Fotomontaje: Zafaraz

El partido político de las Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) ya eligió a su Consejo Político Nacional, que está compuesto por 15 líderes y presidido por Rodrigo Londoño (‘Timochenko’). En esta nueva figura, ‘Iván Márquez’ y Pablo Catatumbo serán consejeros políticos y Victoria Sandino figura como una de los miembros fuertes en esta nueva organización. Además de ella se encuentran tres mujeres más y también un civil que hace parte de Voces de Paz, la organización de ciudadanos que vigilan la implementación de los Acuerdos de Paz.

Con su Consejo Político Nacional electo y después de abandonar la ilegalidad, representan un desafío para el Estado, que ahora deberá garantizarles la seguridad en un país aún polarizado por más de cinco décadas de conflicto. Para esto, la Unidad Nacional de Protección (UNP) creó un programa especial llamado “Mesa técnica de seguridad y protección”, que según los riesgos, vulnerabilidades y amenazas, establece esquemas de seguridad específicos para los excombatientes de las Farc.

Dicha Unidad gasta casi $ 500.000 millones de pesos anualmente, entre camionetas blindadas, escoltas, viáticos y armas, que sirven para proteger a las personas que corren peligro de ser asesinadas en el país. En todo el territorio nacional, hay más de 8.000 esquemas de protección para diferentes personalidades.

Según Diego Mora, el director de la UNP, la Mesa Técnica todavía no ha discutido si va a haber cambios en los esquemas para los nuevos líderes del partido, por lo que hasta ahora sus cuerpos de protección seguirán como vienen. Por razones de seguridad, Mora no puede dar detalles de cómo están trabajando para garantizar la seguridad de los excombatientes y solo adelanta que es justamente la Mesa la que analiza los riesgos y amenazas a las que se enfrentan. Basada en esos análisis, él y su equipo diseñan los protocolos.

Mora aclara que actualmente, para la nueva Farc, “todos los escoltas son de confianza” de la Unidad, pero que en los próximos días empezarán a hacer parte de su seguridad exguerrilleros entrenados por la UNP, en procesos de capacitación que duran entre 40 y 60 días. Así que la seguridad será de “naturaleza mixta” (policías, militares y exguerrilleros) tal y como está estipulada en el Acuerdo de Paz. Por ahora, para todos los casi 8.000 excombatientes y milicianos, incluidos quienes anteriormente componían el Secretariado de las Farc, la UNP dispuso de 200 escoltas.

El número, no obstante, suena reducido en comparación con los casi 50 que tenía Alejandro Ordóñez hasta el año pasado, o los cerca de 65 que en la actualidad custodian al expresidente Álvaro Uribe o el simple hecho de que 43 de los 45 concejales en Bogotá tienen carro blindado y dos policías en moto, a pesar de que la UNP considere que el riesgo de ellos es bajo.

Según Mora, el director de la UNP, el esquema de seguridad de las Farc no tiene ninguna diferencia a cualquier otro esquema operado por la entidad. Asimismo, aclararon que “esta nueva población ya es objeto de la entidad”, es decir que su seguridad depende de la Unidad, al igual que la evaluación de riesgos.

Entre abril y agosto de 2017, 12 miembros de las Farc acogidos a los parámetros de los acuerdos de paz, fueron asesinados. Así lo revela el informe Trochas de paz y esperanza hecho por Indepaz y Marcha Patriótica. Mora reconoce que estos hechos han sido “desafortunados” aunque aclara que para ninguno de los casos se “habían reportado amenazas” a la Unidad.

De acuerdo con Diego Martínez, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el Estado debe cumplir con lo acordado y proveer a los miembros del nuevo partido una “estrategia preventiva” y desarrollar una “presencia integral en los territorios”.

Por su parte, la directora de derechos humanos del Ministerio de Interior, Ivonne González, relató que quienes componían el secretariado hoy tienen más seguridad que los mandos medios, pero que es necesario tener estrategias a mediano y largo plazo para que las “garantías de seguridad sean definitivas”, además de centrarse en las alertas tempranas y prevención. Frente a los asesinatos de los miembros de las Farc, Gonzales argumentó que “este tipo de eventos son impredecibles”.

Paralelamente a esta realidad, desde febrero pasado el Gobierno expidió una serie de decretos que fueron aprobados en agosto, que estipulan que alrededor de 1.000 nuevos escoltas y oficiales de protección ingresarán a la UNP. La característica es que los nuevos integrantes serán excombatientes entrenados por la Unidad y se limiten a la seguridad del nuevo partido político de las Farc a partir de enero de 2018. Esto tendrá un costo adicional de $ 39.000 millones.

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