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Por: Daniel Macmillen Voskoboynik y Sebastián Ordóñez Muñoz

La fracturación hidráulica, mejor conocida como ‘fracking’ es un método particular que se usa para la extracción de gas y petróleo. Para el proceso, son necesarias grandes cantidades de agua y, además, presión química generada por aire con el fin de fracturar las formaciones rocosas y dar paso a los combustibles fósiles. Los estudios han encontrado que esa práctica puede generar terremotos de mediana intensidad, afectar la calidad del agua y elevar las emisiones de metano, un gas potente.

Ese método de extracción se ha prohibido en países como Escocia y Alemania. Docenas de regiones a lo largo de Suramérica han declarado que están ‘libres de fracking’.

A pesar del riesgo, el gobierno colombiano ha seguido adelante con el amplio programa de licitaciones que avalan la práctica. “Colombia no se puede dar el lujo de no hacer fracking”, explicó Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol. Con las reservas de petróleo convencionales del país disminuyendo, la promesa de reabastecimiento por extracción no convencional ha sido aclamada por el sector petrolero y de gas.

La perforación exploratoria para la extracción no convencional está en marcha en San Martín (Cesar) y Anapoima (Cundinamarca). En San Martín, el gigante norteamericano de los combustibles fósiles ConocoPhillips ha hecho una alianza con Canacol en el proyecto VMM-2. Durante meses, las comunidades locales de esa región y organizaciones como la Asociación de Defensa del Agua, la Tierra y los Ecosistemas (Cordatec) se han organizado sin violencia para protestar en contra del proyecto. El pasado septiembre, bloquearon la entrada al lugar de exploración, impidiendo la entrada de equipos. En octubre, la policía antidisturbios (Esmad) se movilizó hasta la región para reprimir la protesta, hiriendo a diez manifestantes.

La oposición al fracking también ha tenido lugar a nivel internacional. La Alianza por una Colombia Libre de Fracking, una coalición de organizaciones sindicalistas, ecologistas y defensoras de la tierra, firmó recientemente una carta abierta pidiendo al presidente Juan Manuel Santos que se declare una moratoria sobre el fracking, citando múltiples impactos ambientales, sísmicos y de salud pública. La carta también asegura que las actividades de fracking violan los principios constitucionales del país que garantizan a los ciudadanos el derecho a la vida, el derecho al agua y a un medio ambiente seguro.

Aunque el Gobierno ha defendido la fortaleza de su propio marco regulatorio, el propio Contralor General de la Nación advirtió sobre irregularidades y ordenó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos que “se abstenga de firmar contratos para la explotación de depósitos petroleros no convencionales”. El Ministerio del Medio Ambiente del país también revelará un estudio que demuestra que el país no está listo para monitorear ni regular la extracción no convencional de combustibles fósiles.

En un país con más de cien conflictos socio-ambientales activos, la expansión de esa práctica puede agravar las tensiones. Colombia aún se encuentra en el proceso de implementación de un Acuerdo de Paz histórico, concertado a finales de 2016 entre el Gobierno y las Farc, que terminó con cincuenta años de guerra.

El pasado octubre, Cordatec escribió que las acciones del Gobierno para impulsar el ‘fracking’ “demuestras la verdadera manera en que se está construyendo la paz territorial”. “Mientras se sienta en La Habana, negocia y llega a un acuerdo para poner fin a los cincuenta años de conflicto, en beneficio de las empresas multinacionales y los intereses económicos, utiliza la violencia contra las comunidades que defienden la vida, el agua y los ecosistemas”.

Los contratos de exploración aprobados para ‘fracking’ se superponen a los territorios de las comunidades indígenas como los pueblos Yupka, Wiwa, Wayuú. También cruzan la “línea negra” – una demarcación establecida en la Sierra Nevada que tiene un valor sagrado para pueblos Kogi, Wiwa, Kankuamo y Arcuaco.

Además de la violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas colombianos, la emisión de contratos de fracking por parte del gobierno ha generado temores de posibles violaciones a los derechos humanos, dado el récord histórico de la industria petrolera. Desde que las compañías dedicadas al petróleo llegaron por primera vez a Colombia a principios de siglo, numerosas comunidades locales han experimentado impactos ecológicos y sociales, desde el agotamiento de sus recursos hídricos, hasta la intimidación brutal. Drummond, una empresa norteamericana que se ha hecho acreedora a cinco nuevos contratos relacionados con fracking, ha estado vinculada con pagos a paramilitares y violencia en la región noreste del Cesar.

Las nuevas concesiones de fracking también afectan a algunos páramos del país, incluyendo Chingaza, un ecosistema único que provee a Bogotá cuatro quintos de agua. El páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo, podría sufrir las consecuencias de esa práctica. En otras partes del país, los humedales también están en riesgo.

Si bien la escala de las concesiones de fracking en Colombia no tiene precedentes en la región, la práctica extractiva no es nueva en América Latina, con extractores activos en al menos siete países. Argentina, hogar de la segunda reserva de esquisto más grande del mundo, ha visto una ráfaga de proyectos de extracción en el norte de la Patagonia, mientras Royal Dutch Shell recientemente ha anunciado grandes inversiones. Bolivia, Brasil, Chile, Perú y México también han visto el uso del fracking.

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