplando, la rueda de la fortuna comienza a rodar. Se vienen unas elecciones donde el tema LGBT, a diferencia de la década pasada, será una papa caliente que tendrán que comerse los candidatos presidenciales. Pero por parte del movimiento LGBT, habrá que rezar para que los dados no estén cargados a favor de aquellos que andan haciendo campaña contra los derechos ya adquiridos.

Llegan tiempos de recogimiento y planeación para afrontar lo que se venga. Por ahora, el panorama pinta así para los sectores LGBT.

El Ermitaño Invertido: unas elecciones decisivas

Estados Unidos es un ejemplo de que lo ganado puede no ser para siempre. Desde que Donald Trump entró a la presidencia, las personas trans no son bienvenidas en el ejército, no pueden usar el baño que corresponde y hasta eliminó el mandato de la Ley del Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), que exigía a las empresas cubrir en sus programas de salud los métodos anticonceptivos de sus trabajadores para incentivar el control de la natalidad.

Aquí las cosas no mejoran, si se tiene en cuenta que ya hay un precandidato presidencial con las cargaderas bien puestas y una larga hoja de vida de obstaculización a derechos como el matrimonio y el interés superior de los niños a conformar una familia sin distinción de la orientación sexual de los padres. Todo logrado, además, desde una entidad como la Procuraduría. Imagínenselo en la Presidencia, con el Estado a sus pies.

Para Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, el panorama electoral aún es muy incierto. Sin embargo, lo que prevé es que será un proceso traspasado por la manipulación y la desinformación sobre las personas LGBT.

“Si nos atenemos al proceso que se dio en el plebiscito y a lo que ha pasado en los últimos meses, es muy desafortunado para la democracia colombiana que los derechos de las personas LGBT se conviertan en un fortín electoral”, explica Marcela. “Sobre todo porque hay una apuesta por parte de algunos grupos de retroceder en derechos LGBT. No estamos en el punto de si queremos más avances o no, sino si queremos retrocesos. Hay un mínimo ético que es que la agenda de derechos humanos no admite retrocesos”.

En este mismo sentido, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, dice que el movimiento LGBT debe ser consciente de que hay un gran riesgo de perder lo ganado.

“Estas elecciones, a diferencia de hace cuatro años, nos encuentran con unos derechos ya adquiridos, particularmente en relación con el matrimonio igualitario y la adopción de parejas del mismo sexo”, explica Wilson. “Y si bien no hay una ley de identidad de género, hay unos decretos que protegen a las personas trans en la agenda de identidad de género. Hoy no encontramos una agenda LGBT pendiente de ser recogida por el legislativo, porque ya fue recogida por el judicial, sino que nos encontramos es con una agenda LGBT que exige que no tenga retrocesos”.

Sin embargo, hay una ganancia en cuanto a la participación política LGBT. Por primera vez en Colombia una mujer transgénero, Tatiana Piñeros, se lanza al Congreso. Tatiana ya tiene trayectoria en el sector público, pues fue la directora del Instituto Distrital de Turismo durante la administración Petro.

“Que nos nombraran hace cuatro años en las campañas era una ganancia, ahora no es tanto que nos nombren sino cómo nos nombran”, opina Wilson. “Algunos nos van a usar de manera negativa, aunque todavía no se vislumbra ningún ataque frontal directo hacia la agenda LGBT”.


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En el limbo: la implementación de los acuerdos de paz y el enfoque de género

Algo tiene claro el movimiento LGBT y es que una paz completa para las personas sexo-diversas significa transformar todas las violencias y discriminaciones cotidianas a las que se enfrentan. Por eso, para Wilson Castañeda el primer reto frente a la implementación de los acuerdos de paz es lograr llevar a los territorios el enfoque de género. Esto con miras a que desde las regiones se logre transformar las condiciones que permiten las violencias contra las personas LGBT.

“Los cuerpos de las personas LGBT, al igual que los cuerpos de las mujeres, afro e indígenas, serán cuerpos que experimentarán la paz cuando su construcción de diversidad no sea motivo de discriminación”, opina Castañeda. “Nuestro afán no es que las personas LGBT de los campos se vayan a vivir a Bogotá porque allí es donde se puede ser abiertamente LGBT, sino que en los campos de los Montes de María pueda existir una agricultor gay, heterosexual, trans y se pueda respirar un ambiente de construcción colectiva y de reconciliación”.

Para Marcela Sánchez, por su parte, hay un compromiso por parte del Estado de garantizar que las víctimas LGBT puedan acceder al Sistema Integral de Justicia, Paz y Reparación y que las violencias particulares a las que fueron sometidas sean reconocidas tanto por la Jurisdicción Especial para la Paz como por la Comisión de la Verdad.

El Sumo Sacerdote: la Ideología de Género

La tal ideología de género ha sido un discurso que se ha extendido a lo largo y ancho del globo para desestimar las luchas de las mujeres y los sectores sociales LGBT. Las feministas y los LGBT se han convertido en el demonio a exorcizar en el siglo XXI: a la teórica del género Judith Buttler la echaron de Brasil a punta de pancartas y arengas; en España un bus transfóbico desfiló por las calles; en Perú se repitió el episodio de las cartillas y en México las multitudinarias marchas por la familia tradicional. Su objetivo principal: exigir a los gobiernos eliminar cualquier política que busque garantizar los derechos de las mujeres, las personas LGBT y los derechos sexuales y reproductivos.

Aquí en Colombia, además, el discurso logró frenar el impulso de la paz y hasta exigieron sacar cualquier asomo de la palabra género y LGBT del acuerdo. #DelAcuerdoLosSacamos fue el hashtag que volvieron tendencia los grupos fundamentalistas religiosos en cabeza del exprocurador Ordoñez.

Sin embargo, vale reconocerlo, el gobierno y las Farc se la jugaron limpiamente al no invisibilizar a las personas LGBT en los acuerdos, a la vez que reconocieron a las víctimas del conflicto en razón de su credo religioso.

Este giro de tuerca, para Wilson Castañeda, es un buen presagio de que Colombia tiene una posibilidad de ser un país pionero en tender puentes entre dos movimiento que parecen antagónicos: los religiosos y los de diversidades sexuales.

“El acuerdo puso a las personas LGBT y a los grupos religiosos en un mismo punto de partida: el conflicto armado nos ha afectado a ambos y nos tiene que reparar a ambos”, explica Wilson Castañeda. “De hecho, con algunos sectores de la iglesia católica como los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, se han empezado a tender puentes de conversación, demostrando que el movimiento LGBT no es religioso, ni las iglesias desconocen a las personas LGBT como sujetos de derechos”.

Por su parte, Marcela Sánchez opina que desde los sectores LGBT siempre ha existido una apertura al diálogo, especialmente con aquellos sectores religiosos respetuosos de la diversidad sexual y la igualdad.

“Yo creo que hay cosas innegociables y es la dignidad humana y la igualdad de derechos”, apunta Sánchez. “Sobre esa base podríamos llegar a algunos acuerdos de agendas políticas más amplias. Pero claramente el Estado debe tener muy claro que unas son las leyes religiosas y otras son las leyes civiles. Y que unas son de obligatorio cumplimiento y las otras, con todo el respeto, no son obligatorias para todos”.

Las deudas pendientes: la ley de identidad de género y la política pública nacional

Una discusión ha quedado al margen de la política LGBT que se ha dedicado en los últimos años a la consecución del matrimonio y la adopción igualitaria. La ley de identidad de género es algo que viene sonando desde hace varios años entre las organizaciones de personas transgénero, pero que no ha encontrado aliados en los estrados del Congreso.

Si bien existe un derecho ya alcanzado en el cambio de sexo en la cédula, invertir una M por una F no resuelven los problemas de fondo: el sistema en salud pone trabas para el acceso a procesos de hormonización, el trabajo digno sigue siendo una utopía para la gran mayoría de personas transgénero que se dedican al trabajo sexual, el poco acceso a la educación impide que estas personas salgan del círculo de violencias que comienza en la casa y se extiende a todos los aspectos de sus vidas, y las instituciones estatales como la Policía continúan ejerciendo violencias contra esta población.

Este, quizá, sea el año de afrontar estas discusiones, pues según Marcela Sánchez, “los derechos de las personas trans van a estar en la agenda del mundo y la región, y existe una fuerte visibilidad, organización y apuesta política por parte de esta población”.

Otro tema pendiente, que viene sonando desde el último periodo presidencial de Álvaro Uribe, es la Política Pública Nacional LGBT. En febrero de 2016 al fin parecía materializarse en un decreto, pero todo quedó en una mera socialización del proyecto.

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