El EPL llegó a ser la tercera guerrilla más grande de Colombia. Imagen: Juan Rubio | ¡Pacifista!

Perdonar todos los crímenes de una guerrilla es impensable en la Colombia de hoy. El debate sobre la justicia fue, de lejos, una de las mayores causas de la polarización que ha dejado el acuerdo de paz que firmaron el gobierno y las Farc. Aunque las partes pactaron la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de las Farc y del Ejército, el acuerdo se volvió un sinónimo de “impunidad” para varios sectores políticos y de víctimas.

Ahora, ¿qué pasaría si una guerrilla dejara sus armas y se reincorporara a la vida política del país sin responder ante la justicia?

Aunque parezca increíble, en la primera mitad de los 90 ocho organizaciones guerrilleras llegaron a acuerdos con el gobierno colombiano para abandonar la lucha armada sin contar la verdad ni reparar a las víctimas. Más aún, cuatro de ellas —el M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de Trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame— ayudaron a escribir la Constitución de 1991.

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Y pese a haber cometido múltiples crímenes, no tuvieron que responder ante jueces, como sí harán las Farc por cuenta de las exigencias de la Corte Penal Internacional. Todo lo que sabemos de las guerrillas que desaparecieron en los 90 se lo debemos a los académicos, los periodistas y los artistas.

Sin embargo, una puerta a la verdad judicial se está abriendo en el Tribunal de Bogotá. En un proceso que promete pasar a la historia, la Fiscalía se propone destapar las verdades sobre la que, en su momento, fue la tercera guerrilla más grande del país: el EPL, que al momento de su desmovilización tenía 2.100 combatientes. El proceso, que cursa en el despacho del magistrado Eduardo Castellanos, de la Sala de Justicia y Paz, busca condenar a 21 exguerrilleros y reparar a sus víctimas.

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¡Pacifista! conoció en exclusiva el documento de 255 páginas en el que la Fiscalía explica, por primera vez y en detalle, la historia completa del EPL. Una historia que el Tribunal está perfeccionando con el testimonio de excombatientes y académicos que conocen los secretos de esa organización. Esta semana, el turno fue para el exmilitante del EPL Mario Agudelo.

Les dejamos los principales hallazgos que ha hecho la Fiscalía sobre el EPL. Una sigla que aún usa en el Catatumbo la pequeña facción armada que lideró hasta su muerte (2015) el narcotraficante Víctor Navarro, alias “Megateo”:

 

Las relaciones con la gente

En su extenso documento sobre el EPL, la Fiscalía describe las condiciones en las que existió esa organización, que se creó en 1967 como expresión armada del clandestino Partido Comunista Marxista Leninista (PCC-ML). Allí, la entidad detalla la estrecha relación que tuvo esa guerrilla con distintos sectores de la sociedad civil.

 


Fundadores del Partido Comunista Marxista Leninista. Imagen: Fiscalía


 

De acuerdo con la Fiscalía, el PCC-ML penetró los movimientos obrero y campesino, con los que consideraba podía llevar a cabo una “guerra popular prolongada”, siguiendo las tesis maoístas. Por eso, desde sus inicios, el partido participó en las actividades de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en las regiones del alto San Jorge y el alto Sinú, en Córdoba. Para ello, fundó el Sindicato del Trabajador Agrícola de San Jorge, que más tarde se vinculó al EPL.

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Para fortalecer su presencia en el campo, el PCC-ML creó “juntas patrióticas”, cuyo objetivo era construir “zonas liberadas” que apoyaran al EPL y ayudaran a cercar las ciudades, hasta “lograr la toma definitiva del poder”. Las juntas, que funcionaron brevemente en Córdoba, reglamentaban la tala de bosques, autorizaban matrimonios, resolvían conflictos por linderos y cobraban “impuestos”. Sin embargo, se disolvieron en 1969 por la presión del Ejército.

 


Organigrama del EPL en Urabá en 1980. Para entonces militaban en esa guerrilla los hermanos Dairo y Juan de Dios Úsuga, así como alias “Monoleche”, quienes más tarde se vincularon a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Imagen: Fiscalía


 

A partir de 1980, el PCC-ML decidió ganar mayor influencia en las ciudades, donde había conseguido penetrar el movimiento estudiantil. En Medellín, por ejemplo, creó las Brigadas del Frente Popular de Liberación, en las que elegía a los nuevos reclutas. La Fiscalía dice que por medio de las Brigadas el PCC-ML “se encargaba de dirigir los consejos estudiantiles, daba directrices frente a las reformas educativas y diseñaba campañas alusivas al EPL”.

La guerrilla, además, se relacionó con sindicatos y cooperativas. La penetración fue tal que, dice el documento, el PCC-ML y el EPL pusieron dirigentes en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Unión Sindical Obrera (USO), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la ANUC.

 


Extracto del documento de la Fiscalía conocido por ¡Pacifista! Con “esta década” se refiere a 1970.


 

Pero hay más. En 1981, el PCC-ML creó un proyecto político legal llamado Unión Democrática Revolucionaria (UDR), cuyo vocero era Óscar William Calvo. Fue bajo el ropaje de la UDR que el EPL pudo ingresar a grandes empresas textiles de Medellín, como Fabricato y Tejicondor, además de promover la creación de la Unión de Mujeres Demócratas y de la Juventud Revolucionaria de Colombia. El partido también creó el Frente Popular, un movimiento político que se alió con la Unión Patriótica (UP) para conquistar las alcaldías de Urabá y que buscaba impulsar la unidad de la izquierda.

Como si fuera poco, el PCC-ML extendió sus tentáculos a China, Albania, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y España, donde tuvo relaciones con los partidos marxistas leninistas locales.

Se trató, pues, de una organización con conexiones diversas.

 

La matanza que hicieron las Farc en Urabá

Este proceso judicial también promete contar una verdad que involucra, ni más ni menos, que a las Farc. Se trata de la larga matanza que cometió esa guerrilla en los años 90 contra excombatientes del EPL y contra sindicalistas y campesinos de Urabá que apoyaban a Esperanza, Paz y Libertad, el movimiento político que surgió de la desmovilización de esa guerrilla.

De acuerdo con la Fiscalía, “las Farc justificaron las masacres de militantes políticos de Esperanza, Paz y Libertad con la acusación de traición a la causa revolucionaria”. Sin embargo, dice la entidad, lo que buscaban era quitar del camino al nuevo movimiento, que amenazaba con conquistar la mayor parte de las alcaldías y los concejos de Urabá, en detrimento de la UP.

El documento asegura que los “esperanzados”, como se conocía a los militantes del nuevo movimiento político, vivieron “la peor ola de violencia” en 1993, cuando el jefe de las Farc “Iván Márquez” llegó a Urabá. En los primeros meses de ese año las Farc asesinaron “varios concejales, así como algunos responsables de los proyectos productivos de reinsertados del EPL y reconocidos sindicalistas”.

Foto: Farc

Ceremonia de perdón de las Farc en La Chinita. A la izquierda, los jefes guerrilleros “Iván Márquez” y “Pastor Alape”. Foto: Farc

Las cifras son escandalosas: entre 1991 y 1996 las Farc cometieron 18 masacres contra excombatientes y simpatizantes del EPL en Urabá, entre ellas la del barrio La Chinita, de Apartadó, donde murieron 35 personas. En octubre de 2016, como parte de los actos de reconocimiento de responsabilidad acordados en la mesa de diálogos de La Habana, los comandantes guerrilleros “Iván Márquez” y “Pastor Alape” le pidieron perdón a la gente de ese barrio, que hoy se llama Obrero.

Pero aún les falta contar la verdad. Porque, contrario a lo que se cree, la Fiscalía asegura que no fueron los paramilitares los mayores responsables de homicidios de sindicalistas en Urabá. Según la entidad, de los 632 trabajadores sindicalizados asesinados en la región entre 1991 y 2003, el 66 por ciento murieron a manos de las Farc.

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La persecución impidió que se cerrara un ciclo de violencia, porque para defenderse y vengarse algunos “esperanzados” se rearmaron, asesinaron campesinos cercanos a las Farc y terminaron engrosando las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

 

Lo que queda de la sigla EPL

En 1991, durante la desmovilización del EPL, el fundador y comandante de esa guerrilla “Francisco Caraballo” se apartó del proceso de paz por considerar que no había garantías y que participar en la Asamblea Nacional Constituyente no era suficiente para abandonar las armas. Para 1993, Caraballo ya comandaba 13 estructuras guerrilleras que seguían operando bajo la sigla “EPL” en distintos lugares del país.

Sin embargo, la presión del Ejército, de las Farc y de los paramilitares, las desmovilizaciones y la captura del mismo Caraballo en 1994 impidieron el fortalecimiento del nuevo EPL, cuyas estructuras desaparecieron completamente. Solo un frente subsistió: el Libardo Mora, que operaba en el Catatumbo desde 1983.

 

El desaparecido “Megateo”. Foto: Archivo

Según la Fiscalía, pese a que la presencia de paramilitares en esa área casi lo aniquilan, el frente resurgió en 2005, en los municipios de Teorama, Convención, San Calixto y Ocaña (Norte de Santander). Esta vez, al mando de la pequeña organización apareció Víctor Navarro, alias “Megateo”, considerado por las autoridades como un narcotraficante puro. En 2015, tras la muerte de “Megateo” a manos del Ejército, el grupo quedó al mando de Guillermo Aguirre, un excombatiente del EPL que fue capturado en septiembre de 2016.

El documento de la entidad incluye información detallada de la operación de ese grupo, al que se considera desprovisto de objetivos políticos y dedicado enteramente al narcotráfico.

En una próxima entrega les contaremos qué sabe la Fiscalía de lo que era el frente Libardo Mora y que hoy es considerado por las autoridades como la banda criminal “Los Pelusos”.

Con este proceso, la justicia empieza a saldar una deuda aplazada con la verdad y con las víctimas.

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