Foto: Archivo ¡Pacifista! / Clara Roig

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Hace quince años, Tumaco no figuraba en los titulares de prensa sobre el problema de las drogas en Colombia. Hoy tiene 23.148 hectáreas sembradas de coca, con lo que no solamente es el municipio con más coca del país, sino que prácticamente dobla al segundo (Tibú) y concentra el 16 por ciento del total de los cultivos.

¿Qué pasó para que subiera a ese punto?  A finales de los años noventa, la mayor parte de los cultivos de coca estaban en regiones aisladas y de difícil acceso, como el sur del Meta y el Bajo Caguán. Con los operativos militares en el marco del Plan Colombia –como el Plan Patriota– departamentos como Meta y Caquetá dejaron de ser el epicentro de la coca. La planta rápidamente migró –como siempre hace– hacia Nariño, Putumayo y Norte de Santander, donde hoy está aún.

1. Ubicación estratégica

Tumaco se convirtió en la capital de la coca por una razón: su ubicación estratégica. Si antes todos los actores de la cadena del narcotráfico estaban desperdigados por todo el país, ahora se podían concentrar en un solo lugar.

Por su variedad de climas, desde el pie de cordillera hasta el nivel del mar, es perfecta para el cultivo: estos dos mapas –del censo de cultivos ilícitos que hace todos los años Naciones Unidas– muestran cómo se disparó la coca en Tumaco, y toda la costa Pacífica, de 2005 a 2016.

Por su ubicación al lado de la frontera con Ecuador, es un punto privilegiado en el contrabando de los insumos y los precursores químicos –como el ácido clorhídrico– necesarios para transformar la hoja de coca en cocaína. Y, por su ubicación junto al mar, es perfecta para que los cargamentos de cocaína salgan hacia Centro América y, finalmente, los mercados en Estados Unidos y Europa.

2. La cadena de producción de pasta base en un solo lugar

Todas estas características juntas han llevado a que hoy Tumaco concentre todos los eslabones de la cadena del narcotráfico: cultivo, procesamiento y distribución. Y en todos estos, pasos todos los actores armados de la región han tenido incidencia: desde las Farc (ya desarmadas y reunidas en la zona veredal de La Variante, en zona rural de Tumaco) y el ELN hasta bandas criminales y el Clan del Golfo.

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Si se le suma el hecho de que Tumaco tiene niveles de pobreza de un 86% (94% en zonas rurales, según el Índice de Pobreza Multidimensional), muy pobre infraestructura y muy baja presencia del Estado por fuera del casco urbano, el caldo de cultivo es perfecto para que esos grupos criminales hayan controlado el territorio y mantenido la zozobra entre la población.

3. Un epicentro de violencia

Todas estas realidades se han traducido en indicadores altísimos de violencia para sus habitantes, tanto en la zona rural como en la cabecera.

A finales de agosto de este año ya se contaban 111 homicidios, según los datos de Medicina Legal y la Policía Nacional, una cifra que sola, ya supera los registros de todo el año pasado. Por si fuera poco, esos mismos registros sostienen que en septiembre pasado, fueron asesinadas 10 personas más.

Más de 134.000 personas que están reconocidas por  la Unidad de Víctimas denunciaron a Tumaco como el lugar donde ocurrió su episodio victimización. Hasta donde ¡Pacifista! pudo establecer, solo lo superan Medellín y Buenaventura.

Tumaco también ha sido una de las ciudades con mayor número de desplazados internos, que es una forma de victimización rara vez denunciada y, por lo tanto, muy difícil de medir. Una de sus principales causas es que los grupos que controlan el negocio expulsan a las familias cuyas casas están sobre el mar y son puntos útiles para la salida de lanchas con droga, algo que ha documentado Codhes (la ONG que históricamente ha monitoreado el desplazamiento en Colombia).

4. Punto de difícil erradicación

A estos males, se suma que Tumaco está afincado en lugares en los que históricamente ha sido muy difícil salir de la coca: la planta se ha ido concentrando en sitios lugares en los que, por razones distintas, no es posible fumigarla con glifosato.

El primero son los Parques Nacionales, que hoy concentran el 5 por ciento de toda la coca del país, porque es inconstitucional afectar un área natural protegida.

El segundo y el tercero son los resguardos indígenas y consejos comunitarios afro, que suman un el 11 por ciento y el 16 por ciento de la coca respectivamente, porque la erradicación exige una concertación previa con las comunidades étnicas.

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Y el cuarto, finalmente, es la frontera con Ecuador, porque Colombia acordó con ese país no asperjar en una franja fronteriza de 10 kilómetros a cambio de que se levantara una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que le interpuso Quito en 2008.

De esas cuatro, tres convergen en Tumaco y ayudan a complejizar el problema: la frontera, los resguardos y los consejos comunitarios. (Irónicamente, aunque hoy no tiene parques nacionales en su territorio, está muy cerca de ser declarado el de Cabo Manglares, que es una de las zonas de mangle más valiosas del país y al mismo tiempo uno de los puntos donde más se ha incautado droga).

5. Presencia de actores armados

Es difícil encontrar datos precisos, pero la mayor parte de los 17 consejos comunitarios de Tumaco y varios de sus resguardos tienen coca sembrada. En muchos de esos casos no son las comunidades locales las que cultivan, y si lo han hecho, es muy probable que hayan estado obligadas, pues deben convivir a diario con los grupos armados y violencia.

En el consejo comunitario de Alto Mira, que es justamente donde ocurrió el confuso episodio en el que murieron al menos seis personas, había 2.710 hectáreas sembradas en 2014 y posiblemente más hoy (no hay cifras actualizadas porque Naciones Unidas ya no publica los números de los consejos comunitarios). A finales de 2015, las Farc admitieron –después de negarlo inicialmente– que habían sido responsables del asesinato de Genaro García, el líder afro que estaba intentando reconstruir el tejido social de ese territorio colectivo.

En Inda Zabaleta, el resguardo awá en la carretera a Pasto, que tiene 2.520 hectáreas sembradas y que es el territorio indígena con más coca del país, los habitantes han sido víctimas de recurrentes episodios de desplazamiento forzado.

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Las pocas comunidades que han intentado salir de la coca por su cuenta no lo han logrado, justamente por la presión de los grupos armados que controlan el tráfico. Hacia 2009, las 1.200 familias del consejo comunitario de Rescate Las Varas iniciaron un proceso de erradicación voluntaria, como parte del innovador proyecto Sí se puede,  ejecutado por el entonces gobernador Antonio Navarro. No obstante –en medio de las amenazas a sus líderes y varios episodios de desplazamiento– optaron por abandonarlo. 

 

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