Ilustración por Laura Velasco.

El próximo 17 de octubre se sabrá si la Registraduría le dará vía libre al comité que inscribió la senadora Paloma Valencia  para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vía referendo. Con esta iniciativa busca tumbar el organismo jurídico creado a partir del Acuerdo de Paz de La Habana, el cual  tiene como misión esclarecer lo que sucedió en el conflicto armado y juzgar a sus responsables, tanto militares como guerrilleros y población civil. El referendo se convierte en una de las últimas cartas del Uribismo para modificar los Acuerdos de La Habana, pues justamente hoy  la Corte Constitucional avaló el acto legislativo 02 de 2017, con el que blinda jurídicamente lo pactado en La Habana durante los próximos tres gobiernos.

El espaldarazo de la Corte constituye un duro golpe para el Centro Democrático, pues señala que las normas que se expidan en el Congreso deben ser armónicas con lo que está contemplado en el Acuerdo de Paz. Así las cosas, es probable que la JEP no sufra mayores modificaciones — de hecho las comisiones primeras de Senado y Cámara ya avalaron los 162 artículos de la JEP —. La reglamentación de los Acuerdos debe continuar en el Congreso, como ha venido sucediendo. Sin embargo, con el blindaje jurídico de la Corte, los  acordado no podrá sufrir modificaciones drásticas.

JEP tribunal de la Venganza para encarcelar la oposición y acabar la democracia para beneficio de la impunidad de terroristas @FARC_EPueblo pic.twitter.com/nyQqaIhmuM

A juicio del senador Álvaro Uribe, no hay ningún aspecto positivo en la JEP  y, por ende, debe ser derogada: “Aquí se les ocurrió que se podía, primero, corromper la justicia y después sustituirla por la de las Farc”, dijo el senador el pasado 30 de septiembre en Chigorodó, Antioquia.

En este momento, le quedan 19 días al Congreso para reglamentar la JEP. En este mismo periodo, las congresistas Paloma Valencia y  Paola Holguín intentarán recoger 1.783.571 firmas para que, vía referendo, los colombianos decidan sobre la JEP.  Aunque la iniciativa está siendo evaluada por la Registraduría, comienza a repetirse en las redes sociales un debate similar al del 2 de octubre de 2016: unos defendiendo el Sí a la JEP y otros, como los simpatizantes del Uribisimo, promoviendo el No.

 

La respuesta al hashtag del Centro Democrático fue #SíalaJEP, posicionado por partidos políticos de izquierda y figuras públicas que respaldan el proceso de paz. El debate ha trascendido a discusiones públicas y en cadenas radiales. En sus últimas visitas a las regiones, Uribe ha mencionado reiterativamente el tema de la JEP invitando a la gente a manifestarse en contra. Así lo hizo en Chigorodó, donde se comprometió a “tumbar la JEP, la justicia de las Farc”.  A manera de respuesta,  144 organizaciones sociales firmaron una petición solicitándole al Congreso que no deje desfallecer a la Jurisdicción Especial de Paz.

El congresista Alirio Uribe, del Polo Democrático, considera que hablar de un referendo para derogar la JEP  resulta exagerado teniendo en cuenta que en las próximas dos semanas debe quedar aprobada la Jurisdicción en el congreso. Sin embargo, en caso de que prospere, su partido apoyaría el Sí, “tal como defendemos el proceso de paz. La JEP es un tribunal democrático, lo que la gente tiene que tener en cuenta es que es un tribunal de transición porque la Justicia colombiana no ha logrado esclarecer más de 9.000 expedientes que existen por cuenta del conflicto armado”.

 

Uno de los argumentos del Centro Democrático para derogar la JEP es que los magistrados del Tribunal no ofrecen garantías de imparcialidad. Según ellos, la selección fue sesgada y por ende la Jurisdicción podría convertirse en un tribunal “de persecución política”. El proceso de elección de los 51 magistrados que trabajarán en la JEP lo lideró el Comité de Escogencia, dirigido por Claudia Vaca, quien venía del sector salud, donde libró batallas contra grandes farmacéuticas.

El rol de Vaca ha sido fuertemente cuestionado por la falta de reconocimiento que tiene en el campo del Derecho. Sin embargo, en el proceso de selección no estuvo sola: la acompañaron cuatro juristas: José Francisco Acuña, designado por la Corte Suprema; Diego García – Sayán, de la ONU; Juan Méndez, del Centro Internacional para la Justicia Transicional; y Álvaro Gil Robles,  designado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Cuando le preguntamos sobre los cuestionamientos del Centro Democrático, Claudia Vaca nos dijo que, contrario a lo que señalan, “el proceso de selección de aspirantes fue muy riguroso. Hicimos una convocatoria muy amplia, llegando a todos los sectores interesados. Ustedes pueden comprobarlo: hicimos reuniones con víctimas del Estado, de los paramilitares, de la guerrilla e incluso nos reunimos con la Acore (Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares) para conocer sus reparos frente al proceso”.

Vaca admite que algunos de los magistrados han participado en política. Sin embargo, aclara que la JEP permite “realizar controles frente a posibles conflictos de intereses. En los casos donde existan, los magistrados podrán abstenerse de evaluar el caso concreto e incluso podrán ser recusados por las víctimas o por la persona juzgada. Una de las obligaciones del tribunal es justamente establecer procedimientos para que las personas que van a ser juzgadas tengan garantías de equilibrio e imparcialidad”. Estas explicaciones no han sido suficientes para los congresistas del Centro Democrático. El senador José Obdulio Gaviria, por ejemplo, considera que los magistrados son “55 activistas que castigarán a las personas que hayan sido autoridades militares o políticas”.

Ahora que la JEP pasó la primera prueba en las comisiones primeras de Cámara y Senado, se viene un álgido debate en la plenaria del Senado. Por ahora la Jurisdicción no ha sufrido mayores modificaciones. Se ha aprobado, hasta el momento, la proposición de la senadora Vivian Morales sobre prohibir que abogados extranjeros defiendan a las personas que acudan a la JEP.  Las propuestas del fiscal general, como excluir a los testaferros de las Farc de la JEP, todavía no han sido incluidas pero están siendo evaluadas por el Gobierno. Se puede decir que la Jursdicción sobrevive y va por buen camino, pero el referendo podría frenarla e incluso sepultarla.

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