Montaje: Zafaraz

“La muerte de un hombre es una tragedia. La muerte de millones es una estadística”. La frase es de Joseph Stalin y ha trascendido en el tiempo porque toca el centro de un debate álgido e inacabado: ¿hasta qué punto las cifras reflejan la realidad? ¿Qué tan confiables pueden ser ante un fenómeno tan complejo como lo es, por ejemplo, el asesinato de líderes sociales en Colombia?

En ¡Pacifista! nos hemos planteado este y otros interrogantes cada vez que dolorosamente actualizamos nuestro contador de homicidios de líderes sociales. Nuestra cuenta empezó el  “día D” de la implementación de los acuerdos con las Farc – 1 de diciembre de 2016 – y esta semana, luego del asesinato de María Efigenia Vásquez en Puracé (Cauca), el número ascendió a 50 víctimas. Así que hoy, más que nunca, creemos que es importante seguir registrando sus muertes y visibilizando sus historias.

Tenemos diferentes motivos para hacerlo. Las cifras son importantes para entender la magnitud de una realidad, pero muchas veces esconden su contexto. En el asesinato de líderes sociales y como actor del conflicto, el Estado ha contado solo su versión del problema y en ella, más que reconocer sus fallas en la protección y falta de garantías de seguridad en las regiones, ha señalado a actores armados como responsables de la violencia contra los liderazgos locales. Los asesinatos, para las instituciones oficiales, han estado lejos de convertirse en una prioridad por resolver y más bien han sido abordados como episodios aislados de violencia.

Basta nombrar un ejemplo: la Policía cuenta con 1.088 integrantes que tienen, dentro de otros deberes, la obligación de proteger a los líderes sociales. Esta entidad ha logrado 51 capturas por 106 asesinatos que ha reportado la ONU desde enero de 2016. Del total de capturas, solamente en siete casos se han dictado sentencias. Estas cifras dan luces sobre el largo camino que las instituciones tienen que recorrer.

Después del proceso de paz, fueron las organizaciones civiles y algunos partidos políticos los que comenzaron a reportar la violencia homicida contra los líderes sociales de manera constante, y lo han hecho desde diferentes orillas ideológicas: de Marcha Patriótica hasta el Centro Democrático. Así que conscientes de nuestro papel como medio de comunicación, nos sentimos en la obligación no solo de escuchar todas las voces y de reportar los hechos, sino de ir más allá: viajar a las regiones, indagar sobre el contexto y asumir tareas difíciles como hacer seguimiento de los casos para ver sus trámites en los entes oficiales.

Lo hemos hecho porque el asesinato de líderes, en la mayoría de los casos, suceden en la “Colombia profunda”, donde no hay medios de comunicación ni autoridades que reporten o esclarezcan los casos con celeridad. El contador, entonces, nos ha permitido, además de llevar un registro, ahondar en cada caso y presentarlo de manera individual.

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Como un portal creado para construir paz en una sociedad que se encamina al posconflicto compartimos –como lo han dicho algunos analistas– que el asesinato de un líder es como un balazo a la paz. Los líderes movilizan comunidades, divulgan información, conducen proyectos sociales y políticos y representan ideas que por cuenta del conflicto armado, no han llegado a los diferentes escenarios democráticos que tiene el país.  Por eso no es gratuito que en la cobertura de los últimos 11 meses nos hayamos encontrado de manera frecuente con víctimas como líderes de minorías étnicas, reclamantes de tierras o representantes sindicales.

 

Del total de 51 capturas, solamente en siete casos se han dictado sentencias.

Este ejercicio nos ha permitido conocer diferentes escenarios de violencia y nuevos tipos de liderazgo, incluso en las ciudades. Por eso, la sospecha frecuente sobre una aparente sistematicidad en los asesinatos, en ocasiones eclipsa la enorme diversidad de problemas que giran en torno a la violencia contra los líderes sociales en Colombia. Cuando ponemos el foco en los lugares donde ocurren los homicidios, encontramos que hay historias entre las que resulta muy difícil encontrar un denominador común: disputas barriales, luchas por el territorio, presiones políticas, intimidaciones por la defensa del medio ambiente, entre otras. Por eso, del contador también hemos aprendido sobre la vulnerabilidad de los líderes LGBTI, los defensores de derechos humanos, los guardianes de la naturaleza y los gestores culturales en las zonas urbanas.

No por eso negamos la influencia que los rezagos del paramilitarismo puedan tener en los asesinatos. Sabemos que la lucha campesina por la tierra y la lucha guerrillera por el poder, fueron identificadas como amenazas comunes para estos grupos. Como bien lo ha estudiado el Centro Nacional de Memoria Histórica, de la desmovilización de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia emergieron nuevas estructuras que aún hoy luchan por imponer su dominio en las regiones.

En todo este proceso, hemos visto además las dificultades que acarrea la reincorporación de exintegrantes de las Farc a la vida civil. Ellos, como nuevos agentes en los territorios, son potenciales líderes sociales que pueden movilizar comunidades y crear nuevos proyectos sociales y políticos en las regiones. Hasta el momento, según las propias Farc, van cinco asesinatos de sus exintegrantes en esta fase inicial del posconflicto. Sobre esta denuncia, el Estado ha reconocido dos de los casos.

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Sabemos que el contador no basta y hoy vemos, cuando la cuenta está en 50, que pese a la visibilización que pueda dar, no ha logrado un poder transformador de la realidad. Conscientes de eso, estamos apoyando la campaña Las balas los matan, el silencio los sepulta, creada por Movilizatorio y otras organizaciones de la sociedad civil.

La idea es alcanzar 20.000 apoyos digitales (likes en las diferentes redes sociales en las que está expuesta la campaña o hacer una una firma virtual en www.elavisperomov.org/nuestroslideres) para que el Ministerio del Interior ponga en marcha una serie de medidas prácticas, como por ejemplo una rueda de prensa trimestral con toda la información relacionada con los asesinatos de líderes sociales, la protección que las autoridades les están dando y el avance de las investigaciones.

Esto será posible gracias a la estrategia Causas Ciudadanas, impulsada por el Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos, que busca visibilizar las propuestas de la ciudadanía que cuenten con el respaldo suficiente para convertirse en un asunto público. Así que con esos 20.000 apoyos, de acuerdo con lo estipulado dicha estrategia, el Gobierno se vería obligado a “visibilizar la causa, reunirse con las organizaciones que la impulsaron y tramitarla ante las personas responsables”.

Estamos convencidos de que el trabajo por la construcción de la paz solo es posible si la sociedad civil participa de manera activa en el posconflicto. Una acción imprescindible en estos momentos es rodear a los líderes sociales, conocer sus propuestas, llevar sus problemas a la opinión pública y denunciar las violencias a las que están expuestos. Mantenerlos a salvo no es un desafío que podamos asumir en solitario y será indispensable la atención del Estado y de la ciudadania.

Llegar a un país en el que el liderazgo social esté activo y a salvo de la violencia es una tarea que apenas comienza.

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