Foto: Sara Kapkin

Foto: Sara Kapkin

Desde hace cerca de 20 años, varios colectivos que trabajan por los derechos de la comunidad LGBT en Colombia decidieron instaurar el 23 de agosto como el Día Nacional de la No Homofobia. Lo hicieron a pesar de que ya existiera un día mundial dedicado a la misma causa, el 17 de mayo, para conmemorar la muerte de uno de los fundadores del activismo LGBT en el país, León Zuleta, y dedicarle una celebración aparte a las luchas propias de esa comunidad en Colombia.

Este año, la celebración sirve como pretexto para discutir las nuevas posibilidades que una Colombia sin Farc le ofrece a la comunidad LGBTI en las regiones.

“Varios colectivos LGBTI acordamos que así como era importante conmemorar la fecha internacional, era importante conmemorar una fecha propia, ya que Colombia es un país donde la discriminación por género sigue siendo muy alta y, por tanto, hay una deuda inmensa con el sector LGBTI”, le dijo a ¡Pacifista! Armando Villota, director de la Corporación Agora Club, un colectivo nariñense que lleva cerca de 17 años defendiendo los derechos de esa comunidad en varias regiones y que este año, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica, organizará la celebración del Día Nacional de la No Homofobia en el municipio de Pasto.

Según el documento Entre el miedo y la resistencia, realizado por las organizaciones Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, en 2016 se registraron 108 homicidios de personas LGBT en el país, una cifra que disminuyó —en ocho casos— la cifra de 2015. La Defensoría del Pueblo, por su parte, registró 92 casos en 2015 de personas LGBT atendidas por esa entidad, de los cuales 25% fueron asociados al conflicto armado. Sin embargo, los estudios sobre el fenómeno, las organizaciones y el mismo Villota sostienen que hay un alto subregistro de las violencias hacia gays, lesbianas, bisexuales y trans en Colombia que hacen imposible saber las dimensiones exactas del problema.

Dentro de las situaciones que contribuyen al subregistro están la invisibilización de la comunidad por parte de entidades estatales, el miedo a revelar la sexualidad cuando no ha sido discutida con los familiares y las limitaciones para acceder efectivamente a la justicia. Así lo afirma Vivir bajo sospecha, el informe que publicó Colombia Diversa la semana pasada y que documenta dos casos de violencia contra miembros de la comunidad LGBT por parte de grupos armados: uno en 2000, cuando la guerrilla de las Farc persiguió activamente a miembros de la comunidad LGBT en Vistahermosa, Meta, y obligó a la población del municipio a realizarse exámenes de VIH; el otro en 2003 en San Onofre, Sucre, donde el Bloque Montes de María de las AUC forzó a varios hombres gays y a una mujer trans a participar en peleas de boxeo en una fiesta organizada en honor a uno de los comandantes.

El informe de Colombia Diversa es uno de los procesos que las organizaciones que defienden la diversidad sexual han empezado a adelantar a propósito del fin de las Farc como grupo armado, un cambio radical para muchas personas LGBT que habitan en municipios y zonas rurales donde esa guerrilla las ha violentado y controlado por años.

Según el informe, en los municipios en que los grupos armados tenían el control territorial, era común que también ejercieran un control social que determinaba desde quienes podían transitar libremente a otros pueblos, a  los lugares públicos y las horas en que se podían frecuentar, hasta la forma de vestir, el corte de pelo y el uso de aretes. Varios testimonios de personas LGBT que recoge el documento, dan cuenta de territorios en los que dar a conocer la orientación sexual era ponerse en peligro de ser desplazado, golpeado, humillado públicamente e incluso, insinúa uno de los entrevistados, violado.

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia se han registrado 1.818 víctimas LGBT durante el conflicto armado: 366 casos en los que el agresor ha sido paramilitar y 287 en los que el responsable es un grupo guerrillero. Pero los datos, de nuevo, son insuficientes: la ausencia del Estado, la legitimación de las violencias hacia personas LGBT por parte de las comunidades y la presencia de grupos armados han hecho  invisible el fenómeno. Sin embargo, la desmovilización de las Farc prometería un cambio posible.

“El hecho de que las Farc hayan reconocido que han vulnerado al sector LGBT ha permitido que líderes y liderezas hayan visibilizado sus problemáticas. (…) Desde que empezó el proceso de paz, mucha gente se ha visibilizado y ha podido trabajar en procesos colectivos”, afirma Villota, quien además asegura que los colectivos LGBT han apoyado el proceso de paz con las Farc desde el principio como una apuesta por la erradicación de las violencias hacia esa comunidad.  “Sabemos que [la guerrilla de las Farc] no es el único generador de violencia. Haciendo un recuento histórico nos han vulnerado casi todos los actores sociales, incluyendo la familia. Pero creemos que firmar con uno de los tantos vulneradores es sentar un precedente”.

Según Villota, en la costa pacífica y en varios municipios de Colombia ya se empiezan a ver los cambios en la forma en que se discute y se piensa a la comunidad LGBT. Según él, ya se habían dado situaciones en las que en una misma mesa se han sentado miembros del secretariado de las Farc e integrantes de comunidades religiosas a trabajar junto a representantes de la comunidad LGBT, algo impensable hace algunos años.

“Todo es parte de un proceso y los primeros pasos, así sean pequeñitos, ya se han ido dando”, terminó Villota.

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