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Graves daños al medio ambiente, impactos negativos sobre las comunidades, desigualdad en el pago de salarios, confinamiento de trabajadores enfermos e insensibilidad frente a violaciones de derechos humanos son algunos de los señalamientos que acaban de lanzar dos ONG (una colombiana y otra colombo-suiza) contra la gigante de la minería Glencore. La empresa, poco publicitada, lleva 20 años extrayendo carbón en el departamento del Cesar y es la propietaria del grupo Prodeco, que aglutina las operaciones de Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro.

Según los investigadores de la Organización Pensamiento y Acción Social y del Grupo de Trabajo Suiza Colombia —las entidades que prepararon el informe—, Glencore le trae serias pérdidas a Colombia. Sus afectaciones sobre la vida humana y los ecosistemas contrastarían con los “irrisorios” aportes que la empresa le hace a la economía nacional.

Así, después de revisar los impuestos y las regalías que paga Glencore, los investigadores concluyeron que “la multinacional suiza sólo le deja a la nación 8,3 dólares por tonelada de carbón, contra un precio promedio por tonelada de más de 85 dólares”. La culpa sería, en parte, de los jugosos descuentos en impuestos que le otorga el Estado colombiano a las compañías mineras, que han sido prioridad para los últimos gobiernos pese a que, según el informe, sólo generan el 1,2% del total de los puestos de trabajo del país y el 7% del PIB.

En cuanto al medio ambiente, el reporte señala a Glencore de talar árboles y desviar fuentes hídricas sin autorización, botar desechos tóxicos en el río Calenturitas, contaminar el aire “más allá de los límites permitidos” y perforar el suelo y el subsuelo sin permiso de las autoridades. Por algunas de estas infracciones, la empresa ha sido sancionada con multas que alcanzan el millón y medio de dólares.

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Pese a esa suma, el total que Glencore invierte en Colombia “en el cumplimiento de obligaciones ambientales, en inversión ambiental propia y en el pago de multas e infracciones” sería poco más del 4 % de sus ingresos operacionales, por lo que el cuidado del medio ambiente no estaría afectando el bolsillo de la gigante suiza.

Respecto a las poblaciones aledañas a las mina de carbón Calenturitas, donde Glencore concentra su operación, el informe recordó que Prodeco y las mineras Drummond y Colombian Natural Resources tienen la obligación de reasentar a tres comunidades de los municipios de La Jagua y El Paso. La orden fue emitida por el Ministerio del Medio Ambiente en 2010, al considerar que esas compañías habían contaminado el aire a niveles perjudiciales para la vida humana y a que las operaciones mineras se estaban expandiendo peligrosamente.

Según el reporte, estas comunidades han sufrido “por casi 20 años el acaparamiento de sus tierras de cultivo, la pérdida de su territorios, la disminución de la diversidad de especies de fauna y flora, así como la contaminación de aire, aguas y suelos”. Pese a ello, y a las disposiciones gubernamentales, Glencore y las otras compañías estarían dilatando su responsabilidad de reasentar las poblaciones. Contrataciones, censos, levantamiento de mapas y suministro de información se estarían haciendo de manera tardía, por lo que sólo una de las tres comunidades ha sido reasentada.

Sobre ese punto, se aseguró que “el 62% de las familias fueron reubicadas a tan sólo a 7 kilómetros del antiguo pueblo y a menos de un kilómetro de la mina El Hatillo, operada por Colombian Natural Resources. Ello significa que siguen expuestas a los altos niveles de contaminación de aire”. Y aunque los investigadores reconocieron que las empresas mineras le han entregado a una segunda comunidad atención en salud, alimentos, capacitaciones y subsidios, fueron enfáticos en señalar que se trataba de “medidas asistencialistas” y que no se había avanzado en el reasentamiento.

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El otro problema es el tema laboral. El informe señala a la empresa de negarse sistemáticamente a negociar con los sindicatos y de pagar salarios desiguales en sus diferentes filiales. Pero la acusación más grave radica en el trato que, supuestamente, le da Glencore a sus trabajadores enfermos. Según el informe, que se hizo de la mano con los sindicatos, los mineros en mal estado de salud son obligados a pasar su jornada laboral en salones o contenedores, donde no realizan ninguna actividad. Los trabajadores bautizaron esos espacios como “Guantánamo”.

De acuerdo con la denuncia, los enfermos son confinados allí mientras se recuperan o se reubican en otras áreas, pero algunos dicen llevar años a la espera de una reasignación. Una investigación realizada por el Ministerio del Trabajo también encontró obreros enfermos “trabajando a la intemperie, expuestos a altas temperaturas y a la gran polución generada por botaderos y tránsito de camiones mineros”. Por estos y otros hechos, las filiales de Glencore han sido sancionadas con multas cercanas a los $1.400 millones.

La última acusación, y quizá la más polémica, tiene que ver con la supuesta falta de compromiso de la multinacional con el respeto por los derechos humanos. Los investigadores cuestionan el hecho de que la compañía nunca se haya quejado por los procesos judiciales que han enfrentado más de una veintena de militares del Batallón Especial Energético y Vial No. 2, que le presta seguridad en terreno y con el cual mantiene convenios. Según el informe, los militares de esa unidad han sido procesados por el asesinato de cuatro civiles presentados como ilegales muertos en combate, y la justicia ya ha proferido dos sentencias condenatorias.

De ahí que, en su concepto, “resulta altamente preocupante que ni Glencore ni el Estado colombiano hayan pactado mecanismos de monitoreo y evaluación de los convenios de cooperación financiera de las unidades militares adscritas, especialmente cuando éstas son investigadas por graves violaciones a los derechos humanos y cuando miembros activos del Ejército que estuvieron protegiendo la infraestructura minera de la empresa han sido condenados por la justicia por crímenes de lesa humanidad”.

Glencore responde

En un escrito de 21 páginas, Glencore les respondió a los investigadores cada uno de los señalamientos. Para la compañía, “muchas de las acusaciones son el resultado de una combinación de desinformación, malinterpretación, descontextualización o falta de comprensión”.

Así, por ejemplo, señaló que sí ha llegado a acuerdos con los trabajadores. Uno de ellos se habría sido firmado en 2008 con  Sintramienergética y otro en 2013, con Sintracarbón. En cuanto a los enfermos, aseguró que durante 2014 fueron reasignados 146 y que al finalizar ese año sólo cinco se encontraban en situación indefinida, debido a “las circunstancias específicas de su condición” y a que “algunos de ellos rechazaron la solución ofrecida”.

Sobre el medio ambiente, Glencore dijo que “nunca ha vertido desechos tóxicos en el río Calenturitas”, que si eventualmente taló árboles en zona de reserva forestal es porque las áreas no habían sido correctamente definidas por las autoridades ambientales, que su manejo de las fuentes hídricas es adecuado y que su monitoreo de la polución es constante y ajustado a las normas.

Respecto a los reasentamientos de poblaciones, alegó que según los estándares internacionales tiene entre cuatro y seis años para llevar a cabo los procesos, por lo que aún está a tiempo. Además, que “con el fin de garantizar la calidad de vida de las comunidades, está firmemente convencido de que es más importante seguir las directrices internacionalmente aceptadas y recomendadas, en lugar de apresurarse”.

Finalmente, en cuanto a los ‘falsos positivos’ cometidos por miembros de la unidad militar con la cual tiene convenios, Glencore anotó que “la sugerencia de que debemos condenar estos hechos está fuera de lugar” y que son ellos quienes han advertido sobre las distintas amenazas que han recibido sus trabajadores por parte de organizaciones criminales.

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