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Por: Juan José Toro 

Ilustración: Liév 

Es dura como una piedra y moldeable como un pedazo de plastilina. Aún así es usada diariamente en toda clase de contextos sin llegar a un acuerdo sobre su significado y sin pensar por un momento en sus consecuencias.

Es dura como una piedra y moldeable como un pedazo de plastilina. Aún así es usada diariamente en toda clase de contextos sin llegar a un acuerdo sobre su significado y sin pensar por un momento en sus consecuencias.

 

Sobre la palabra terrorismo nadie se pone de acuerdo. Ni la ONU, ni Estados Unidos, ni las organizaciones no gubernamentales, ni el Gobierno colombiano, ni los grupos armados ilegales. Todos tienen una definición con alcances distintos y, en medio de sus diferencias, manosean la palabra para ponerla donde convenga.

 

Amnistía Internacional, aunque trata de no utilizar la palabra para referirse a conductas criminales, sugiere guiarse por la definición del Relator Especial de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos. El Relator señala que un acto, para ser considerado terrorista, tiene que acumular tres características: que haya, primero, intencionalidad de causar muerte o lesiones graves, segundo, propósito de intimidar a una persona, a un gobierno o a una organización para que realice un acto o se abstenga de hacerlo, y, tercero, que se cometan delitos definidos en convenciones internacionales.

 

Otro criterio que se utiliza para definir el terrorismo, más usado en contextos de conflictos armados, es que el crimen sea contra civiles: lo demás, según esta mirada, son acciones de guerra.

 

En Colombia hay infinidad de casos que se han tachado bajo el rótulo de terrorismo. Veamos, teniendo en cuenta las características sugeridas anteriormente, qué actos son terroristas, cuáles no lo son y cuáles hay que coger con pinzas.

 

El primer caso ocurrió el 1 de noviembre de 1998, cuando todavía ni se asomaba el amanecer, y más de mil hombres de las Farc rodearon Mitú, la capital de Vaupés. En tres días, mataron 30 policías y retuvieron a otros 61. La toma, según la guerrilla, era un ataque a la Fuerza Pública. Pero mientras neutralizaban a los policías que defendían la estación, que se encontraba en mitad de instalaciones civiles, dejaron de paso la mitad del pueblo en ruinas y asesinaron 11 civiles.

 

La toma de Mitú es un acto terrorista en la medida en que la intención de matar y herir no se limitó a los combatientes, lanzaron decenas de cilindros bomba y dispararon ametralladoras. El propósito de demostrar semejante capacidad militar, entre otros, era forzar una decisión política que consistió en crear la zona de despeje en el Caguán. Y, por otro lado, atentar contra civiles y destruir instalaciones, entre ellas hospitales y centros educativos, son delitos que aparecen en protocolos internacionales.

 

Todo apunta a que el segundo caso ocurrió sistemáticamente en varios puntos de Colombia, pero salió a la luz a finales de 2008, cuando 19 jóvenes desaparecidos en Soacha, Cundinamarca, fueron encontrados muertos como bajas en combate en Norte de Santander.

 

Las investigaciones sobre este hecho destaparon el escándalo que se conoce con el eufemismo de “falsos positivos”. Los falsos positivos, para el contexto colombiano, fueron ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública. La idea era recibir beneficios económicos y laborales por matar guerrilleros o paramilitares, y la estrategia era matar civiles para disfrazarlos y que parecieran muertos en combate.

 

Algunos sectores de la opinión pública han definido los falsos positivos como terrorismo de Estado. La primera característica para ver si hay terrorismo se cumple: hubo intención de matar civiles. También es claro que los delitos cometidos son reconocidos internacionalmente. Lo que podría ponerse en duda es que sea una estrategia dirigida a intimidar. Nunca se pudo probar que fuera una política estatal, ni que hubiera una razón para asesinar más allá de recibir beneficios. Sin embargo, así fueran dirigidos o no, los falsos positivos sí intimidaron a la población civil, que con toda la razón pudo sentirse vulnerable, al saber que podía terminar siendo presentada como trofeo de guerra.

 

El tercer caso fue recurrente durante la presidencia de Álvaro Uribe. El expresidente, muy consciente del poder de su discurso, se ensañó contra sus opositores, llamando, por ejemplo, “terroristas vestidos de civil” a los miembros del Polo Democrático, o acusando de “actuar al servicio del terrorismo” a varias organizaciones y periodistas que cuestionaron su gestión en materia de derechos humanos.

 

Las consecuencias fueron muchas: estigmatización, desprestigio persecución policial y judicial, bloqueo de recursos y financiación, y la zozobra entre la población de que quien no comulgara con el gobierno de turno podría ser considerado terrorista. ¿Hubo terror con el uso indiscriminado de la palabra terrorista? Es una duda sin resolver.

 

El uso ligero de la palabra terrorismo es un verdadero problema. La palabra es fuerte y lleva el terror adentro. Pero no es solo eso: cuando alguien dice que algo es terrorismo, la asociación normalmente se hace con los ejemplos más terribles: desde cabezas cortadas por miembros del Estado Islámico hasta carros bomba estallando en hoteles.

 

Llamar a alguien terrorista le reduce absolutamente su validez como interlocutor. Impide el diálogo. Decirle así a un opositor es dibujarlo con una mirada diabólica armando un explosivo para matar a quien no lo merece. Además, en términos políticos, el uso apresurado de la palabra puede desestimar protestas o movimientos con razones legítimas. No se puede llamar gratuitamente terrorista al pueblo palestino, que lucha por un territorio. Mucho menos se le puede decir así a un grupo de estudiantes que pelean, así sea físicamente, por sus derechos.

 

Es innegable que todos los actores del conflicto han cometido actos terroristas, pero bien dicen los abogados que se deben tipificar los actos y no las personas. Es la única manera de construir acuerdos mínimos, más para una generación que aspira a reconocer a todos los colombianos como ciudadanos. Puede ser útil reformular el lenguaje que hemos usado en la guerra para referirnos al Otro, un pacto que parta de la necesidad de construir la verdad y la reconciliación.

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