Foto: Alto Comisionado para la Paz

Foto: Alto Comisionado para la Paz

“En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada”, dijo el pasado enero el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.

En ese mismo momento, pobladores de Tumaco, Nariño, denunciaban la presencia de hombres encapuchados y armados cerca de la zona de preagrupamiento de las Farc en la región.

Han pasado casi tres meses desde que Villegas dijo esas palabras, y tanto en Tumaco como en otros lugares del país la amenaza sigue avanzando: desde que arrancó la implementación del acuerdo con las Farc han asesinado a 32 líderes sociales, distribuyen panfletos en varios departamentos para amenazar a los dirigentes comunales y establecen toques de queda con la promesa de matar a quien no cumpla.

“Hacen recordar los horrores de la época más cruel de los paramilitares”, le dijo a ¡Pacifista! una líder social precisamente de Nariño, que prefirió no dar su nombre.

Esta misma es la tesis del informe ‘Grupos Armados Posdesmovilización – GAPD (2006-2015)’ que el Centro Nacional de Memoria Histórica presentará el próximo miércoles 3 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo).

Según el texto, que será presentado el 3 de mayo en la Feria del Libro de Bogotá, “los grupos armados surgidos del proceso de negociación entre las extintas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (…) aún mantienen control sobre la población y el territorio en regiones específicas de la geografía nacional y se siguen financiando mediante su capacidad de inserción en antiguas y nuevas economías ilegales”.

Según los investigadores, los neoparamilitares son una realidad. “Han logrado adaptarse con éxito a la ofensiva estatal y se han logrado estabilizar en el territorio dando lugar a un contexto de inseguridad y violencia, si bien menos letal, mucho más orientado al desplazamiento y la amenaza”, dice el informe. Operan bajo el nombre de las Autodefensas Gaitanistas, los Rastrojos, las Águilas Negras y otros, pero aterrorizan de la misma forma.

Entre 2006 y 2015 asesinaron a 2.518 personas en el país y durante ese mismo periodo “se registraron 574.806 víctimas atribuidas a los GAPD en modalidades de no letalidad (secuestros, desapariciones, amenazas y desplazamiento)”señala el informe.

Evolución de la victimización letal del conflicto armado en Colombia. Discriminado por actor responsable 1975 – 2015. Gráfico: Tomado del informe.

Esa realidad ha sido denunciada por decenas de líderes en el país, que ven o han escuchado de la presencia de encapuchados en sus regiones. Luz Marina Monzón, defensora de derechos humanos de la Corporación Reiniciar, señaló en una inédita audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de estos dirigentes comunitarios que “nos están matando por nuestra labor”. Y no dudó en apuntar que los victimarios son grupos sucesores del paramilitarismo.

Ese mismo día, la vicefiscal María Paulina Riveros reconoció que la entidad tiene “dificultades” para impartir justicia en estas regiones y “desconoce” la “función social” de los defensores de derechos humanos.  Además, el vicepresidente Óscar Naranjo ha sostenido este año tres reuniones con dirigentes comunitarios de Cauca, Nariño y Antioquia para evaluar su situación de riesgo y conocer sus denuncias. Los líderes le dijeron que los paramilitares quieren matarlos.

“¿Quién está matando a los líderes sociales?”, le preguntamos hace poco al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. “Enemigos del proceso de paz”, contestó.

El nombre es lo de menos

Las intervenciones de funcionarios del gobierno hacen creer que el debate sobre los paramilitares en el país es un asunto semántico. El informe de Memoria Histórica, sin embargo, señala que uno de los objetivos de este informe es “entender esa tercera generación paramilitar más allá de la discusión sobre si se trata de organizaciones político-militares o si son simples grupos criminales a gran escala”.

La fuerza pública los combate hoy como a grupos de delincuencia común. Pero hay voces que insisten en hacer un proceso de paz con las Bacrim, dado el poder territorial que han alcanzado y sus estrechos vínculos con el narcotráfico. “Me gustaría verlos sentados en una mesa de negociación con el Estado”, dijo hace poco a ¡Pacifista! Martín Corena, comandante del Bloque Sur de las Farc.

“Verdad Abierta publicó unos documentos en donde es evidente este objetivo al interior de la cúpula de la organización con un fin especial: “Para 2018, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Jorge Eliécer Gaitán’ serán un actor armado y político que buscará entablar negociaciones con el Gobierno nacional””, señala el informe.

La Fiscalía diseñó hace poco un proyecto de ley al Congreso sobre el sometimiento efectivo de estas organizaciones a la justicia. Sin embargo, según el informe de Memoria Histórica, “resulta necesario inscribirlas no solo en un marco de un típico análisis costo-beneficio sino desde una perspectiva sociológica que permita comprender otras variables que explican la vinculación y sostenimiento de las personas que deciden hacer parte de este tipo de organizaciones. Cuestiones como la puesta en marcha de procesos de formación de identidad y lo que en términos de estatus y movilidad social representa pertenecer a estas organizaciones”.

Más asesinatos selectivos y amenazas, menos masacres

 Según el informe, la nueva modalidad de violencia letal de los grupos sucesores del paramilitarismo es el asesinato selectivo. Desde 1975 hasta 2005, 41.88% de las acciones de los paramilitares fueron masacres. Desde entonces hasta 2015 bajaron a 14.57%. Por su parte, los asesinatos selectivos llegaron a ser el 85.23% de las acciones bélicas de estos grupos en 2015.

Según el informe, “para el periodo 1989-1992 las masacres alcanzan por única vez en toda la serie el mayor porcentaje de responsabilidad letal en comparación con los asesinatos selectivos”. Esto tiene que ver con el poderío militar, el control territorial y la connivencia, muchas veces, de la fuerza pública en las acciones militares de estos grupos.

“En cambio, en el periodo posdesmovilización, las víctimas por masacre disminuyen de manera considerable y aumentan sustancialmente los asesinatos selectivos (…) una de las características de la etapa de la posdesmovilización es que esas estructuras más atomizadas ya no tienen la capacidad y poder de coordinar la realización de masacres como las ejecutadas en el periodo de expansión de 1998 a 2005”, afirma el documento. 

Desplazamiento forzado, el crimen más común

Memoria Histórica señala en el informe que, históricamente, la violencia no letal de los paramilitares ha sido mucho menor que la de las guerrillas. Sin embargo, “existen cambios en las distintas modalidades de violencia no letal realizada por los grupos paramilitares y los GAPD (secuestro, desplazamientos forzados, desaparición forzada y amenaza) que no deben ser subestimados”, dice el texto.

De esos mecanismos de violencia no letal empleado por los paramilitares, el desplazamiento forzado ocupó “un lugar preferente”. “De 1.729.450 víctimas no letales que han dejado los grupos paramilitares y los GAPD en estos cuarenta años de análisis, encontramos que 1.638.369 son víctimas del desplazamiento forzado (94 por ciento)”, señala el informe. 

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