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De cada dos campesinos colombianos que tienen tierra, uno de ellos no tiene la escritura que lo acredita como dueño. Ese problema, que es uno de los dramas invisibles del campo colombiano, es aún más agudo en las regiones donde crece la coca.

No tener ese pedazo de papel abre las puertas de un gran círculo vicioso. Sin el título, un campesino no puede ir al Banco Agrario a pedir un préstamo para su cosecha o su negocio. Tampoco puede postularse para un programa del Ministerio de Agricultura, ni pedir un subsidio para arreglar su vivienda. Al final, queda casi por completo marginado del Estado.

¿Por qué pasa eso? Pasa porque Colombia ni siquiera tiene un catastro rural donde aparezcan registradas las propiedades, como sí existe en las ciudades. Porque ha sido muy común subdividir la finca entre los hijos o vender la parcela sin registrar la transacción en una notaría. Porque en muchas regiones del país los linderos no están georreferenciados sino que literalmente son descritos con frases como “de la piedra grande al árbol de caucho”.

Esa dramática realidad, que facilitó el desplazamiento y el despojo masivo de tierras durante el conflicto, se siente con fuerza en las zonas cocaleras. Sin un título, que puede costar unos 6 millones de pesos que un campesino muchas veces no tiene, para un cocalero es más difícil cambiar su cultivo por uno legal y encontrar los medios para volverlo productivo.


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Esa es una de las razones por las que el Acuerdo de paz con las Farc, en su capítulo rural, tiene todo un plan para formalizar la tierra que pertenece a pequeños productores que no tienen escrituras de manera gratuita.

Sin embargo, dada la magnitud del problema, ese proceso seguramente tardará años: un estudio de la economista Ana María Ibáñez calculó que una quinta parte de todos los predios rurales del país tiene problemas de titulación. Solo en Briceño (Antioquia) –donde comenzó el primer piloto de sustitución de coca entre el gobierno y las Farc –el investigador Juan Carlos Garzón calcula que la informalidad de la tierra supera el 70 por ciento.

A más formalización, menos coca

Por todo esto, la importancia de los títulos luce determinante a la hora de sustituir la coca. Sin embargo, hasta ahora la relación entre los cultivos ilícitos y la falta de escrituras ni siquiera había sido estudiado.

Por eso, Santiago Tobón y Juan Carlos Muñoz –dos economistas que estaban terminando sus doctorados– decidieron meterse a mirar si, con títulos en mano, a los cocaleros se les facilita dejar la coca. Y la respuesta que arroja su investigación es que sí.

Durante cinco años, modelaron y cotejaron los datos de programas de formalización de la tierra, los de proyectos de sustitución de coca y los datos de hectáreas sembradas de café de la Federación Nacional de Cafeteros. ¡Pacifista! habló con Tobón sobre el estudio, que acaba de ser publicado en la revista académica World Development.

¿Ustedes encontraron una relación entre las escrituras y la coca?

Sí, la evidencia sugiere que los derechos de propiedad, como las escrituras, son un incentivo para los campesinos y cambian su disposición a tomar riesgos como cultivar coca. Y ese es un cambio más efectivo en el tiempo que la aspersión aérea, que genera choques pero no un cambio sostenible en el comportamiento.


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¿Qué miraron exactamente ustedes?

Primero, si es menos probable que un campesino con título haga algo que lo ponga en riesgo, como enfrentar consecuencias penales por cultivar coca. Y, segundo, si el costo de oportunidad de cometer un delito como cultivar coca aumenta en la medida en que ese campesino con título ya está mejor dotado para invertir en sectores legales de la economía.

Encontramos que sí hay una mayor disposición a invertir en sectores legales como el café, que es para el que tenemos datos.  En los municipios donde hubo formalización, aumentó el área sembrada de café y disminuyó la coca. Ese resultado nos sugiere que hay una relación de causalidad entre la formalización y la disposición a invertir en el sector legal por encima del ilegal. Y es el título el que genera ese cambio.

Santiago Tobón.

¿Escriturar la tierra trae otros beneficios, más allá de la coca?

Los beneficios van más allá de la sustitución de la coca, porque más títulos contribuyen al desarrollo económico en esos territorios. A mayor presencia estatal y formalización de la tierra, en los territorios debería ser más fácil sustituir, que opere un sistema judicial sólido, construir vías, traer bienes y servicios públicos y, en general, tener un Estado de derecho.

Ese es un argumento para pensar, más allá de que el tema está en el punto rural del acuerdo de paz y ha estado siempre en toda la reflexión sobre el tema, que realmente es una solución.

¿Resulta mejor que fumigar la coca a la fuerza?

Es posible que no sea aplicable en todo el país, pero –si el Estado está pensando entre asperjar y formalizar– ésta es una solución mucho mejor.

El costo económico de asperjar es altísimo, como han probado los estudios de Daniel Mejía (el economista de drogas que hoy es secretario de seguridad de Bogotá). El de formalizar también es alto, pero es mucho más efectivo.

Sin tener en cuenta los efectos negativos de la aspersión –como la caída en la confianza de los campesinos hacia el Estado, que ha documentado Sandra Rozo– y sin tener en cuenta los efectos positivos de la formalización, sigue habiendo una diferencia muy grande.

¿Y estamos haciéndolo?

No. En Briceño, Antioquia (donde se está haciendo el piloto de sustitución de coca conjunto entre Gobierno y Farc), lo están haciendo, pero no ha sido una política activa de sustitución en todo del país, cuando debería serlo.

El Estado debe invertir en lo menos costoso y en lo más efectivo en el territorio. Y la formalización cumple con esos dos criterios.

¿Los títulos deberían ser prioridad entonces?

Incluso si no nos importan los otros beneficios que trae la formalización, solo su efectividad en ayudar a disminuir coca lo justificaría.

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